El juez primero civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Mocoa profirió la sentencia. La comunidad está conformada actualmente por 42 familias, y ubicada en el municipio de Orito. Con esta sentencia se pone fin al proceso judicial iniciado a partir de la demanda presentada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), con la que fueron evidenciadas afectaciones a la comunidad, provocadas por hechos ligados al conflicto armado, que generaron abandono del territorio y la limitación del goce efectivo de sus derechos territoriales. En el sur del país, la Unidad de Restitución de Tierras ha interpuesto, a la fecha, 4 demandas para la restitución de 8 territorios colectivos, además de 10 solicitudes de medidas cautelares y 18 territorios en etapa de caracterización. Dentro de los hechos violentos perpetrados en el territorio de esta comunidad, se destaca el asesinato del taita y fundador de la comunidad en diciembre de 2003; sumado a amenazas, señalamientos y el posterior desplazamiento forzado y la muerte de su médico tradicional. La desintegración comunitaria; la precaria condición social y económica de las familias; el debilitamiento de la cultura; y la ausencia de un territorio formalizado colectivo, han sido situaciones que han afectado las condiciones... [ Leer más ]
Autoridades indígenas de la zona andina que caminan con Gobierno Mayor se reunieron durante tres días en La Mesa, Cundinamarca, para entregar aportes a la construcción del capítulo étnico del Plan Decenal de Salud Pública (PCDS) 2012 – 2021. Según la Coordinación de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno mayor, el objetivo de este encuentro es “seguir reorientando la salud propia y que realmente queremos es una institución de salud indígena propia (diferente a EPS o IPS), que parta no del servicio comercializado de salud, donde lo que importa es el tema del dinero y no las personas, sino de nuestros valores culturales, de nuestra medicina propia y sin dejar de lado el diálogo respetuoso con la medicina occidental y que otras medicinas sean complementarias a lo que tenemos, en aplicación de la interculturalidad de doble vía. Donde cada Pueblo Indígena, en el marco de la diversidad cultural existente al interior de nuestros pueblos sabrá utilizar y desarrollar sus saberes, usos y costumbres en materia de salud propia, en el marco de construcción del SISPI, de los mandatos internos de salud y en ejercicio de la autonomía propia”. En el encuentro de La Mesa, desarrollado entre el 28 y... [ Leer más ]
En el valle de Sibundoy (Putumayo), el pueblo Camentsa Biyá sigue resistiendo, en una lucha que busca garantizar el derecho a la autoridad y autonomía que tenemos los pueblos indígenas, y que quiere ser vulnerado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El contexto de la situación se presenta porque el ICBF pretende definir un operador  externo para  el hogar infantil Basetemengbe Yebna, ubicado en el Resguardo del Pueblo Camentsa, pero sin conocimiento de la comunidad ni sus Autoridades, de tal manera que de un día a otro llegó el operador a notificar que iban a iniciar la implementación de su contrato en el hogar infantil. Después de 38 años que lleva el cabildo del Pueblo Camentsa administrando el Jardín, el gobierno pretende imponer un operador, que desconoce el concepto étnico a la hora de cuidar a los infantes, y sin tener en cuenta la etnoeducación, que nos permite inculcar y afianzar las raíces culturales y ancestrales en nuestros niños. La lucha del pueblo Camentsa, de Sibundoy, empezó el día lunes 20 de noviembre, sin que a la fecha haya respuesta efectiva por parte del Ministerio del Interior, y de los organismos defensores de derechos humanos. Por el... [ Leer más ]
El Pueblo Camentsa Biyá del valle de Sibundoy, Putumayo, viene exigiendo desde el día lunes 20 de noviembre de 2017 al Ministerio del Interior y al centro zonal del ICBF en esa localidad, el derecho a su autoridad y autonomía, que ha sido vulnerado flagrantemente al definir un operador  externo para  su hogar infantil Basetemengbe Yebna ubicado en el Resguardo del Pueblo Camentsa pero sin conocimiento, y mucho menos consentimiento de la comunidad ni sus Autoridades, de tal manera que de un día a otro llego el operador a notificar que iban a iniciar la implementación de su contrato en el hogar infantil La Mamá Gobernadora Pastora Juagibioy del Resguardo Camentsa de Sibundoy, acudió al Ministerio y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se le informe de las razones por las cuales adelantaron esa serie de actuaciones de manera unilateral y se subsane esas decisiones administrativas, pero no ha tenido respuestas a sus peticiones y al contrario han ratificado la decisión administrativa de contratar a un operador con sede en el Departamento de Nariño Por la displicencia institucional la comunidad Indígena del Pueblo Camentsa del valle de Sibundoy, el día lunes se vio obligado a realizar una... [ Leer más ]
  Delegados de los pueblos y comunidades de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) Bogotá, D.C., noviembre 21 de 2017 Los pueblos indígenas de Colombia reunidos en el marco de la IV sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) de manera colectiva, en obediencia a nuestras leyes de origen y en defensa de nuestros derechos territoriales ancestrales realizamos el siguiente pronunciamiento a la opinión pública donde denunciamos que: Primero, la Agencia Nacional de Tierras, en adelante ANT, de manera unilateral e inconsulta, ha emitido durante el año 2017 resoluciones, directivas y circulares internas que afectan gravemente los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Ejemplo de lo señalado son: La Directiva 01 de 2017 de la ANT donde la entidad plantea la sospecha como un criterio jurídico y viable para decretar la suspensión de los procesos de titulación de territorios para los pueblos indígenas que presuntamente están ocupando propiedad privada sin juicio previo, tal como lo dispone el ordenamiento jurídico colombiano. Esta actuación denota la violación del derecho al debido proceso por parte del Director de la ANT, Miguel Samper Strouss. La Resolución 1653 de 2017 de la ANT donde su Director, en contravía del Decreto... [ Leer más ]

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Las claves de los decretos para acelerar la paz

Foto: Juan Camilo Pedraza / EL TIEMPO

El presidente Santos emitió 20 de estas normas durante el fin de semana. 

En un maratónico fin de semana el presidente Juan Manuel Santos firmó 20 decretos de ley que le pusieron el acelerador a la implementación de muchos de los puntos que aún estaban en discusión para desarrollar el acuerdo de paz.

Se incluyen temas relevantes como la entrega de los bienes de las Farc, garantías jurídicas y políticas para los miembros de ese grupo guerrillero y mecanismos para llevar desarrollo a las zonas más afectadas por el conflicto. 


La normativa gira alrededor de los siguientes cinco ejes:

Justicia y seguridad

Para agilizar el trámite de los proyectos para la paz, se emitió un decreto en el que Santos le otorga “facultades” a la Corte Constitucional para que priorice la revisión de las iniciativas relacionadas con el acuerdo de paz. 


El alto tribunal, según lo pactado en La Habana, debe hacer “control automático, único y posterior de constitucionalidad” a los proyectos de paz. 

También se promulgó la norma que crea al interior de la Fiscalía la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales que atentan contra líderes sociales. 

Otro decreto que hace parte de este eje es el que reglamenta la entrega de bienes por parte de las Farc. Una vez finalice la vigencia de las zonas veredales, el 1° de agosto, las Farc entregarán a la Misión de la ONU el listado completo de sus bienes y activos, los cuales serán usados para reparar a las víctimas.

Tierras

Uno de los decretos centrales que emitió Santos este fin de semana es el que formaliza la tenencia de la tierra y el acceso a este recurso para quienes la quieran trabajar. 

Para ello, entre otros instrumentos, se crea el Fondo Nacional de Tierras, que estará conformado por terrenos baldíos, los que tuvieron proceso de extinción de dominio y los predios que se puedan comprar. 

Los beneficiarios del fondo serán los campesinos, los trabajadores rurales y las asociaciones de productores rurales, que no tengan o les falte. 

Este decreto y una ley que será radicada la próxima semana en el Congreso, permitirá distribuir 3 millones de hectáreas para 800.000 personas. 

Organismos para la paz

Se crearon órganos como el Consejo Nacional de Reincorporación, que reúne a todas las instancias de participación en asuntos de paz y se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, del que harán parte “las familias campesinas en situación de pobreza que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito”.

Reincorporación

 

Como primera medida para la reincorporación de los excombatientes, el presidente Santos firmó la extensión de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, hasta el 1 de agosto, para “continuar” este proceso.

Se creará también el programa de Reincorporación Económica y Social que incluye para los exguerrilleros prestaciones económicas y de seguridad social, proyectos productivos, planes de atención de derechos y organización territorial.

Una vez se culmine el proceso de dejación de armas se suspenderán todas las órdenes de captura de los excombatientes y recibirán una asignación única de normalización equivalente a dos millones de pesos.

Y con el fin de garantizar la participación política del grupo guerrillero se creará un sistema de seguridad que garantizará la protección a los integrantes del nuevo movimiento o partido que surja de las Farc.

Desarrollo territorial

El gran paquete de normas expedidas para el desarrollo de los acuerdos de paz está enfocado al desarrollo territorial de las comunidades para adoptar medidas en educación, vivienda, empleo, servicios de energía, entre otros.

Mediante estas normas se llevará electrificación a las zonas más golpeadas por el conflicto y se adoptarán medidas para la prestación del servicio educativo. 

En estos territorios, el Ministerio de Agricultura creará un plan nacional para la construcción y mejoramiento de vivienda social rural, que contempla, entre otras medidas, subsidios “que prioricen a la población en pobreza extrema, las víctimas del conflicto”. 

Las empresas dedicadas a la minería ya la explotación de hidrocarburos podrán, a través de obras en zonas afectadas por el conflicto, disminuir el pago de sus impuestos.

http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/presidente-santos-firma-decretos-para-la-paz-93676

 

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AUTORIDADES  TRADICIONALES  INDIGENAS  DE COLOMBIA es una  organización Nacional  Indígena  con  un proceso  de aproximadamente  40  años, que tiene como objetivo principal la defensa  del territorio  y el fortalecimiento  de la identidad , y cuyo  cumplimiento se plantea  en cada  una  de las actividades  y acciones propuestas desde la coordinación nacional. Mas Información.

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