El juez primero civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Mocoa profirió la sentencia. La comunidad está conformada actualmente por 42 familias, y ubicada en el municipio de Orito. Con esta sentencia se pone fin al proceso judicial iniciado a partir de la demanda presentada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), con la que fueron evidenciadas afectaciones a la comunidad, provocadas por hechos ligados al conflicto armado, que generaron abandono del territorio y la limitación del goce efectivo de sus derechos territoriales. En el sur del país, la Unidad de Restitución de Tierras ha interpuesto, a la fecha, 4 demandas para la restitución de 8 territorios colectivos, además de 10 solicitudes de medidas cautelares y 18 territorios en etapa de caracterización. Dentro de los hechos violentos perpetrados en el territorio de esta comunidad, se destaca el asesinato del taita y fundador de la comunidad en diciembre de 2003; sumado a amenazas, señalamientos y el posterior desplazamiento forzado y la muerte de su médico tradicional. La desintegración comunitaria; la precaria condición social y económica de las familias; el debilitamiento de la cultura; y la ausencia de un territorio formalizado colectivo, han sido situaciones que han afectado las condiciones... [ Leer más ]
Autoridades indígenas de la zona andina que caminan con Gobierno Mayor se reunieron durante tres días en La Mesa, Cundinamarca, para entregar aportes a la construcción del capítulo étnico del Plan Decenal de Salud Pública (PCDS) 2012 – 2021. Según la Coordinación de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno mayor, el objetivo de este encuentro es “seguir reorientando la salud propia y que realmente queremos es una institución de salud indígena propia (diferente a EPS o IPS), que parta no del servicio comercializado de salud, donde lo que importa es el tema del dinero y no las personas, sino de nuestros valores culturales, de nuestra medicina propia y sin dejar de lado el diálogo respetuoso con la medicina occidental y que otras medicinas sean complementarias a lo que tenemos, en aplicación de la interculturalidad de doble vía. Donde cada Pueblo Indígena, en el marco de la diversidad cultural existente al interior de nuestros pueblos sabrá utilizar y desarrollar sus saberes, usos y costumbres en materia de salud propia, en el marco de construcción del SISPI, de los mandatos internos de salud y en ejercicio de la autonomía propia”. En el encuentro de La Mesa, desarrollado entre el 28 y... [ Leer más ]
En el valle de Sibundoy (Putumayo), el pueblo Camentsa Biyá sigue resistiendo, en una lucha que busca garantizar el derecho a la autoridad y autonomía que tenemos los pueblos indígenas, y que quiere ser vulnerado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El contexto de la situación se presenta porque el ICBF pretende definir un operador  externo para  el hogar infantil Basetemengbe Yebna, ubicado en el Resguardo del Pueblo Camentsa, pero sin conocimiento de la comunidad ni sus Autoridades, de tal manera que de un día a otro llegó el operador a notificar que iban a iniciar la implementación de su contrato en el hogar infantil. Después de 38 años que lleva el cabildo del Pueblo Camentsa administrando el Jardín, el gobierno pretende imponer un operador, que desconoce el concepto étnico a la hora de cuidar a los infantes, y sin tener en cuenta la etnoeducación, que nos permite inculcar y afianzar las raíces culturales y ancestrales en nuestros niños. La lucha del pueblo Camentsa, de Sibundoy, empezó el día lunes 20 de noviembre, sin que a la fecha haya respuesta efectiva por parte del Ministerio del Interior, y de los organismos defensores de derechos humanos. Por el... [ Leer más ]
El Pueblo Camentsa Biyá del valle de Sibundoy, Putumayo, viene exigiendo desde el día lunes 20 de noviembre de 2017 al Ministerio del Interior y al centro zonal del ICBF en esa localidad, el derecho a su autoridad y autonomía, que ha sido vulnerado flagrantemente al definir un operador  externo para  su hogar infantil Basetemengbe Yebna ubicado en el Resguardo del Pueblo Camentsa pero sin conocimiento, y mucho menos consentimiento de la comunidad ni sus Autoridades, de tal manera que de un día a otro llego el operador a notificar que iban a iniciar la implementación de su contrato en el hogar infantil La Mamá Gobernadora Pastora Juagibioy del Resguardo Camentsa de Sibundoy, acudió al Ministerio y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se le informe de las razones por las cuales adelantaron esa serie de actuaciones de manera unilateral y se subsane esas decisiones administrativas, pero no ha tenido respuestas a sus peticiones y al contrario han ratificado la decisión administrativa de contratar a un operador con sede en el Departamento de Nariño Por la displicencia institucional la comunidad Indígena del Pueblo Camentsa del valle de Sibundoy, el día lunes se vio obligado a realizar una... [ Leer más ]
  Delegados de los pueblos y comunidades de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) Bogotá, D.C., noviembre 21 de 2017 Los pueblos indígenas de Colombia reunidos en el marco de la IV sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) de manera colectiva, en obediencia a nuestras leyes de origen y en defensa de nuestros derechos territoriales ancestrales realizamos el siguiente pronunciamiento a la opinión pública donde denunciamos que: Primero, la Agencia Nacional de Tierras, en adelante ANT, de manera unilateral e inconsulta, ha emitido durante el año 2017 resoluciones, directivas y circulares internas que afectan gravemente los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Ejemplo de lo señalado son: La Directiva 01 de 2017 de la ANT donde la entidad plantea la sospecha como un criterio jurídico y viable para decretar la suspensión de los procesos de titulación de territorios para los pueblos indígenas que presuntamente están ocupando propiedad privada sin juicio previo, tal como lo dispone el ordenamiento jurídico colombiano. Esta actuación denota la violación del derecho al debido proceso por parte del Director de la ANT, Miguel Samper Strouss. La Resolución 1653 de 2017 de la ANT donde su Director, en contravía del Decreto... [ Leer más ]

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¿Qué Piensan Ellos?

Continúa tensión por el proyecto de decreto ley sobre tierras

Los indígenas y las Farc están en desacuerdo en la forma cómo el gobierno nacional ha formulado esta propuesta, clave en la implementación del punto agrario del Acuerdo Final. Aseguran que el Ministerio de Agricultura no ha querido incorporar sus sugerencias y que está en riesgo el acceso a tierras a comunidades vulnerables.

El Decreto Ley que busca ponerle “dientes” a la prometida Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz sigue en el centro de debate. Mientras el Ministerio de Agricultura asegura que las propuestas están basadas en “consensos”; las Farc y los indígenas advierten todo lo contrario: que el gobierno nacional no ha tenido en cuenta sus sugerencias y que la consulta previa, a la que tienen derecho las comunidades étnicas, se ha realizado a la ‘carrera’ y de forma incompleta.

Los cuestionamientos al Ministerio son realizados por los miembros de las Farc que hacen parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi) y por los indígenas de la Mesa Permanente de Concertación Nacional. La Csivi, integrada por tres miembros del gobierno nacional y tres del grupo insurgente, es la instancia que revisa todas las normas que requiere la implementación de los Acuerdos de Paz antes de ser presentados al Congreso de la República y la Mesa Permanente, creada desde 1996, es el espacio en el que los indígenas pactan con las agencias estatales aquellas decisiones que son susceptibles de afectarlos como pueblos nativos.

El fin de semana pasado tanto los miembros de las Farc del Csivi como los indígenas de la Mesa de Concertación emitieron dos comunicados reiterando sus preocupaciones. “Está en riesgo la oportunidad histórica de lograr el cierre del ciclo de violencia cuyo origen ha estado en el problema irresuelto de la tenencia de la tierra”, advierte el tercer comunicado de la Csivi Farc-EP. Y en el boletín de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) se lee que “consideramos importante comunicar la difícil situación por la que está pasando el ejercicio de nuestro derecho a la consulta previa ante la evidencia de que el gobierno no está cumpliendo con lo que acordamos”. (Lea comunicado 1 y 2)

Para las comunidades campesinas y étnicas, el proyecto de Decreto Ley busca legalizar la acumulación de baldíos, algo a lo que se han opuesto, pues las tierras de la Nación son necesarias para lograr la Reforma Rural Integral. A las comunidades les preocupa, en ese sentido, que el gobierno nacional se haya concentrando más en formular una propuesta que blinda las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres) y no en concertar las garantías para facilitar el acceso a tierras a las comunidades vulnerables. (Lea: El proyecto que ataca el ‘alma’ de la reforma agraria integral y Gobierno promueve cuestionado proyecto de ordenamiento rural)

Hace dos semanas precisamente la Contraloría Delegada de Tierras hizo un llamado a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para que verificara 33 casos posibles de acumulación de predios baldíos en varias regiones del país (Lea: Contraloría le recordó a la ANT en dónde y quiénes acumularon baldíos).

 

¿Qué es lo que ha sucedido?

 El pasado 19 de abril ni las comunidades campesinas ni las étnicas, a quienes de fondo interesa la Reforma Rural Integral, tenían idea de que el gobierno nacional ya tenía listo un borrador de proyecto Decreto Ley sobre Tierras para presentarlo a la Csivi y lograr su trámite extraordinario ante el Congreso. Para esa fecha, el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras negaban ser los responsables del borrador de texto. Dos días después el Ministerio anunció una maratónica socialización y la Agencia informó ser la interlocura de ese proceso.

La socialización, realizada entre el 22 y el 26 de abril, fue en ciudades capitales como Cali, Medellín, Montería, Santa Marta, Villavicencio, Florencia y Bogotá, donde, a criterio de las comunidades, no están concentrados los campesinos, ni los indígenas y los afrodescendientes que reclaman tierras. Tras las críticas, los miembros de las Farc en la Csivi emitieron el 5 de mayo un comunicado, explicando que el gobierno nacional se comprometía a discutir el proyecto con las comunidades étnicas mediante el mecanismo de consulta previa y que la Csivi buscaría una propuesta común, incorporando los aportes de diferentes sectores.

Así, el 14 de mayo el equipo de las Farc en la Csivi anunció que la concertación iba por buen camino, una declaración que revirtió el pasado 21 de mayo al alertar que “ayer conocimos que el proyecto radicado [ante esa instancia] no sólo no corresponde a la versión elaborada conjuntamente por la Csivi, sino que introdujo cambios abiertamente contrarios a las disposiciones acordadas. La versión acordada reconocía como beneficiarios del acceso a tierras a campesinas y campesinos. La versión amañadamente radicada, amplía los beneficios a grandes propietarios a través del otorgamiento de derechos de uso. Adicionalmente, limita la participación comunitaria que se había previsto”, señalan las Farc. Cuando el Csivi indica “radicado” se refiere a la presentación del nuevo documento ante esta instancia.

Tras el pronunciamiento de las Farc, la Mesa de Concertación indígena anunció que detenía el proceso de consulta previa mientras no se estableciera un espacio de diálogo directo, entre ellos, el gobierno y la Csivi que clarificara lo que está ocurriendo. El 22 de mayo la Opiac relató que desde 3 de febrero las organizaciones indígenas acordaron con el Gobierno una ruta para ejercer la consulta previa frente a las reformas constitucionales que requiere la implementación del Acuerdo de Paz, “pero el primer incumplimiento del Gobierno es que no ha radicado todos los proyectos normativos en la Mesa Permanente de Concertación”.

Sobre el proyecto Decreto Ley de Tierras agregan: “[el Gobierno] presentó textos que benefician a grandes propietarios, lo que indica que nos está utilizando para expedir normas que van en contra de la construcción de la paz pactada en las negociaciones de La Habana”.

 

Lo crítico, los baldíos

 Desde que fue conocido el primer borrador, las comunidades campesinas y étnicas advirtieron que la propuesta desconocía el mandato constitucional de los baldíos, al indicar que personas que ya tenían propiedad y un patrimonio neto superior a los 500 salarios mínimos podían acceder a tierras de la Nación. Para las comunidades esto no tiene asidero cuando parceleros, indígenas y afros, carentes de tierras, llevan años pidiéndole al Estado un título o el reconocimiento de sus territorios colectivos (Lea: El lío de organizar los baldíos en Colombia).

De la reciente propuesta (ver nueva propuesta), las comunidades cuestionan el artículo 6 sobre la inclusión en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (Reso) a los “sujetos de formalización a título oneroso”, explicando que son personas con patrimonio superior a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, “o que sean propietarios, poseedores u ocupantes de otros predios rurales iguales o superiores a una UAF (Unidad Agrícola Familiar)”.

Igualmente se cuestionan el artículo 30 y el 33. El primero propone el aprovechamiento de bienes sin transferencia de dominio y que puede ser aplicado precisamente para grandes propietarios que acumularon UAF “para la asignación de estos derechos de uso se priorizarán los esquemas asociativos. Adicionalmente se atenderá a las características y la productividad del territorio, el fortalecimiento de procesos organizativos y asociativos, de economía campesina solidaria y la generación de mecanismos de colaboración para la gestión de la tierra”, indica el proyecto.

Al respecto, las comunidades señalan que el modelo asociativo es lo propuesto precisamente por las cuestionadas Zidres, una figura sobre la que áun cursan tres demandas de inconstitucionalidad. Para las comunidades, la insistencia con este artículo es una fórmula para legalizar la acumulación de UAF, prohibida precisamente por la Ley Agraria (Lea: Las situaciones imperfectas de la Ley Zidres)

Por su parte, el artículo 33 elimina que el derecho de uso se otorgará por un plazo de cinco años prorrogables, para reemplazarlo por un término que será definido por la Agencia Nacional de Tierras “teniendo en cuenta el ciclo del proyecto”, lo que significa posibilidades de conceder el uso a largo plazo para los cultivos de tardío rendimiento como los forestales y la palma.

Sobre lo anterior, la Mesa de Concertación anunció su rechazo “a cualquier pretensión de incluir en esta norma beneficios a grandes propietarios a través del otorgamiento de derechos uso” sobre las tierras. Sin embargo, en la página 7 de la nueva propuesta el Gobierno reitera que el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 establece que la Agencia Nacional de Tierras “podrá constituir reservas sobre tierras baldías, o que llegaren a tener ese carácter, para establecer en ellas un régimen especial de ocupación, aprovechamiento y adjudicación, reglamentado por el Gobierno nacional”.

Otro aspecto es la eliminación de las normas que garantizaban la “transparencia y eficacia” en “el diseño, implementación y mantenimiento del plan de ordenamiento social de la propiedad”, a través de jornadas en las que intervendrían “actores territoriales tales como comités, organizaciones comunitarias, juntas de acción comunal, instancias de participación de las Zonas de Reserva Campesina de ser el caso, organizaciones gremiales veredales” ubicadas en el municipio objeto del plan” (artículo 43)

Mientras las Farc afirman que lo que la nueva propuesta “traiciona el Acuerdo de Paz” y los indígenas sostienen que detienen el proceso de consulta previa mientras el Gobierno no les dé explicaciones; el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, indica que la consulta previa terminará el jueves 25 de mayo, que la redacción del proyecto final sigue en construcción y que este le “servirá a todos los sectores”.

Las modificaciones incluidas en la nueva versión estaban previstas para tramitar mediante un proyecto de ley en el fast track. Su inclusión apresurada en el texto del proyecto de decreto ley, parece ser consecuencia del reciente fallo de la Corte Constitucional, que cambió las ‘reglas del juego’, al permitir que los congresistas puedan hacer modificaciones, sin el aval de la Casa de Nariño, a los proyectos de ley que presente el gobierno nacional para implementar el Acuerdo de Paz. (Lea comunicado de la Corte)

http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6649-continua-tension-por-el-proyecto-de-decreto-ley-sobre-tierras

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