El juez primero civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Mocoa profirió la sentencia. La comunidad está conformada actualmente por 42 familias, y ubicada en el municipio de Orito. Con esta sentencia se pone fin al proceso judicial iniciado a partir de la demanda presentada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), con la que fueron evidenciadas afectaciones a la comunidad, provocadas por hechos ligados al conflicto armado, que generaron abandono del territorio y la limitación del goce efectivo de sus derechos territoriales. En el sur del país, la Unidad de Restitución de Tierras ha interpuesto, a la fecha, 4 demandas para la restitución de 8 territorios colectivos, además de 10 solicitudes de medidas cautelares y 18 territorios en etapa de caracterización. Dentro de los hechos violentos perpetrados en el territorio de esta comunidad, se destaca el asesinato del taita y fundador de la comunidad en diciembre de 2003; sumado a amenazas, señalamientos y el posterior desplazamiento forzado y la muerte de su médico tradicional. La desintegración comunitaria; la precaria condición social y económica de las familias; el debilitamiento de la cultura; y la ausencia de un territorio formalizado colectivo, han sido situaciones que han afectado las condiciones... [ Leer más ]
Autoridades indígenas de la zona andina que caminan con Gobierno Mayor se reunieron durante tres días en La Mesa, Cundinamarca, para entregar aportes a la construcción del capítulo étnico del Plan Decenal de Salud Pública (PCDS) 2012 – 2021. Según la Coordinación de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno mayor, el objetivo de este encuentro es “seguir reorientando la salud propia y que realmente queremos es una institución de salud indígena propia (diferente a EPS o IPS), que parta no del servicio comercializado de salud, donde lo que importa es el tema del dinero y no las personas, sino de nuestros valores culturales, de nuestra medicina propia y sin dejar de lado el diálogo respetuoso con la medicina occidental y que otras medicinas sean complementarias a lo que tenemos, en aplicación de la interculturalidad de doble vía. Donde cada Pueblo Indígena, en el marco de la diversidad cultural existente al interior de nuestros pueblos sabrá utilizar y desarrollar sus saberes, usos y costumbres en materia de salud propia, en el marco de construcción del SISPI, de los mandatos internos de salud y en ejercicio de la autonomía propia”. En el encuentro de La Mesa, desarrollado entre el 28 y... [ Leer más ]
En el valle de Sibundoy (Putumayo), el pueblo Camentsa Biyá sigue resistiendo, en una lucha que busca garantizar el derecho a la autoridad y autonomía que tenemos los pueblos indígenas, y que quiere ser vulnerado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El contexto de la situación se presenta porque el ICBF pretende definir un operador  externo para  el hogar infantil Basetemengbe Yebna, ubicado en el Resguardo del Pueblo Camentsa, pero sin conocimiento de la comunidad ni sus Autoridades, de tal manera que de un día a otro llegó el operador a notificar que iban a iniciar la implementación de su contrato en el hogar infantil. Después de 38 años que lleva el cabildo del Pueblo Camentsa administrando el Jardín, el gobierno pretende imponer un operador, que desconoce el concepto étnico a la hora de cuidar a los infantes, y sin tener en cuenta la etnoeducación, que nos permite inculcar y afianzar las raíces culturales y ancestrales en nuestros niños. La lucha del pueblo Camentsa, de Sibundoy, empezó el día lunes 20 de noviembre, sin que a la fecha haya respuesta efectiva por parte del Ministerio del Interior, y de los organismos defensores de derechos humanos. Por el... [ Leer más ]
El Pueblo Camentsa Biyá del valle de Sibundoy, Putumayo, viene exigiendo desde el día lunes 20 de noviembre de 2017 al Ministerio del Interior y al centro zonal del ICBF en esa localidad, el derecho a su autoridad y autonomía, que ha sido vulnerado flagrantemente al definir un operador  externo para  su hogar infantil Basetemengbe Yebna ubicado en el Resguardo del Pueblo Camentsa pero sin conocimiento, y mucho menos consentimiento de la comunidad ni sus Autoridades, de tal manera que de un día a otro llego el operador a notificar que iban a iniciar la implementación de su contrato en el hogar infantil La Mamá Gobernadora Pastora Juagibioy del Resguardo Camentsa de Sibundoy, acudió al Ministerio y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se le informe de las razones por las cuales adelantaron esa serie de actuaciones de manera unilateral y se subsane esas decisiones administrativas, pero no ha tenido respuestas a sus peticiones y al contrario han ratificado la decisión administrativa de contratar a un operador con sede en el Departamento de Nariño Por la displicencia institucional la comunidad Indígena del Pueblo Camentsa del valle de Sibundoy, el día lunes se vio obligado a realizar una... [ Leer más ]
  Delegados de los pueblos y comunidades de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) Bogotá, D.C., noviembre 21 de 2017 Los pueblos indígenas de Colombia reunidos en el marco de la IV sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) de manera colectiva, en obediencia a nuestras leyes de origen y en defensa de nuestros derechos territoriales ancestrales realizamos el siguiente pronunciamiento a la opinión pública donde denunciamos que: Primero, la Agencia Nacional de Tierras, en adelante ANT, de manera unilateral e inconsulta, ha emitido durante el año 2017 resoluciones, directivas y circulares internas que afectan gravemente los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Ejemplo de lo señalado son: La Directiva 01 de 2017 de la ANT donde la entidad plantea la sospecha como un criterio jurídico y viable para decretar la suspensión de los procesos de titulación de territorios para los pueblos indígenas que presuntamente están ocupando propiedad privada sin juicio previo, tal como lo dispone el ordenamiento jurídico colombiano. Esta actuación denota la violación del derecho al debido proceso por parte del Director de la ANT, Miguel Samper Strouss. La Resolución 1653 de 2017 de la ANT donde su Director, en contravía del Decreto... [ Leer más ]

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¿Qué Piensan Ellos?

Sierra Nevada de Santa Marta amenazada por 348 títulos mineros

Foto: Encolombia.com

Hace unos días se alertaba sobre el alto nivel de deshielo de la Sierra Nevada de Santa Marta, sin embargo, este no es el único riesgo para uno de los ecosistemas más importantes de Colombia. Las comunidades indígenas denuncian que existen cerca de 160 minas que estarían afectando 332 fuentes hídricas incluida la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Según la denuncia del Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta – CTC, en total son 348 títulos y solicitudes de títulos mineros, hay 285 títulos mineros vigentes, 132 proyectos mineros en marcha, y existen siete bloques mineros activos.

Adicionalmente hay cerca de 1320 solicitudes de títulos y otros 18 títulos de explotación en convenio con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Le puede interesar: Colombia ha perdido el 92% de la Sierra Nevada de Santa Marta)

Esta situación tiene preocupada a las cuatro comunidades indígenas que habitan ancestralmente ese territorio, pues aumenta la posibilidad de extinción de los pueblos indígenas que han sido declarados en alto riesgo de desaparecer.

El peligro resulta ser mayor, debido a los daños ambientales y culturales que puede ocasionar la actividad minero-energética especialmente, la referente a la minería en el territorio de Línea Negra, y la crisis de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Puntualmente, aseguran que además de las afectaciones el agua, el aire, la flora y la fauna de los territorios tradicionales y de cerca de los 32 municipios alrededor de la Sierra, los proyectos extractivistas pueden cambiar la vocación del territorio y ello pone en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas.

También se afecta la salud de la población por la contaminación, perjudica el modelo cultural y de desarrollo sostenible, las etnias pierden la autonomía sobre sus territorios, y se debilita y fragmenta la organización social propia de la comunidad.

COMUNIDADES NO FUERON CONSULTADAS

Las comunidades denuncian que los títulos mineros y las licencias ambientales fueron expedidos sin cumplir con el requisito de consulta previa, de manera que afirman que “el Gobierno Nacional y las empresas violaron flagrantemente nuestro derecho fundamental a ser consultados.

Ha sido a través de batallas jurídicas que hemos hecho valer el respeto y garantía de nuestros derechos”. Sin embargo, señalan que la gran cantidad de títulos dificulta la posibilidad de participar en una consulta por cada uno, además de significar un desgaste para el ejercicio del gobierno propio.

Gelber Zapata, integrante del CTC, indica que pese a que se ha procurado tener un diálogo con las autoridades para hallar soluciones frente a las preocupaciones de la población, la repuesta por parte del gobierno ha sido la implementación de nuevos títulos mineros en la Línea Negra. Una zona en la que, por el contrario, debería haber una figura de protección al ser habitada por los indígenas.

http://www.contagioradio.com/sierra_nevada_de_sana_marta_peligro_mineria_-articulo-40232/

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AUTORIDADES  TRADICIONALES  INDIGENAS  DE COLOMBIA es una  organización Nacional  Indígena  con  un proceso  de aproximadamente  40  años, que tiene como objetivo principal la defensa  del territorio  y el fortalecimiento  de la identidad , y cuyo  cumplimiento se plantea  en cada  una  de las actividades  y acciones propuestas desde la coordinación nacional. Mas Información.

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