El juez primero civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Mocoa profirió la sentencia. La comunidad está conformada actualmente por 42 familias, y ubicada en el municipio de Orito. Con esta sentencia se pone fin al proceso judicial iniciado a partir de la demanda presentada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), con la que fueron evidenciadas afectaciones a la comunidad, provocadas por hechos ligados al conflicto armado, que generaron abandono del territorio y la limitación del goce efectivo de sus derechos territoriales. En el sur del país, la Unidad de Restitución de Tierras ha interpuesto, a la fecha, 4 demandas para la restitución de 8 territorios colectivos, además de 10 solicitudes de medidas cautelares y 18 territorios en etapa de caracterización. Dentro de los hechos violentos perpetrados en el territorio de esta comunidad, se destaca el asesinato del taita y fundador de la comunidad en diciembre de 2003; sumado a amenazas, señalamientos y el posterior desplazamiento forzado y la muerte de su médico tradicional. La desintegración comunitaria; la precaria condición social y económica de las familias; el debilitamiento de la cultura; y la ausencia de un territorio formalizado colectivo, han sido situaciones que han afectado las condiciones... [ Leer más ]
Autoridades indígenas de la zona andina que caminan con Gobierno Mayor se reunieron durante tres días en La Mesa, Cundinamarca, para entregar aportes a la construcción del capítulo étnico del Plan Decenal de Salud Pública (PCDS) 2012 – 2021. Según la Coordinación de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno mayor, el objetivo de este encuentro es “seguir reorientando la salud propia y que realmente queremos es una institución de salud indígena propia (diferente a EPS o IPS), que parta no del servicio comercializado de salud, donde lo que importa es el tema del dinero y no las personas, sino de nuestros valores culturales, de nuestra medicina propia y sin dejar de lado el diálogo respetuoso con la medicina occidental y que otras medicinas sean complementarias a lo que tenemos, en aplicación de la interculturalidad de doble vía. Donde cada Pueblo Indígena, en el marco de la diversidad cultural existente al interior de nuestros pueblos sabrá utilizar y desarrollar sus saberes, usos y costumbres en materia de salud propia, en el marco de construcción del SISPI, de los mandatos internos de salud y en ejercicio de la autonomía propia”. En el encuentro de La Mesa, desarrollado entre el 28 y... [ Leer más ]
En el valle de Sibundoy (Putumayo), el pueblo Camentsa Biyá sigue resistiendo, en una lucha que busca garantizar el derecho a la autoridad y autonomía que tenemos los pueblos indígenas, y que quiere ser vulnerado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El contexto de la situación se presenta porque el ICBF pretende definir un operador  externo para  el hogar infantil Basetemengbe Yebna, ubicado en el Resguardo del Pueblo Camentsa, pero sin conocimiento de la comunidad ni sus Autoridades, de tal manera que de un día a otro llegó el operador a notificar que iban a iniciar la implementación de su contrato en el hogar infantil. Después de 38 años que lleva el cabildo del Pueblo Camentsa administrando el Jardín, el gobierno pretende imponer un operador, que desconoce el concepto étnico a la hora de cuidar a los infantes, y sin tener en cuenta la etnoeducación, que nos permite inculcar y afianzar las raíces culturales y ancestrales en nuestros niños. La lucha del pueblo Camentsa, de Sibundoy, empezó el día lunes 20 de noviembre, sin que a la fecha haya respuesta efectiva por parte del Ministerio del Interior, y de los organismos defensores de derechos humanos. Por el... [ Leer más ]
El Pueblo Camentsa Biyá del valle de Sibundoy, Putumayo, viene exigiendo desde el día lunes 20 de noviembre de 2017 al Ministerio del Interior y al centro zonal del ICBF en esa localidad, el derecho a su autoridad y autonomía, que ha sido vulnerado flagrantemente al definir un operador  externo para  su hogar infantil Basetemengbe Yebna ubicado en el Resguardo del Pueblo Camentsa pero sin conocimiento, y mucho menos consentimiento de la comunidad ni sus Autoridades, de tal manera que de un día a otro llego el operador a notificar que iban a iniciar la implementación de su contrato en el hogar infantil La Mamá Gobernadora Pastora Juagibioy del Resguardo Camentsa de Sibundoy, acudió al Ministerio y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se le informe de las razones por las cuales adelantaron esa serie de actuaciones de manera unilateral y se subsane esas decisiones administrativas, pero no ha tenido respuestas a sus peticiones y al contrario han ratificado la decisión administrativa de contratar a un operador con sede en el Departamento de Nariño Por la displicencia institucional la comunidad Indígena del Pueblo Camentsa del valle de Sibundoy, el día lunes se vio obligado a realizar una... [ Leer más ]
  Delegados de los pueblos y comunidades de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) Bogotá, D.C., noviembre 21 de 2017 Los pueblos indígenas de Colombia reunidos en el marco de la IV sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) de manera colectiva, en obediencia a nuestras leyes de origen y en defensa de nuestros derechos territoriales ancestrales realizamos el siguiente pronunciamiento a la opinión pública donde denunciamos que: Primero, la Agencia Nacional de Tierras, en adelante ANT, de manera unilateral e inconsulta, ha emitido durante el año 2017 resoluciones, directivas y circulares internas que afectan gravemente los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Ejemplo de lo señalado son: La Directiva 01 de 2017 de la ANT donde la entidad plantea la sospecha como un criterio jurídico y viable para decretar la suspensión de los procesos de titulación de territorios para los pueblos indígenas que presuntamente están ocupando propiedad privada sin juicio previo, tal como lo dispone el ordenamiento jurídico colombiano. Esta actuación denota la violación del derecho al debido proceso por parte del Director de la ANT, Miguel Samper Strouss. La Resolución 1653 de 2017 de la ANT donde su Director, en contravía del Decreto... [ Leer más ]

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ANTIOQUIA PEDIRÁ AL PROCURADOR INTERVENIR EN CASO DE BELÉN DE BAJIRÁ

Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

 

Director del IGAC ratificó pronunciamiento del 2016 y dijo que no tiene que ver con el paro.

En medio de la acalorada controversia entre los gobernadores de Antioquia y Chocó por la soberanía sobre el corregimiento de Belén de Bajirá, el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), Juan Antonio Nieto Escalante, afirmó que en ningún momento han usurpado las funciones del Congreso al incluir a ese territorio en el mapa de Chocó.

“Las comisiones de Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara, conjuntamente, se reunieron y en diciembre del 2016 devolvieron el expediente al Igac, asegurando que allí no hay límite dudoso y que por lo tanto no es de competencia del Congreso definir esa situación, porque el Congreso tiene, entre otras cosas, la función de definir límites cuando hay dudas, pero este no es el caso de Belén de Bajirá, porque hay límites precisos en la Ley 13 de 1947, bajo la cual se creó el departamento de Chocó”, manifestó Nieto Escalante.

El funcionario dijo que la decisión se dio en febrero del 2016 y no tuvo ninguna relación con las demandas expuestas por el Comité del Paro Cívico en Chocó, que, según el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, obedecen a una entrega del Gobierno para darle fin al paro que completó 18 días.

“La definición de colocar (al corregimiento) en el mapa de Chocó, ya en vigencia, no corresponde a una entrega que el Gobierno ha hecho para acabar el paro en ese departamento”, señaló Escalante, quien insistió en que el concepto técnico que el Igac radicó en el Congreso se dio en febrero de 2016 y el primer paro fue en agosto de ese año, “es decir –aseguró–, no obedece de ninguna manera a esta situación, entre otras porque el Igac tiene una función estrictamente técnica y no política, no existe diferencia o animadversión contra ninguno de los dos departamentos en conflicto”.

El director aclaró que la Ley 13 de 1947, que crea el departamento del Chocó y le fija sus límites, no ha sido demandada y, por tanto, es una norma vigente.

Durante un año, explicó Escalante, el instituto trabajó junto con comisiones de los departamentos, presididas por un ingeniero geógrafo, que verificaron y comprobaron que los límites descritos en dicha ley son los que corresponden a la realidad geográfica.

“El Gobierno Nacional ha violado el principio de imparcialidad, y en este caso está solucionando un paro cívico con la entrega de unos territorios”, sostuvo Pérez, quien aseguró que con la publicación del mapa se le está ocasionando “un daño inminente” al departamento que preside.

El mandatario seccional también señaló que le pedirá al Procurador ejercer vigilancia en el proceso de verificación de límites y que si es “necesario suspenda de sus labores a los funcionarios públicos que estén cometiendo un acto arbitrario”.

Por su parte, el presidente de la Asamblea de Antioquia, Bayron Caro Luján, rechazó la decisión del Igac de entregar el corregimiento al Chocó. “Exigimos el respeto del pasado histórico de la región y la presencia del gobierno de Antioquia en Belén de Bajirá”, aseguró Caro.

El funcionario consideró que se debe convocar una consulta popular que permita que los ciudadanos sean los que decidan y expresen a qué departamento quieren pertenecer.

El diputado, igualmente, reclamó “mayor operatividad, coherencia y oportunidad en las actuaciones de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República”, y pidió ejercer el control político al director del Igac por, en su opinión, “usurpar funciones del Congreso”.

Caro les pidió además a diferentes sectores de Antioquia coadyuvar en las denuncias y “apoyar las acciones del gobierno departamental en la defensa jurídica del departamento”, a la vez que convoca a “hacer mayor presencia institucional en la región”.

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/antioquia-pedira-al-contralor-intervenir-en-el-caso-de-belen-de-bajira-93562

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