Noticias

Noticias

20 Mar

Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor denuncia y rechaza el asesinado del joven indígena Luis Fernando Hernández Hernández, de la etnia zenú, perteneciente al Cabildo Senú de Santa Rosita, del municipio Caucacia (Antioquia).

El homicidio se presentó en la noche del pasado sábado 17 de marzo cuando hombres armados entraron a un establecimiento público donde varias personas se encontraban departiendo, y abrieron fuego contra los presentes.

El atentado, que según versiones de la comunidad habría sido perpetrado por grupos paramilitares presentes en la zona, dejó dos personas fallecidas y cinco niños de entre 7 y 11 años (tres de ellos de la etnia senú)  con  heridas que por fortuna no representaron mayor riesgo para sus vidas. Sin embargo, a causa de las afectaciones, una de las menores podría perder uno de sus brazos.

En el sector de la inspección de Santa Rosita, lugar donde está ubicado el Cabildo Zenú, se vienen presentando enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan el poder territorial, poniendo en riesgo la vida de indígenas y campesinos del lugar.

Por eso, hacemos un LLAMADO a entes gubernamentales y a los organismos defensores de Derechos Humanos a brindar garantías a quienes viven en ese sector del país, y en otros lugares de Colombia donde los grupos ilegales arremeten con nuestras comunidades, con el fin de apoderarse de nuestros territorios

¡No es posible que en tiempos de paz a los pueblos indígenas nos sigan matando!

08 Mar

Las mujeres representamos la madre tierra

Una de las primeras manifestaciones que se originaron por la defensa de la mujer y de sus derechos igualitarios, se originó el 8 de marzo de 1857, cuando un grupo de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York para protestar por las míseras condiciones laborales.

Desde ahí, este día fue declarado por la ONU en 1975 como El Día Internacional de la Mujer, convirtiéndose es una fecha que resalta la dignidad y la grandeza de la mujer.

Por esa razón, bajo un profundo respeto y admiración Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor hace extensivo un saludo a cada mujer que integra las comunidades indígenas de Colombia y del mundo, manifestando nuestro apoyo para continuar denunciando, exigiendo y promoviendo sociedades justas, demócrata y libre de violencia al interior de los territorios ancestrales.

Con el propósito de avanzar y participar en todos los espacios políticos y sociales al interior de los pueblos indígenas, Ana Clara Chaguala Peña, del Departamento del Tolima, del pueblo indígena Pijao, manifiesta que “se ha emprendido una lucha desde el año 1998, para la inclusión de las mujeres indígenas en la toma de decisiones de sus territorios, ya que durante años nuestros compañeros han sido quienes participan al interior del territorio”.  Dando un avance al trabajo donde varias compañeras han sido autoridades, gobernadoras dentro de los resguardos o parcialidades indígenas. En algunos casos especiales han llegado a ser concejales en el municipio de Ortega Valle.

Durante esta conmemoración, millones de mujeres de diferentes partes del mundo vestirán el color violeta, como símbolo de la resistencia que han tenido las mujeres y  la lucha feminista de aquellas que se unen para reconocer la disputa histórica y protestar contra todas las formas de explotación, opresión y violencia.

Gobierno Mayor reitera un fraternal saludo a todas las mujeres indígenas de Colombia que integran las diferentes etnias, tengan presente que estamos en pie de lucha como históricamente se ha venido haciendo y avanzando para continuar siendo la fuerza de la madre tierra.

Nota: Se conmemora el Día Internacional de la Mujer trabajadora, con un paro mundial, este jueves a partir de la 3:30 p.m en el parque de los Hippies (calle 60 con cr 8)

04 Mar

Por: Oficina de prensa Gobierno Mayor

Hace dos años, el 29 de enero de 2016, el presidente de la República Juan Manuel Santos sancionó desde Orucué, Casanare, la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, Zidres, enfocada en incentivar el desarrollo agroindustrial de zonas potencialmente productivas del país, pero que por falta de infraestructura y seguridad jurídica no han salido del estancamiento.

Sin embargo, esta Ley ha tenido fuertes críticas porque podría beneficiar directamente a los grandes empresarios y lesionar a los campesinos y comunidades indígenas.

En ese sentido, por ejemplo, la organización Oxfam, que trabaja contra la pobreza en el mundo, manifestó que “estamos en contra de esta iniciativa legislativa (la Ley Zidres) porque atenta contra los derechos de los campesinos, campesinas y la pequeña producción agraria; porque legalizaría la acumulación irregular de tierras que llevan a cabo tanto personas como empresas; y porque esta concentración aumentaría la desigualdad que hoy sufre Colombia”, puntualizó esa Organización.

Esta Ley puede resultar altamente perjudicial no solo para los campesino, sino para los pueblos indígenas del país que habitan regiones como la Altillanura (Meta, Vicahda y Casanare), Córdoba o Magdalenas donde se podrían implementar las Zidres.

De hecho, a finales de 2015 las organizaciones indígenas de Colombia instauraron una demanda, que fue revisada por la Corte Constitucional, argumentando que la Ley Zidres no había surtido el proceso de Consulta Previa. Según la oficina de prensa del Senado de la República, “Wilson Galindo, Representante de la ONIC, Consejero de planes de vida, manifestó que participó en la audiencia del proyecto de Ley realizada en La Primavera, Vichada, y evidenció que esa audiencia no constituye consulta y que en ese sentido, el Proyecto vulnera los derechos y pretensiones que como pueblos indígenas tienen de ampliación, constitución o saneamiento de resguardos”.

Al final la Corte Constitucional falló a favor del Gobierno argumentando que el proceso de Consulta Previa con los resguardos indígenas sí debía realizarse pero de manera individual, en los territorios donde se vayan a implementar estas zonas de desarrollo rural.

El equipo de Comunicaciones de Gobierno Mayor habló respecto a este tema con el Representante del Polo Democrático en la Cámara por Bogotá, Alirio Uribe, quien manifestó que “la Corte Constitucional lo que hizo fue hacerle el juego a los grandes empresarios y a los que promueven las Zidres, sacrificando los derechos de los pueblos indígenas… indudablemente que hay un retroceso de la Corte Constitucional en ese fallo”, concluyó el congresista.

Uribe también expresó que “es indudable que las Zidres amenazan la autonomía de los pueblos indígenas, amenazan el territorio, el modelo de desarrollo propio que ellos tienen, sus planes de vida”. Y dijo que “lo que esperamos es que podamos hacer un control ciudadano, político, técnico, sobre estos temas para evitar un mayor impacto hacia los pueblos indígenas”.

La acción más reciente que se realizado en vísperas de poner a funcionar las Zidres se con el documento emitido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) en donde se establecieron las áreas potenciales en Colombia para establecer estas zonas.

Frente a este punto, el diario El Espectador publicó un artículo titulado ‘Trazando el camino a las Zidres’, en el cual entrevistó a Felipe Fonseca, director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria –Upra-, adscrita al Ministerio de Agricultura y brazo técnico en esta discusión.

Una de las preguntas fue: “¿Cómo se tuvieron en cuenta en esta identificación de áreas potenciales los resguardos indígenas o las zonas de reserva campesina que están en proceso de constitución, y los páramos que todavía están por delimitar?”. En su respuesta Fonseca dijo que “en el artículo 29 de la ley son expresas las restricciones a territorios colectivos y zonas de reserva campesina. Resguardos indígenas y reservas de Ley 70 son una exclusión que quedó definida en el decreto reglamentario. La ley también dice que se deben excluir resguardos indígenas en proceso de constitución, lo que hizo el decreto reglamentario fue determinar a qué se refiere con proceso de constitución, aclara que se entiende a aquellos resguardos que cuenten con un estudio socioeconómico y concepto favorable emitido por la autoridad competente al momento de ser expedida la ley de zidres. El ejercicio de áreas de referencia como insumo para a la identificación de zidres acude a la aplicación precisa de precaución frente a áreas o ecosistemas estratégicos, no solamente delimitados, porque hay muchos ecosistemas delimitados, pero también ecosistemas que, pese a que están delimitados, no están declarados. Entonces llevamos más de un año solicitando información a las autoridades ambientales, a las corporaciones autónomas, al Ministerio de Agricultura, Parques Nacionales, para poder determinar cuáles son esos ecosistemas estratégicos, y los hemos excluido pese a que no estén declarados”.

Pero las afirmaciones del director de la UPRA podrían estar llenas solo de buenas intenciones. Según la abogada Jhenifer Mojica “la restricción normativa de proyectar ZIDRES en territorios étnicos es burlada por la falta de información precisa sobre los territorios que están en proceso de constitución o reconocimiento, y de los territorios ancestrales cuyas demandas históricas ni siquiera han iniciado a atenderse”, dice su artículo publicado en la Silla Vacía.

Mojica también escribió que “la sentencia de la Corte Constitucional (C-077/17) excluyó los territorios étnicos de indígenas y negros que están en proceso de constitución, y no se pronunció respecto a las Zonas de Reserva Campesina que están en proceso de constitución”. De igual manera, “El CONPES no excluye de las zonas para la constitución de ZIDRES aquellas donde se dio despojo y abandono de tierras por desplazamiento forzado de la población en el marco del conflicto armado. Lo cual está establecido legal y constitucionalmente como una causal de restricción para las ZIDRES, aquellas tierras con medidas de protección (individuales o colectivas) y aquellas reclamadas por las víctimas campesinas y étnicas en procesos de restitución de tierras de la ley 1448/11”, concluye la abogada Jhenifer Mojica.

01 Mar

Veinticinco años después de la primera solicitud de constitución de su territorio como resguardo, la comunidad indígena Wayuú del asentamiento de Nuevo Espinal accedió a la formalización de su territorio colectivo, gracias al proceso de restitución de derechos territoriales promovido a su favor, y al Gobierno nacional, a través de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

Desde 1993 esta comunidad solicitó al Incora la titulación como resguardo del territorio, que les fue asignado en aquel año, producto de la reubicación que vivieron forzosamente a raíz de las presiones que, sobre su territorio y su salud, significó el avance de la extracción de carbón.

Una vez reubicados en este asentamiento, la comunidad quedó expuesta a los rigores del conflicto armado, pues la zona sirvió como corredor estratégico, utilizado por los grupos armados ilegales para controlar las rentas derivadas de las extorsiones, y también actividades legales de extracción de recursos naturales.

En estas circunstancias, los habitantes de la comunidad sufrieron afectaciones como desplazamientos, amenazas, intimidaciones y asesinatos selectivos contra sus autoridades tradicionales. No obstante, los indígenas no declinaron en su aspiración de obtener el reconocimiento de su territorio colectivo como resguardo indígena.

Producto de lo anterior, el 23 de junio de 2016 fue expedida la sentencia de restitución de derechos territoriales en favor de la comunidad indígena Wayuú, asentamiento Nuevo Espinal, en jurisdicción del municipio de Barrancas (La Guajira).

La orden segunda de la sentencia en mención se refiere a la culminación del proceso de constitución del resguardo. A través del Acuerdo no. 36 del 11 de diciembre de 2017, la ANT decidió titular el resguardo Nuevo Espinal, integrado por lo que antes fueron los predios Nuevo Hato, El Cerrito, Las Palmiras y Nuevo Sincelejo. Estos son los frutos de la paz que promueve el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a través de la URT. 

Acerca de Nosotros

AUTORIDADES  TRADICIONALES  INDIGENAS  DE COLOMBIA es una  organización Nacional  Indígena  con  un proceso  de aproximadamente  40  años, que tiene como objetivo principal la defensa  del territorio  y el fortalecimiento  de la identidad , y cuyo  cumplimiento se plantea  en cada  una  de las actividades  y acciones propuestas desde la coordinación nacional. Mas Información.

Contáctenos

Dirección:

Sede Principal: Calle 16 A #2 - 69 Barrio Las Aguas
Teléfono: +57 (1) 4633116
Celular: +57 3228827566
Sede Calle 17: Calle 17 # 4-49 Barrio Veracruz
Teléfono: +57(1)8133778  

Email:

Secretaría: gobiernomayor@gmail.com
Comunicaciones: comunicacionesgobiernomayor@gmail.com
Territorio: territoriogobiernomayor1@gmail.com

Bogotá Colombia.®