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25 May

El resguardo indígena La Sortija  se encuentra ubicado a pocos kilómetros del casco urbano del municipio de Ortega, en el sur del Tolima.

Esta comunidad, durante 10 años aproximadamente fue cabildo y ya para el año de 1997 se constituye como resguardo indígena. “Entre las principales afectaciones evidenciadas y expuestas en el contenido de la demanda están la afectación a la seguridad jurídica, abandono del territorio y vulneración del derecho a la autonomía, la integralidad política y organizativa”, aseguró Luis Alegría, director de la URT en Tolima y Huila.

Dicha demanda, además de reconocer los derechos territoriales de la comunidad Pijao La Sortija, solicita la ampliación de su territorio a 247,52 has, de las cuales 132 actualmente reconocidas.

De igual manera se espera la implementación de proyectos y programas agrícolas, así como un  plan de reparación colectiva en favor de esta comunidad que permita contribuir al proceso de reconstrucción social  político y económico de su plan de vida desde una perspectiva que permita el desarrollo propio sin alterar su cosmovisión y el uso de sus costumbres, manteniendo  así la pervivencia y unidad de su pueblo.

“Las graves afectaciones identificadas por la Unidad durante la etapa de caracterización motivan la presentación de la demanda, esta con miras a que la comunidad involucrada pueda acceder a su derecho fundamental a la restitución y hacer goce efectivo de su territorio ancestral de acuerdo a la cultura, cosmovisión y formas de organización propias”, precisó la URT en un comunicado.

21 May

Imagen de referencia.

La asociación OREWA, del departamento del Chocó, manifestó mediante un comunicado que “continúan los atropellos sobre los pueblos indígenas del Chocó”.

Según informaciones manejadas por la Asociación chocoana, en el Cabildo Mayor de Autoridades Embera de la Zona Norte del Bajo Baudó (Pizarro), “un grupo de paramilitares del autodenominado Águilas Negras, llego el día 14 del presente mes, con más de 100 hombres armados entraron de forma violenta y amenazando a la comunidad de Puerto Embera del resguardo de Pavasa Gella. Reclutaron forzosamente entre niños y jóvenes 4 estudiantes y a otras 8 personas, entendido este acto como secuestro”.

En horas de la noche hombres del grupo armado entraron en algunas casas e intentaron violar a las mujeres. A las 7: 30 de la mañana del día siguiente se retiraron del lugar. “Hasta el momento no sabemos el paradero de los niños, jóvenes y demás Embera que se llevaron”, precisa el comunicado de la OREWA.

Los jefes del grupo armado amenazaron a los profesores y a los líderes del cabildo Indígena. Momentos después ante el temor provocado por las amenazas, reclutamiento y el secuestro de los niños, jóvenes y demás miembros, la comunidad decidió abandonar sus casas, fincas, animales y se desplazaron hacia el corregimiento de Virudó.

Por la compleja situación de orden público, otras comunidades Embera también se desplazaron al mismo corregimiento. Son en total 656 personas que integran 136 familias, provenientes de las comunidades de Puerto Embera, Puerto Samaria, El Chorro y El Piñal.

Desde entonces, la comunidad se encuentra aguatando hambre en Virudó, porque no tienen alimentos, y los niños no paran de llorar.

Frente a la situación la Asociación OREWA realiza un llamado -al que también se suma Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor-,a las Instituciones del orden Municipal, Departamental y Nacional para que se brinde la atención inmediata a estas comunidades indígenas que están en riesgo de enfermar y morir ya que llevan varios días sin atención humanitaria.

Los pueblos Embera del Chocó son considerados por la misma Corte Constitucional según Auto 004 como pueblos en vías de extinción que requieren una atención especial “y vemos por el contrario que el abandono total por parte del ESTADO Colombiano es una muestra de despreocupación de esta situación y pareciera que su interés fuera que los Embera abandonemos nuestros territorios y se diera nuestra extinción”, recalca la OREWA.

12 May

Marquitos sabía que pronto iba a morir y por eso quería dejar un recuerdo en alguien. Su hora llegaba, él partiría de este mundo, pero quería plasmar su recuerdo en una fotografía, con seguridad la última de su existencia y sin saber la primera en cuánto tiempo.

Un día cualquiera de finales de febrero de este año Marcos Gaitán, un indígena sikuani de 95 años –según su propia versión- se apareció como de costumbre en el restaurante Villa Suarez, en El Progreso (Vichada). Venía en su bicicleta, como siempre lo hacía, exclusivamente a que le tomaran la foto. “Yo vengo a despedirme porque siento que me voy a morir, y por eso quiero que me tome una foto”, le dijo a doña Nancy Narváez.

Ese día Marquitos llegó hasta El Progreso con sus últimas fuerzas, las piernas ya no le daban para pedalear como siempre lo había hecho. Él en su caballito de acero recorrió caminos vichadenses a más no poder. Ese día, 26 de febrero, el indiecito cerraba ciclos de su vida: su última foto; su último viaje en bicicleta.

Él es el reflejo fiel de las duras necesidades por las que pasan los adultos mayores de las comunidades indígenas. Viven casi abandonados a su suerte, tratando de rebuscarse los alimentos y rogando a Dios no enfermarse. En Vichada, en toda su historia, este segmento de la población nunca ha tenido programas responsables que le permitan a las personas en su vejez, tener una vida digna.

Pese a esas dificultades, Marquitos siempre estaba feliz, de hecho, irradiaba felicidad. Llegaba siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Era medio sordo, o se hacía, porque escuchaba únicamente lo que le convenía.

Ese 26 de febrero, para Marquitos era una ocasión especial, por eso se puso su mejor pinta, y, ¡listo pa’ la foto, su última foto! Murió en su comunidad Santa Fe, del Resguardo Muco Mayoragua del municipio de Cumaribo, y fue enterrado el pasado 3 de mayo.

11 May

Tomado de: Redacción Vivir – El Espectador

En materia de los impactos del conflicto armado interno, cerca del 3.4% de la población nacional (1.392.623) se vio afectada. De este universo de víctimas, los Pueblos Indígenas representan un 2,6% (8.604.210), con un total de 224.586 casos registrados; lo cual significa que el 16% de las personas indígenas del país, se vieron afectadas por el conflicto.

Por eso, indígenas nukak de Guaviare, Emberá del Pacífico –y Panamá–y Siona del Putumayo hablarán en representación de sus pueblos en la sesión de Audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se celebra  del 3 al 11 de mayo. Su turno es hoy.

La situación de las comunidades asentadas en el departamento del Choco es de especial preocupación, donde 461 familias de los Pueblos Embera y Wounaan fueron desplazadas forzosamente entre 2016 y 2017 por las disputas territoriales entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en el interés de copar los territorios antes controlados por las Farc, según la información recopilada por la Comisión de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.

Por su parte, el Pueblo Siona denunció la presión que reciben por parte de la empresa petrolera Amerisur para realizar actividades de exploración y explotación de petróleo dentro de sus territorios; la amenaza de nuevos actores armados realizando acciones de control territorial y de población y la situación de confinamiento a la que se enfrentan por la existencia de minas antipersona en varios de sus resguardos.

La semana pasada, varios voceros del pueblo siona llegaron a Bogotá para denunciar la situación. Según sus declaraciones, “El pueblo siona está en peligro de extinción. Casi 1.000 personas están confinadas en tres de los seis resguardos y cabildos que tenemos en Putumayo porque hay hostigamientos con grupos armados. Somos gente de chagra y yagé, y esta situación no nos permite ejercer nuestra medicina tradicional”. 

Peligra en particular el centro de su espiritualidad: el rito del yagé. “Es muy difícil para un mayor ir a buscar sus plantas medicinales a la selva porque ya no es fácil transitar. Solo hasta un punto usted encuentra bejucos de yagé, yoco y otras medicinas para purificar, y si en el transcurso pisa una mina, o le dicen que no puede pasar, es grave. Lo otro es que nuestros ritos ceremoniales no los hacemos en cualquier casa. Lo hacemos hacia el fondo de la selva en una casa especial a una hora o más, y vamos en la noche. Así que depende de los actores armados que podamos pasar, eso hace que ya la espiritualidad se sienta contaminada, las autoridades se sientan saboteadas porque no nos dejan desarrollar nuestras prácticas tradicionales”, dijo un vocero que prefiere guardar su identidad.

La situación de los Siona  es especialmente crítica porque, además de ser los guardianes del milenario rito del yagé, están ubicados en una zona estratégica, justo entre la cordillera de los Andes y el comienzo de la región amazónica. En estas montañas nacen los ríos que surten la cuenca hidrográfica del Amazonas, en donde se cuentan unas 14.003 especies de plantas, 2.266 especies de peces (aunque puede haber más), y especies en peligro como el jaguar. 

Asimismo, el pueblo Nukak Maku, el último pueblo nómada de Colombia, cuenta con sólo 500 habitantes quienes viven en territorios fuera de sus espacios naturales donde culturalmente se desenvolvían como pueblo nómada por el desplazamiento forzado, las minas antipersonales, las amenazas de grupos armados, la expansión de la frontera agrícola y las enfermedades.

Según Wikipedia, los nukak maku “habitan las selvas del Guaviare”, pero esto ya no es verdad. La gran mayoría se concentra en la vereda Agua Bonita, a las afueras de San José del Guaviare. Ahí han permanecido desde 1988, cuando varios indígenas de este pueblo nómada (que era una tribu en contacto inicial) salieron a la cabecera municipal de Calamar (Guaviare) asediados por las minas antipersonales.

En ese momento, el 10% de los Nukak aún se encuentran en la vereda que les cedió la alcaldía de San José, según CeroSetenta. “Eso ahora los colonos que están ahí dicen que es de ellos, y si uno entra, lo regañan, pero ese es territorio de nosotros. Hay trocha ganadera que es territorio sagrado, por ejemplo del clan meumuno, ya lo invadieron”.

Se calcula que en Colombia existen 102 pueblos indígenas, de acuerdo a cifras identificadas por distintas organizaciones y entidades que trabajan con estos grupos. Según la Corte Constitucional Colombiana, 36 se encuentran en riesgo de extinción por actos derivados el conflicto armado interno, entre ellos el desplazamiento forzado y los megaproyectos.

Pero otras organizaciones dicen que otros 31 afrontan un riesgo de exterminio por ser muy pequeños, (como los Nonuya, en Amazonas, que son apenas 100 personas), para un total de 67 Pueblos Indígenas en riesgo de desaparición.

El estado colombiano ha dictado sentencias como el Auto 004 de la Corte Constitucional (que reconoce el impacto del conflicto armado, sobre todo el desplazamiento forzado) y ha promulgado leyes como el Decreto Ley 4633 de 2011 para proveer medidas integrales de asistencia, atención, reparación y de restitución de derechos territoriales para las víctimas de los pueblos y comunidades indígenas.

En el periodo de audiencias, que empezó el 3 de mayo y finaliza el 11 de mayo, se hablará sobre la situación de derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores en México, la situación de defensores de víctimas de tortura en México, la situación de derechos humanos de las comunidades indígenas afectadas por derrames de petróleo en Cuninico y Vista Alegre en Perú, las denuncias de violación de derechos humanos a líderes ambientales de Nicaragua, sobre denuncias de homicidios de adolescentes afrodescendientes en Brasil y la protección de los derechos humanos de defensores de derechos humanos después del asesinato de la líder afro y lesbiana Marielle Franco, sobre la justicia militar en Venezuela, independencia jurídica de Ecuador, derechos de personas en discapacidad, aborto en Argentina y derechos reproductivos de niñas y mujeres de América.

Sobre Colombia, además de la vulneración de derechos indígenas, se hablará sobre los desaparecidos dentro del proyecto de Hidroituango, sobre medidas para la protección de pruebas en casos de desaparición forzada en Colombia y se hará un seguimiento al Acuerdo de Paz.

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