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28 Nov

El pueblo Camentsa de Sibundoy continúa resistiendo

En el valle de Sibundoy (Putumayo), el pueblo Camentsa Biyá sigue resistiendo, en una lucha que busca garantizar el derecho a la autoridad y autonomía que tenemos los pueblos indígenas, y que quiere ser vulnerado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

El contexto de la situación se presenta porque el ICBF pretende definir un operador  externo para  el hogar infantil Basetemengbe Yebna, ubicado en el Resguardo del Pueblo Camentsa, pero sin conocimiento de la comunidad ni sus Autoridades, de tal manera que de un día a otro llegó el operador a notificar que iban a iniciar la implementación de su contrato en el hogar infantil.

Después de 38 años que lleva el cabildo del Pueblo Camentsa administrando el Jardín, el gobierno pretende imponer un operador, que desconoce el concepto étnico a la hora de cuidar a los infantes, y sin tener en cuenta la etnoeducación, que nos permite inculcar y afianzar las raíces culturales y ancestrales en nuestros niños.

La lucha del pueblo Camentsa, de Sibundoy, empezó el día lunes 20 de noviembre, sin que a la fecha haya respuesta efectiva por parte del Ministerio del Interior, y de los organismos defensores de derechos humanos. Por el contrario, con el pasar de las horas aumenta la presencia policial, a quien no le faltan ganas de reprimir nuestra pacifica manera de reclamar la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.

24 Nov

El Pueblo Camentsa Biyá del valle de Sibundoy, Putumayo, viene exigiendo desde el día lunes 20 de noviembre de 2017 al Ministerio del Interior y al centro zonal del ICBF en esa localidad, el derecho a su autoridad y autonomía, que ha sido vulnerado flagrantemente al definir un operador  externo para  su hogar infantil Basetemengbe Yebna ubicado en el Resguardo del Pueblo Camentsa pero sin conocimiento, y mucho menos consentimiento de la comunidad ni sus Autoridades, de tal manera que de un día a otro llego el operador a notificar que iban a iniciar la implementación de su contrato en el hogar infantil

La Mamá Gobernadora Pastora Juagibioy del Resguardo Camentsa de Sibundoy, acudió al Ministerio y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se le informe de las razones por las cuales adelantaron esa serie de actuaciones de manera unilateral y se subsane esas decisiones administrativas, pero no ha tenido respuestas a sus peticiones y al contrario han ratificado la decisión administrativa de contratar a un operador con sede en el Departamento de Nariño

Por la displicencia institucional la comunidad Indígena del Pueblo Camentsa del valle de Sibundoy, el día lunes se vio obligado a realizar una toma pacífica al centro zonal ICBF como medio de exigibilidad de solución a su problemática; en respuesta, se programó una reunión por parte del Centro Zonal para este jueves 23 de noviembre, pero no asistieron ni los Directivos zonales ni otra presencia gubernamental, por lo tanto, el pueblo Camentsa Biya se ha DECLARADO EN ASAMBLEA PERMANENTE.

Esta es sin duda una vulneración al derecho Constitucional a la autonomía que tenemos los Pueblos Indígenas, pues el Hogar Infantil Indígena Basetemengbe Yebna ha sido administrado por el Cabildo tradicional desde hace de 38 años. Ahora el Gobierno contrato a otra institución totalmente ajena a las costumbres del Pueblo Camentsa, y existe una gran preocupación porque la presencia de operadores externos que ni siquiera son de la región, en la mayoría de los casos ha conllevado a un debilitamiento cultural grave

 Por ello El pueblo Camentsa Biya del valle de Sibundoy ha manifestado que “invita a todos los lideres amigos para que nos acompañen en este proceso...POR LA TIERRA POR LA VIDA POR NUESTRA EXISTENCIA”.

22 Nov

 

Delegados de los pueblos y comunidades de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI)

Bogotá, D.C., noviembre 21 de 2017

Los pueblos indígenas de Colombia reunidos en el marco de la IV sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) de manera colectiva, en obediencia a nuestras leyes de origen y en defensa de nuestros derechos territoriales ancestrales realizamos el siguiente pronunciamiento a la opinión pública donde denunciamos que:

  1. Primero, la Agencia Nacional de Tierras, en adelante ANT, de manera unilateral e inconsulta, ha emitido durante el año 2017 resoluciones, directivas y circulares internas que afectan gravemente los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Ejemplo de lo señalado son:

La Directiva 01 de 2017 de la ANT donde la entidad plantea la sospecha como un criterio jurídico y viable para decretar la suspensión de los procesos de titulación de territorios para los pueblos indígenas que presuntamente están ocupando propiedad privada sin juicio previo, tal como lo dispone el ordenamiento jurídico colombiano. Esta actuación denota la violación del derecho al debido proceso por parte del Director de la ANT, Miguel Samper Strouss. La Resolución 1653 de 2017 de la ANT donde su Director, en contravía del Decreto 2363 de 2015 consultado con los pueblos indígenas, dispuso trasladar de manera inconsulta a la Dirección de Acceso a Tierras la función de “adelantar los procesos de adquisición y expropiación de predios para comunidades indígenas” (numeral 9 del artículo 26) que según el decreto corresponde a la Dirección de Asuntos Étnicos. Recordamos que el Decreto 2363 fue consultado por el Gobierno Nacional a los Pueblos y Comunidades Indígenas en el marco de los acuerdos suscritos en el PND 2014 – 2018 y por lo tanto su modificación debe ser igualmente consultada.

 

  1. Segundo, la Agencia Nacional de Tierras ha supeditado al Decreto 1858 de 2015 el avance de los procedimientos administrativos territoriales para la legalización, dotación y protección de territorios indígenas. Dado que el Decreto 1858 de 2015 no ha surtido el proceso de consulta actúa en violación al derecho fundamental de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada de las medidas legislativas y administrativas. En consecuencia, dicho procedimiento atenta contra la diversidad étnica y cultural toda vez que desconoce la noción de ancestralidad y tradicionalidad que tienen los pueblos indígenas sobre sus territorios. Así la dilatación injustificada para la expedición de medidas provisionales de protección de los territorios de las comunidades Nakuanedorro del pueblo Mapayerri, Awa Tuparro del pueblo Sikuani e Inga de San Pedro son una muestra de los efectos nocivos de las directrices jurídicas internas de la ANT que insisten en tratar los territorios ocupados o poseídos tradicional o ancestralmente como predios baldíos en aplicación del Decreto 1858 de 2015.

 

  1. Tercero, la Agencia Nacional de Tierras de manera reiterada incumple sus   obligaciones en materia de adquisición de predios y legalización de territorios indígenas y se excusa, de mala fe, en una supuesta COMISIÓN NACIONAL DE TERRITORIOS INDÍGENAS (CNTI) Confederación Indígena Tayrona Carrera 57 # 4ª - 08 Barrio el Galán. Bogotá Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. lentitud o falta de funcionamiento de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas para no cumplir con los acuerdos suscritos. Por lo tanto, reiteramos que a la fecha existen más de 700 solicitudes de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas que están estancadas por la ausencia presupuestal y la ineficacia de la ANT. De esta manera, la priorización de predios no puede utilizarse como excusa para justificar la lentitud y la falta de avance en los procesos de legalización de territorios indígenas, pues la misma se ha hecho juiciosamente a pesar del escaso presupuesto de la ANT.

 

  1. Así mismo, la ausencia reiterada por parte del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación a las sesiones de la CNTI, así como el incumplimiento de sus funciones en el marco del Decreto 1397 de 1996, son una muestra clara de acciones de desconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas por parte del Gobierno Nacional, configurando así un racismo institucional y que como consecuencia de la ausencia de las instituciones generó la no instalación y suspensión de la IV sesión de 2017 de la CNTI.

 

  1. Por último, los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas de Colombia están siendo amenazados por las actuaciones de los Ministerios de Hacienda y del Ministerio de Agricultura (y de sus entidades adscritas), toda vez que a la fecha no han sido presentados oficialmente y aprobados en la CNTI los planes de acción con cronogramas adecuados y presupuestos precisos para el cumplimiento de las disposiciones normativas que buscan garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

 

  1. Todo lo anterior configura un nuevo incumplimiento del Gobierno Nacional a los acuerdos suscritos con los Pueblos Indígenas de Colombia. La violencia que persiste en los territorios, el asesinato de nuestros líderes comunales, la grave situación social de nuestras comunidades y las presiones económicas, mineras y militares sobre nuestros territorios están amenazando nuestra pervivencia física y cultural ante la gran indiferencia del Gobierno Nacional que es renuente a buscar los mecanismos para garantizar nuestros derechos territoriales y proteger nuestros derechos humanos.

 

Teniendo en cuenta lo anterior,

1. Afirmamos que continuaremos defendiendo nuestros territorios, nuestras culturas y nuestras propuestas sociales así nos cueste la vida.

2. Exigimos la anulación de las directrices, resoluciones y decretos inconsultos que a la fecha se han venido aplicando por parte de la ANT en contravía de los derechos territoriales y humanos de los pueblos indígenas.

3. Solicitamos a los Ministerios de Agricultura y Hacienda destinar el presupuesto adecuado y suficiente para la garantía plena de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. En este sentido exigimos se lleve a cabo para 2018 un proceso de redistribución de los recursos al interior del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o una adición presupuestal que permita asignarle al proyecto de inversión de la ANT cuyo objetivo es la legalización y dotación de tierras para pueblos indígenas los recursos solicitados en el marco de la minga 2017.

4. Requerimos la participación y presencia efectiva de las instituciones que hacen parte del Decreto 1397 de 1996. En particular, exigimos la presencia del Viceministro de Agricultura en cumplimiento de su deber de instalación y coordinación de las sesiones conjuntas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas.

5. Exigimos respeto a las funciones de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas por parte de la ANT pues nuestras funciones no deben ser usadas como excusa ante las comunidades para el incumplimiento de sus obligaciones o acuerdos.

6. Exhortamos al Estado colombiano para que se reconozca pública y jurídicamente el derecho sobre nuestros territorios ancestrales y tradicionales, a través de la inmediata expedición de resoluciones provisionales de protección establecidas en el Decreto 2333 de 2014 compilado en el Decreto 1071 de 2015.

7. Ratificamos que la consulta y el consentimiento previo, libre e informado son un derecho fundamental de los pueblos indígenas, por lo tanto, cualquier acto administrativo o legislativo que afecte o incida en nuestros derechos debe ser objeto de consulta.

8. Exigimos la inaplicabilidad del decreto 1858 de 2015 en los procedimientos administrativos de legalización, dotación y protección de territorios indígenas so pena de violar el derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos indígenas.

9. Denunciamos que el indebido tratamiento de gestión y custodia documental por parte de las entidades que históricamente han sido competentes en el tema de tierras en Colombia vulnera el derecho fundamental al debido proceso y trasciende a dificultades en el trámite de los procesos de formalización y dotación de territorios generando la violación al derecho fundamental al territorio.

10. Exigimos que la legalización, dotación y protección de los territorios indígenas sea prioritaria frente a todo proyecto de extracción de hidrocarburos, explotación minero-energética o agroindustrial en ejercicio de nuestra autonomía territorial.

11. Solicitamos a los entes de control respectivos para que en el marco de sus competencias se pronuncien a través de las actuaciones correspondientes.

 

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)

Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) Confederación Indígena Tayrona (CIT)

Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama – AICO

Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor

07 Nov

El municipio de Orito cuenta con una población de aproximadamente Doce mil (12.000) miembros indígenas de 11 Pueblos Indígenas a saber, Camëntŝa Biyá, Siona, Cofán, Embera, Pastos, Pijao, Inga, Nasa, Misak, Awá, Yanacona, representados en tres Organizaciones indígenas así: Asociación De Cabildos Indígenas De Orito Putumayo (CAIOP), con 15 filiales entre Cabildos Resguardos, Asociación de Cabildos Indígenas del pueblo Awá del Putumayo, con 41 filiales entre Cabildos Resguardos y Asociación de Cabildo indígenas del pueblo Embera ACEK-KIPARA con 13 filiales entre Cabildos y Resguardos.

Manifestamos que nos unimos a la MINGA INDIGENA NACIONAL, POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LA PAZ, LA DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA PERVIVENCIA DE LOS PUEBLOS, hemos venido sintiendo afectación grave a nuestra existencia en los territorios que hoy poseemos desde los procesos de lucha, en nuestra identidad cultural, en nuestra cosmovisión y en todos los aspectos que integran a nuestros pueblos asentados en este territorio ancestral de los pueblos indígenas, por el interés de la Multinacionales e intereses de organizaciones conformadas recientemente profanando nuestro nombre, que desconocen las luchas de nuestros pueblos, que su único propósito es el interés económico, de explotación de los recursos naturales y de poder político, a ello se suma el poco interés del Estado de resolver las problemáticas sustanciales de los pueblos indígenas, por el reiterado incumplimiento, revictimizando sistemáticamente a nuestros pueblos indígenas.

“RECHAZAMOS EL USO DE PODER COERCITIVO Y DE REPRESIÓN EJERCIDO POR EL ESTADO COLOMBIANO, REPRESENTADO EN LA FUERZA PÚBLICA, QUE SE HA EXTRALIMITADO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES CON NUESTROS COMUNEROS INDÍGENAS, EXIGIMOS RESPETO POR LA VIDA”.

Ya son siete (07) días de resistencia, cuántas vidas más hay que perder? … para que el Gobierno se siente a dialogar con los pueblos indígenas. A siete años de la expedición del auto 004 de 2009, donde la H. Corte Constitucional ordenó la adopción de medidas de protección a los derechos fundamentales de las personas y pueblos indígenas victimas del desplazamiento forzado, a través de un Plan nacional de garantías y la elaboración Planes de salvaguarda étnica para los 34 pueblos indígenas que se encuentran en peligro de extinción física y cultural, la situación de los pueblos indígenas no ha mejorado en la problemática de fondo o de forma sustancial.

Las promesas han queda en documentos desde varios espacios de lucha nacional que se han encaminado en este sentido.
Hoy tras haberse firmado los Acuerdos de Paz, seguimos sintiendo el rechazo de nuestra existencia por parte del Estado, por esa falta de voluntad política, no se evidencia Garantías para su cumplimiento.

Por tal situación hoy sentimos nuevamente que estamos retrocediendo a mendigar nuestros Derechos a
un Estado que aparentemente tiene todo un Aparato Institucional para salvaguardar los derechos
fundamentales de los Pueblos Indígenas y del que alude ser el patrimonio de la Nación y que gracias al
desmedido desinterés por preservar la cultura de los pueblos nos estamos extinguiendo poco a poco,
desde el DEPARTAMENTO PUTUMAYO LAS AUTORIDADES INDIGENAS , quienes hemos vivido todas
las atrocidades del conflicto al cual nuestros pueblos ha manifestado ser ajeno y que sin desmedro
alguno, ha tenido que resistirlo se pronuncia:

 EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL LA ATENCION A LAS DIVERSAS PETICIONES DE LA
MINGA NACIONAL Y EL COMPROMISO ATENDER LAS DIVERSA SITUACIONES DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS.

 EXIGIMOS A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES PROTECTORES DE DERECHOS
HUMANOS SEAN GARANTES DEL DIALOGO ESTABLECIDO Y ESTAR ATENTOS A LAS
DIVERSOS ABUSOS DE LA FUERZA PUEBLICA CON LOS PARTICIPANTES DE LA MINGA
Y EL EJERCICIO LEGITIMO DE LA RECLAMACION DE SUS DERECHOS.

 EXIGIMOS LA PROTECCION A LOS LIDERES INDIGENAS, AUTORIDADES
TRADICIONALES Y A LA VIDA DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LOS PUEBLOS
INDIGENAS, NO MAS MUERTES…ESTAMOS EN TIEMPOS DE PAZ!.

 EXIGIMOS EL RESPETO DEL ESTADO Y SUS FUNCIONARIOS A NUESTROS MIEMBROS
INDIGENAS QUE SE HAN UNIDO A LA LUCHA, NO A LOS SEÑALAMIENTOS, NO SOMOS
TERRORISTAS

No más a las promesas, ni una mentira más, queremos soluciones reales, no más a los incumplimientos
Estatales, han sido años de espera de falsas expectativas de negociación en las mesas de Concertación y
Mingas de resistencia , hacemos un llamado a los organismos encargados del orden Nacional,
Departamental y Local, a los Organismos Internacionales de Velar por la protección de los Derechos
Humanos, Procuraduría, Defensoría del Pueblo Regional Putumayo, para que coadyuven y sean garantes
reales en pro de resolver nuestros problemas que día a día se ven acrecentados y alertamos sobre
cualquier tipo de desplazamiento, victimización, estigmatización, Señalamientos y toda clase de atropellos
que puedan causar a nuestros líderes, Autoridades y sus firmantes por estos pronunciamientos que
realizamos de derecho.

APOYO TOTAL DE NUESTROS PUEBLOS A ESTA LUCHA, POR LA MEMORIA DE NUESTROS
ANCESTROS, NI UN PASO ATRÁS SIEMPRE ADELANTE….MINGA POR LA VIDA. TODOS UNIDOS.

Acerca de Nosotros

AUTORIDADES  TRADICIONALES  INDIGENAS  DE COLOMBIA es una  organización Nacional  Indígena  con  un proceso  de aproximadamente  40  años, que tiene como objetivo principal la defensa  del territorio  y el fortalecimiento  de la identidad , y cuyo  cumplimiento se plantea  en cada  una  de las actividades  y acciones propuestas desde la coordinación nacional. Mas Información.

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