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04 Mar

Por: Oficina de prensa Gobierno Mayor

Hace dos años, el 29 de enero de 2016, el presidente de la República Juan Manuel Santos sancionó desde Orucué, Casanare, la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, Zidres, enfocada en incentivar el desarrollo agroindustrial de zonas potencialmente productivas del país, pero que por falta de infraestructura y seguridad jurídica no han salido del estancamiento.

Sin embargo, esta Ley ha tenido fuertes críticas porque podría beneficiar directamente a los grandes empresarios y lesionar a los campesinos y comunidades indígenas.

En ese sentido, por ejemplo, la organización Oxfam, que trabaja contra la pobreza en el mundo, manifestó que “estamos en contra de esta iniciativa legislativa (la Ley Zidres) porque atenta contra los derechos de los campesinos, campesinas y la pequeña producción agraria; porque legalizaría la acumulación irregular de tierras que llevan a cabo tanto personas como empresas; y porque esta concentración aumentaría la desigualdad que hoy sufre Colombia”, puntualizó esa Organización.

Esta Ley puede resultar altamente perjudicial no solo para los campesino, sino para los pueblos indígenas del país que habitan regiones como la Altillanura (Meta, Vicahda y Casanare), Córdoba o Magdalenas donde se podrían implementar las Zidres.

De hecho, a finales de 2015 las organizaciones indígenas de Colombia instauraron una demanda, que fue revisada por la Corte Constitucional, argumentando que la Ley Zidres no había surtido el proceso de Consulta Previa. Según la oficina de prensa del Senado de la República, “Wilson Galindo, Representante de la ONIC, Consejero de planes de vida, manifestó que participó en la audiencia del proyecto de Ley realizada en La Primavera, Vichada, y evidenció que esa audiencia no constituye consulta y que en ese sentido, el Proyecto vulnera los derechos y pretensiones que como pueblos indígenas tienen de ampliación, constitución o saneamiento de resguardos”.

Al final la Corte Constitucional falló a favor del Gobierno argumentando que el proceso de Consulta Previa con los resguardos indígenas sí debía realizarse pero de manera individual, en los territorios donde se vayan a implementar estas zonas de desarrollo rural.

El equipo de Comunicaciones de Gobierno Mayor habló respecto a este tema con el Representante del Polo Democrático en la Cámara por Bogotá, Alirio Uribe, quien manifestó que “la Corte Constitucional lo que hizo fue hacerle el juego a los grandes empresarios y a los que promueven las Zidres, sacrificando los derechos de los pueblos indígenas… indudablemente que hay un retroceso de la Corte Constitucional en ese fallo”, concluyó el congresista.

Uribe también expresó que “es indudable que las Zidres amenazan la autonomía de los pueblos indígenas, amenazan el territorio, el modelo de desarrollo propio que ellos tienen, sus planes de vida”. Y dijo que “lo que esperamos es que podamos hacer un control ciudadano, político, técnico, sobre estos temas para evitar un mayor impacto hacia los pueblos indígenas”.

La acción más reciente que se realizado en vísperas de poner a funcionar las Zidres se con el documento emitido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) en donde se establecieron las áreas potenciales en Colombia para establecer estas zonas.

Frente a este punto, el diario El Espectador publicó un artículo titulado ‘Trazando el camino a las Zidres’, en el cual entrevistó a Felipe Fonseca, director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria –Upra-, adscrita al Ministerio de Agricultura y brazo técnico en esta discusión.

Una de las preguntas fue: “¿Cómo se tuvieron en cuenta en esta identificación de áreas potenciales los resguardos indígenas o las zonas de reserva campesina que están en proceso de constitución, y los páramos que todavía están por delimitar?”. En su respuesta Fonseca dijo que “en el artículo 29 de la ley son expresas las restricciones a territorios colectivos y zonas de reserva campesina. Resguardos indígenas y reservas de Ley 70 son una exclusión que quedó definida en el decreto reglamentario. La ley también dice que se deben excluir resguardos indígenas en proceso de constitución, lo que hizo el decreto reglamentario fue determinar a qué se refiere con proceso de constitución, aclara que se entiende a aquellos resguardos que cuenten con un estudio socioeconómico y concepto favorable emitido por la autoridad competente al momento de ser expedida la ley de zidres. El ejercicio de áreas de referencia como insumo para a la identificación de zidres acude a la aplicación precisa de precaución frente a áreas o ecosistemas estratégicos, no solamente delimitados, porque hay muchos ecosistemas delimitados, pero también ecosistemas que, pese a que están delimitados, no están declarados. Entonces llevamos más de un año solicitando información a las autoridades ambientales, a las corporaciones autónomas, al Ministerio de Agricultura, Parques Nacionales, para poder determinar cuáles son esos ecosistemas estratégicos, y los hemos excluido pese a que no estén declarados”.

Pero las afirmaciones del director de la UPRA podrían estar llenas solo de buenas intenciones. Según la abogada Jhenifer Mojica “la restricción normativa de proyectar ZIDRES en territorios étnicos es burlada por la falta de información precisa sobre los territorios que están en proceso de constitución o reconocimiento, y de los territorios ancestrales cuyas demandas históricas ni siquiera han iniciado a atenderse”, dice su artículo publicado en la Silla Vacía.

Mojica también escribió que “la sentencia de la Corte Constitucional (C-077/17) excluyó los territorios étnicos de indígenas y negros que están en proceso de constitución, y no se pronunció respecto a las Zonas de Reserva Campesina que están en proceso de constitución”. De igual manera, “El CONPES no excluye de las zonas para la constitución de ZIDRES aquellas donde se dio despojo y abandono de tierras por desplazamiento forzado de la población en el marco del conflicto armado. Lo cual está establecido legal y constitucionalmente como una causal de restricción para las ZIDRES, aquellas tierras con medidas de protección (individuales o colectivas) y aquellas reclamadas por las víctimas campesinas y étnicas en procesos de restitución de tierras de la ley 1448/11”, concluye la abogada Jhenifer Mojica.

01 Mar

Veinticinco años después de la primera solicitud de constitución de su territorio como resguardo, la comunidad indígena Wayuú del asentamiento de Nuevo Espinal accedió a la formalización de su territorio colectivo, gracias al proceso de restitución de derechos territoriales promovido a su favor, y al Gobierno nacional, a través de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

Desde 1993 esta comunidad solicitó al Incora la titulación como resguardo del territorio, que les fue asignado en aquel año, producto de la reubicación que vivieron forzosamente a raíz de las presiones que, sobre su territorio y su salud, significó el avance de la extracción de carbón.

Una vez reubicados en este asentamiento, la comunidad quedó expuesta a los rigores del conflicto armado, pues la zona sirvió como corredor estratégico, utilizado por los grupos armados ilegales para controlar las rentas derivadas de las extorsiones, y también actividades legales de extracción de recursos naturales.

En estas circunstancias, los habitantes de la comunidad sufrieron afectaciones como desplazamientos, amenazas, intimidaciones y asesinatos selectivos contra sus autoridades tradicionales. No obstante, los indígenas no declinaron en su aspiración de obtener el reconocimiento de su territorio colectivo como resguardo indígena.

Producto de lo anterior, el 23 de junio de 2016 fue expedida la sentencia de restitución de derechos territoriales en favor de la comunidad indígena Wayuú, asentamiento Nuevo Espinal, en jurisdicción del municipio de Barrancas (La Guajira).

La orden segunda de la sentencia en mención se refiere a la culminación del proceso de constitución del resguardo. A través del Acuerdo no. 36 del 11 de diciembre de 2017, la ANT decidió titular el resguardo Nuevo Espinal, integrado por lo que antes fueron los predios Nuevo Hato, El Cerrito, Las Palmiras y Nuevo Sincelejo. Estos son los frutos de la paz que promueve el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a través de la URT. 

01 Mar

El Resguardo Honduras de la comunidad indígena Embera Chamí, ubicada en la vereda San José de Canelos de Florencia, Caquetá, fue notificado por la Unidad para las Víctimas, del pago de indemnización colectiva por $215 millones.

La entrega de los recursos está contemplada en la resolución 01559 de 22 de diciembre de 2017 y beneficiará a 50 familias integradas por 170 personas de la comunidad indígena Embera Chamí.

El objetivo principal de la indemnización es fortalecer el plan de vida de la comunidad a través de la implementación de proyectos productivos incluidos en el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC), que se elaboró de manera conjunta entre la Unidad para las Víctimas y la comunidad indígena, teniendo en cuenta sus derechos y costumbres. Los recursos serán administrados colectivamente por la comunidad.

Voceros de las familias beneficiadas manifestaron que con estos recursos vienen trabajando en proyectos productivos de corto y mediano plazo, inversión en ganadería y en agua potable.

En la jornada, en la que también participaron el Consejo Noruego para Refugiados y la Defensoría del pueblo, la comunidad agradeció la inversión que recibieron por parte de la Unidad para las Víctimas quienes en su intervención manifestaron seguir trabajando en mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes.

Los funcionarios de la Unidad para las víctimas que llegaron a la vereda San José de Canelos a notificar a los Embera Chamí aprovecharon la ocasión para socializar la estrategia ‘Ojo con el fraude’, mediante la cual se alerta a los sobrevivientes del conflicto armado sobre las acciones con las que pueden ser engañados por tramitadores y abogados inescrupulosos.  

27 Feb

Por: oficina de prensa Gobierno Mayor

Durante los días 22 al 25 febrero Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor llevó a cabo la Asamblea Nacional de Pueblos y Autoridades que caminan con la organización, cuyo objetivo principal es fortalecer el Pensamiento Mayor, compartir inquietudes y avances en nuestro quehacer, pero fundamentalmente  para trazar lineamientos que permitan afianzar los procesos que viene trabajando el Movimiento  de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor

A la Asamblea, llevada a cabo en área rural del municipio de La Mesa (Cundinamarca), asistieron más de 200 gobernadores de resguardos ubicados en los departamentos de Cauca, Chocó, Huila, Tolima, Valle del Cauca, Putumayo, Meta, Vichada, Quindío y Córdoba, pertenecientes a los pueblos Camentsá Biya, Embera Dobida, Embera Chamí, Inga, Nasa, Pijao, Misak, Coreguaje, Sikuani, Piapoco, Kichua, Senú, Mapayerri, Piaroa, Yanacona, Wanano, Cubeo, Wounan, Muruy Muina.

Durante los cuatro días de trabajo las Autoridades tuvieron la posibilidad de repensar el caminar del movimiento, y para profundizar en eso se trabajaron cuatro comisiones: 1) Revitalización del Pensamiento Mayor y Derecho Mayor; 2) Políticas propias integrales para la pervivencia y la gobernabilidad; 3) fortalecimiento organizacional, relacionamiento interno y relacionamiento externo; 4) Gestión para la pervivencia y agenda propia.

Para el caso de la comisión número uno, la conclusión principal que se presentó es que “el Pensamiento Mayor estrechamente relacionado con el Derecho Mayor, representa elementos de la tradición, costumbres, las practicas la cotidianidad de las comunidades”. Asimismo se concluyó que “cada pueblo tiene su Pensamiento Mayor, es el cúmulo de todas esas experiencias, vivencias de los pueblos. Es sentir, pensar, obrar y heredar a las generaciones”.

En la comisión de ‘Políticas propias integrales para la pervivencia y la gobernabilidad’ se concluyó que se deben “fortalecer los planes de vida, proteger los sitios sagrados, implementar la objeción cultural, consolidar un diagnostico territorial por parte de cada pueblo indígena, y fortalecer la autonomía y economía propia (fortalecer las semillas propias, se deben implementar algunas estrategias de mercadeo, disponer de los alimentos propios, utilizando la riqueza gastronómica)”.

Otra de las comisiones fue la correspondiente a ‘Fortalecimiento organizacional, relacionamiento interno y relacionamiento externo’. En esta se definió una nueva estructura organizativa para el movimiento de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor; estará conformada por una Autoridad Mayor Colectiva (quien dará la línea política), integrada por un representante de cada pueblo indígena que camina con el Movimiento, y una representación legal que se encargará de la parte netamente administrativa.

Y en la comisión cuarta, ‘Gestión para la Pervivencia y Agenda Propia’, las conclusiones giraron en torno a  que “los mandatos, manifiestos, decisiones de cada pueblo debe ser la base para la construcción de la Agenda Propia”. En este espacio también se concluyó que es necesario “conservar el idioma, rescatar los productos propios -es lo que menos cuesta dinero-, el cuidado de nuestros productos, el cuidado de la tierra para que produzca, rescatar la alimentación y las fuentes hídricas”.

Al finalizar, la Asamblea dejó como Autoridad Mayor Colectiva al Taita Agustín Almendra Cantero, por el pueblo Misak; Mayor Guillermo Salazar León, por el pueblo Nasa; Mayor Luis Ángel Gindrama, por los Embera Dóbida; Mayor Fabio Castillo, en representación de los pueblos Sikuani, Piapoco, Mapayerri y Piaroa; Taita Ángel Jacanamejoy, por el pueblo Camentsá; Mayor Juan Carlos Mamian, en representación de los Yanaconas; Mayora Clara Chaguala Peña, por el pueblo Pijao; Mayor Duberlei Yagari, en representación de los pueblos Wanano, Embera Chamí y Cubeos; Taita José Vicente Jajoy, por el pueblo Inga; los pueblos Wounan y Senú tienen espacio para sus representantes en la Autoridad Mayor, pero lo elegirán en los próximos días.

Para la representación legal del Movimiento la responsabilidad de nuevo recayó en  la Mayora Miryam Chamorro Caldera.

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