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02 May

Tras Primera Sesión 2018 de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), el Gobierno Nacional, los Delegados Indígenas y la Secretaría Operativa de la CNTI, con presencia de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, suscribieron 39 acuerdos para avanzar en materia de derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.

Durante el primer y segundo día de espacio autónomo, los delegados indígenas a la CNTI abordaron distintos temas y pusieron sobre la mesa diversas preocupaciones alrededor de las garantías de los derechos territoriales de sus pueblos, que siguen siendo vulnerados; centrando la discusión en la aplicación del Decreto 1858 de 2015 en territorios ancestrales, el nivel de avance y cumplimiento de los acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional durante el 2017, y la implementación del Decreto 2333 de 2014, sobre la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ancestrales.

El tercer día contó con la presencia los Delegados Indígenas a la CNTI, la Secretaría Operativa de la CNTI, el Viceministerio de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que se ausentó durante la discusión de la tarde y no firmó el acta.

Se reiteró durante la sesión la obligatoriedad de la presencia del Ministerio de Hacienda que no ha asistido a las sesiones, siendo de su competencia.

De los acuerdos suscritos, vale la pena resaltar que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se comprometió a proferir un acto administrativo vinculante, a más tardar el 4 de mayo del año en curso, sobre la no aplicación del Decreto 1858 de 2015 para ningún proceso de garantía de derechos territoriales de pueblos indígenas, en la medida en que son territorios ancestrales y no baldíos.

Los Delegados Indígenas durante la jornada presentaron casos en los que se ha venido aplicando el Decreto 1858, representando una regresividad en la garantía de los derechos territoriales. A pesar de esto, la Agencia Nacional de Tierras sostuvo que no se ha aplicado en ningún caso.

De igual forma, el Viceministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se comprometió a realizar en adelante y de manera directa, la convocatoria a las sesiones de la CNTI, teniendo en cuenta que la misma deberá realizarse con al menos 10 días hábiles de antelación.

A propósito de los incumplimientos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) frente la aplicación del Decreto 2333 de 2014, se acordó que la entidad entregará el Plan de Acción con metas, tiempos, indicadores, presupuesto y criterios de priorización para el día 2 de mayo de 2018. A su vez, que avanzará en los 24 procesos que cuentan con toda la documentación y de acuerdo con el análisis efectuado, definiendo la cantidad de resoluciones a emitir, teniendo en cuenta que estos puntos fueron incumplidos y hasta el momento, luego de cuatros años, no se ha emitido una sola resolución.

La Oficina Jurídica de la ANT se comprometió junto con la DAE, a agilizar los procesos relacionados con los derechos territoriales de pueblos indígenas a través de una estrategia que será socializada en la próxima sesión de la CNTI, puesto que los Delegados Indígenas manifestaron las dificultades que se han producido en esta instancia. La Oficina Jurídica deberá entregar a la CNTI un informe de casos pendientes (identificación, complejidad, estado y tiempo) y se comprometió a otorgar viabilidad jurídica en casos sin dificultad técnica en 5 días hábiles, y para los casos complejos con justificación, en un tiempo de 10 días hábiles.

Se acuerda que la próxima sesión se realizará la primera semana de junio con un desarrollo de cuatro días (4,5,6 y 7) y será convocada por el Viceministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Para la misma, se reitera la necesidad de la asistencia del Ministerio de Hacienda y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para lo cual la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos y la ANT, se comprometen respectivamente a citarlos para la sesión.

Se define por parte de las organizaciones indígenas que el evento nacional de proyecto de clarificación de resguardos de origen colonial y republicano, se realizará el 7, 8 y 9 de mayo; proponiéndose por la urgencia, como fecha para la protocolización el 30 de mayo del año en curso.

01 May

Reforma a Ley de Tierras, la preocupación del indio

Por: Edwin Suárez - Oficina de prensa Gobierno Mayor

Al cacique se le veía un poco confundido, no sé si era porque no entendía nada de lo que el abogado estaba explicando, o por el contrario, entendía a la perfección y caía en cuenta que con esa reforma legislativa se estaba poniendo en riesgo el territorio que milenariamente los suyos han habitado.

Era jueves santo, el equipo técnico de Gobierno Mayo llevaba consigo el peso de haber estado visitando comunidades indígenas por más de 15 días. Ahora estaban en Campo Alegre, una pequeña comunidad de cinco viviendas, ubicada en el Resguardo Tomo Bewery, del municipio de Cumaribo.

Una reforma a la Ley 160 de 1994, conocida comúnmente como Ley de tierras, puso a las organizaciones indígenas del nivel nacional a recorrer el país dando cumplimiento a la Consulta Previa como lo obliga la Organización Internacional del Trabajo en casos como este. ¡Y que oportuna esta Consulta! El Gobierno colombiano se ha metido con lo que más le duele a los Pueblos Indígenas: la tierra.

Cuando Santiago Martínez, el abogado encargado de explicar a las comunidades en qué consistía la reforma, hizo una pausa en su discurso, el cacique levantó la mano, respiro profundo y exclamó: “dígale al Gobierno que no queremos esa reforma porque la Ley actual es la que nos favorece”.

Esas palabras hacían eco a las conclusiones generales que ya habían salido de los talleres realizados días antes en Kabanerruba, Unuma, Sacacure y Caño Cawasi; pero también, esas palabras se las llevaría el viento para que las reuniones que estaban por venir dejaran la misma reflexión: esa reforma terminará por asfixiar a las comunidades indígenas de Vichada y el país.

Aquel jueves santo el día estuvo un poco gris, el calor no fue igual de extenuante que en talleres como el del resguardo Santa Teresita donde la temperatura pudo llegar  a los 35 grados Celsius. Seguro en Campo Alegre ayudó que la maloca en la que se desarrolló el taller tiene el techo de palma de moriche, un aislante natural del calor.

Ya en la hora de almuerzo, con un plato de sancocho, y cazabe (torta hecha de yuca rayada) en mano, el cacique exteriorizó una inquietud seguro hacía mucho rato le rondaba la cabeza. “¿Esta Consulta la están haciendo en todo el país?”. Claro –le respondí -, así como nosotros (el equipo técnico) hay gente en todas las partes del país donde hay comunidades indígenas. Y complementé mis respuesta explicándole que “justo en este momento el movimiento de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor tiene gente trabajando con indígenas de Chocó, Putumayo y Tolima”.

Sin mirarme, el cacique se tomó a sorbos largos su sopa y estuvo de nuevo en su silla esperando retomar el taller que poco a poco le iba mostrando la realidad del país en que nos tocó vivir: un país en donde el Gobierno le quita al pobre para darle al rico, un Gobierno que le quita la tierra al que la defiende y cuida para entregársela a quien la destruye.

Finalmente, el cacique puso su nombre sobre el acta con las conclusiones que desde su resguardo serán presentadas al Gobierno nacional, pero con la incertidumbre de lo que realmente pasará con esa reforma. Él quedó con unos interrogantes más grandes que cuando se sentó en la mañana a escuchar aquella charla, y yo con la certeza de que la reforma a Ley de Tierras es la verdadera preocupación del indio.

28 Abr

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, pidió replantear el esquema de protección de los líderes y defensores de derechos humanos, que a su juicio ya cumplió su ciclo y se debe pensar en una política pública con mecanismos de defensa colectiva y no individual.

“Un ciclo que fue el de la protección individual, la protección urbana, el de la protección reactiva. Estamos frente a nuevos fenómenos en donde tenemos que ser innovadores y pensar en las comunidades”, precisó el jefe del Ministerio Público.

En el foro “Retos y balance de la política de protección y derecho a la vida de líderes y lideresas sociales étnicos”, el Procurador advirtió que “la muerte de un solo líder es de por sí el fracaso del Estado. Sigo convencido de que todos los esfuerzos han sido insuficientes”.

Carrillo Flórez solicitó una ruta de revisión de los mecanismos de protección individuales y colectivos para constituir una Mesa Nacional de Protección que pueda presentar al Gobierno Nacional una propuesta seria y razonable.

“Llamamos al Estado y al Gobierno Nacional a entender que los mecanismos de protección colectiva hay que construirlos con las comunidades y autoridades étnicas. Son ellas las que saben, no podemos seguir legislando a sus espaldas”.

Carrillo Flórez agregó que la Unidad Nacional de Protección no cuenta con los recursos humanos, técnicos y financieros para cumplir las demandas de la protección colectiva, y resaltó la importancia de diseñar una política que recupere lo bueno de la UNP, pero incluya las propuestas nacidas de los pueblos étnicos.

Frente al financiamiento de un nuevo modelo de protección, el Procurador advirtió que “si hubo plata para la guerra, debe haber plata para garantizar la vida de las comunidades”.

Así mismo, envió un mensaje urgente al Gobierno Nacional para que valide y fortalezca los mecanismos de autoprotección de las etnias que vienen funcionando como la guardia indígena, cimarrona, u otros mecanismos propios de la comunidad.

“Tenemos por delante una tarea interinstitucional de gran envergadura que exige imaginación y compromiso. Hay mucho que aprender de las comunidades, hay esperanza por sembrar en la Colombia olvidada”.

El jefe del Ministerio Público resaltó la obligación que existe de subrayar la necesidad del enfoque de género en la protección de las mujeres amenazadas y pidió menos escoltas hombres cuidando lideresas, “no más denuncias de acoso sexual en esos esquemas. Es inadmisible el racismo contra las víctimas”.

Finalmente, criticó la sobredosis de diagnósticos y el déficit de soluciones frente a los asesinatos de líderes sociales, al tiempo que lamentó que “a los líderes los maten a bala y luego la sociedad los elimine con olvido”.

28 Abr

Artículo por: oficina de prensa Gobierno Mayor

En una sesión de trabajo realizada este 27 de abril por la Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente de Concentración y el Ministerio de Salud colombiano, se vienen abordando temas de vital interés para los pueblos indígenas.

Rafael Guayabo, un indígena curripaco de Guainía, es el secretario técnico de esa Subcomisión y le explicó a la oficina de comunicaciones de Gobierno Mayor que se están discutiendo tres temas fundamentales: 1) evaluar 22 acuerdos pactados en el Plan de Desarrollo 2014 – 2018, en materia de salud; 2) evaluar el documento del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI); 3) definir los recursos para la implementación del mismo.

Foto: Rafael Guayabo

El SISPI se viene construyendo desde la Subcomisión de Salud y está contemplado dentro del decreto 1953 de 2014 que le da autonomía a los Pueblos Indígenas. “Después de desarrollarse el SISPI debe haber una implementación y debe tener unas garantías económicas, pero hasta el momento estas aún no están acordadas. Esa esla preocupación de los pueblos indígenas”, expresa Cipriano.

El SISPI tiene aspectos fundamentales que representan una verdadera opción en materia de salud para los Pueblos Indígenas. Son los siguientes: sabiduría ancestral, administración y gestión, el cuidado de la salud propia intercultural, capacitación, formación, uso del conocimiento político organizativo y lo político organizativo.

Juan Carlos Mamián es miembro de la Autoridad Mayor Colectiva de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor, y es Coordinador para los asuntos de la salud. Él estuvo participando en esta sesión y expresa que estos espacios son propicios para decirle al Gobierno nacional que “las políticas de salud de los Pueblos Indígenas son muy diferentes a las accidentales”.

Guayabo manifestó que esta es la última sesión de Subcomisión de Salud en el periodo presidencial de Juan Manuel Santos porque la siguiente reunión se dará en el nuevo mandato presidencial.

Foto: Mayor Juan Carlos Mamián Mamián

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