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12 May

Marquitos sabía que pronto iba a morir y por eso quería dejar un recuerdo en alguien. Su hora llegaba, él partiría de este mundo, pero quería plasmar su recuerdo en una fotografía, con seguridad la última de su existencia y sin saber la primera en cuánto tiempo.

Un día cualquiera de finales de febrero de este año Marcos Gaitán, un indígena sikuani de 95 años –según su propia versión- se apareció como de costumbre en el restaurante Villa Suarez, en El Progreso (Vichada). Venía en su bicicleta, como siempre lo hacía, exclusivamente a que le tomaran la foto. “Yo vengo a despedirme porque siento que me voy a morir, y por eso quiero que me tome una foto”, le dijo a doña Nancy Narváez.

Ese día Marquitos llegó hasta El Progreso con sus últimas fuerzas, las piernas ya no le daban para pedalear como siempre lo había hecho. Él en su caballito de acero recorrió caminos vichadenses a más no poder. Ese día, 26 de febrero, el indiecito cerraba ciclos de su vida: su última foto; su último viaje en bicicleta.

Él es el reflejo fiel de las duras necesidades por las que pasan los adultos mayores de las comunidades indígenas. Viven casi abandonados a su suerte, tratando de rebuscarse los alimentos y rogando a Dios no enfermarse. En Vichada, en toda su historia, este segmento de la población nunca ha tenido programas responsables que le permitan a las personas en su vejez, tener una vida digna.

Pese a esas dificultades, Marquitos siempre estaba feliz, de hecho, irradiaba felicidad. Llegaba siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Era medio sordo, o se hacía, porque escuchaba únicamente lo que le convenía.

Ese 26 de febrero, para Marquitos era una ocasión especial, por eso se puso su mejor pinta, y, ¡listo pa’ la foto, su última foto! Murió en su comunidad Santa Fe, del Resguardo Muco Mayoragua del municipio de Cumaribo, y fue enterrado el pasado 3 de mayo.

11 May

Tomado de: Redacción Vivir – El Espectador

En materia de los impactos del conflicto armado interno, cerca del 3.4% de la población nacional (1.392.623) se vio afectada. De este universo de víctimas, los Pueblos Indígenas representan un 2,6% (8.604.210), con un total de 224.586 casos registrados; lo cual significa que el 16% de las personas indígenas del país, se vieron afectadas por el conflicto.

Por eso, indígenas nukak de Guaviare, Emberá del Pacífico –y Panamá–y Siona del Putumayo hablarán en representación de sus pueblos en la sesión de Audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se celebra  del 3 al 11 de mayo. Su turno es hoy.

La situación de las comunidades asentadas en el departamento del Choco es de especial preocupación, donde 461 familias de los Pueblos Embera y Wounaan fueron desplazadas forzosamente entre 2016 y 2017 por las disputas territoriales entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en el interés de copar los territorios antes controlados por las Farc, según la información recopilada por la Comisión de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.

Por su parte, el Pueblo Siona denunció la presión que reciben por parte de la empresa petrolera Amerisur para realizar actividades de exploración y explotación de petróleo dentro de sus territorios; la amenaza de nuevos actores armados realizando acciones de control territorial y de población y la situación de confinamiento a la que se enfrentan por la existencia de minas antipersona en varios de sus resguardos.

La semana pasada, varios voceros del pueblo siona llegaron a Bogotá para denunciar la situación. Según sus declaraciones, “El pueblo siona está en peligro de extinción. Casi 1.000 personas están confinadas en tres de los seis resguardos y cabildos que tenemos en Putumayo porque hay hostigamientos con grupos armados. Somos gente de chagra y yagé, y esta situación no nos permite ejercer nuestra medicina tradicional”. 

Peligra en particular el centro de su espiritualidad: el rito del yagé. “Es muy difícil para un mayor ir a buscar sus plantas medicinales a la selva porque ya no es fácil transitar. Solo hasta un punto usted encuentra bejucos de yagé, yoco y otras medicinas para purificar, y si en el transcurso pisa una mina, o le dicen que no puede pasar, es grave. Lo otro es que nuestros ritos ceremoniales no los hacemos en cualquier casa. Lo hacemos hacia el fondo de la selva en una casa especial a una hora o más, y vamos en la noche. Así que depende de los actores armados que podamos pasar, eso hace que ya la espiritualidad se sienta contaminada, las autoridades se sientan saboteadas porque no nos dejan desarrollar nuestras prácticas tradicionales”, dijo un vocero que prefiere guardar su identidad.

La situación de los Siona  es especialmente crítica porque, además de ser los guardianes del milenario rito del yagé, están ubicados en una zona estratégica, justo entre la cordillera de los Andes y el comienzo de la región amazónica. En estas montañas nacen los ríos que surten la cuenca hidrográfica del Amazonas, en donde se cuentan unas 14.003 especies de plantas, 2.266 especies de peces (aunque puede haber más), y especies en peligro como el jaguar. 

Asimismo, el pueblo Nukak Maku, el último pueblo nómada de Colombia, cuenta con sólo 500 habitantes quienes viven en territorios fuera de sus espacios naturales donde culturalmente se desenvolvían como pueblo nómada por el desplazamiento forzado, las minas antipersonales, las amenazas de grupos armados, la expansión de la frontera agrícola y las enfermedades.

Según Wikipedia, los nukak maku “habitan las selvas del Guaviare”, pero esto ya no es verdad. La gran mayoría se concentra en la vereda Agua Bonita, a las afueras de San José del Guaviare. Ahí han permanecido desde 1988, cuando varios indígenas de este pueblo nómada (que era una tribu en contacto inicial) salieron a la cabecera municipal de Calamar (Guaviare) asediados por las minas antipersonales.

En ese momento, el 10% de los Nukak aún se encuentran en la vereda que les cedió la alcaldía de San José, según CeroSetenta. “Eso ahora los colonos que están ahí dicen que es de ellos, y si uno entra, lo regañan, pero ese es territorio de nosotros. Hay trocha ganadera que es territorio sagrado, por ejemplo del clan meumuno, ya lo invadieron”.

Se calcula que en Colombia existen 102 pueblos indígenas, de acuerdo a cifras identificadas por distintas organizaciones y entidades que trabajan con estos grupos. Según la Corte Constitucional Colombiana, 36 se encuentran en riesgo de extinción por actos derivados el conflicto armado interno, entre ellos el desplazamiento forzado y los megaproyectos.

Pero otras organizaciones dicen que otros 31 afrontan un riesgo de exterminio por ser muy pequeños, (como los Nonuya, en Amazonas, que son apenas 100 personas), para un total de 67 Pueblos Indígenas en riesgo de desaparición.

El estado colombiano ha dictado sentencias como el Auto 004 de la Corte Constitucional (que reconoce el impacto del conflicto armado, sobre todo el desplazamiento forzado) y ha promulgado leyes como el Decreto Ley 4633 de 2011 para proveer medidas integrales de asistencia, atención, reparación y de restitución de derechos territoriales para las víctimas de los pueblos y comunidades indígenas.

En el periodo de audiencias, que empezó el 3 de mayo y finaliza el 11 de mayo, se hablará sobre la situación de derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores en México, la situación de defensores de víctimas de tortura en México, la situación de derechos humanos de las comunidades indígenas afectadas por derrames de petróleo en Cuninico y Vista Alegre en Perú, las denuncias de violación de derechos humanos a líderes ambientales de Nicaragua, sobre denuncias de homicidios de adolescentes afrodescendientes en Brasil y la protección de los derechos humanos de defensores de derechos humanos después del asesinato de la líder afro y lesbiana Marielle Franco, sobre la justicia militar en Venezuela, independencia jurídica de Ecuador, derechos de personas en discapacidad, aborto en Argentina y derechos reproductivos de niñas y mujeres de América.

Sobre Colombia, además de la vulneración de derechos indígenas, se hablará sobre los desaparecidos dentro del proyecto de Hidroituango, sobre medidas para la protección de pruebas en casos de desaparición forzada en Colombia y se hará un seguimiento al Acuerdo de Paz.

11 May

Terminó la espera de más de 30 años para el resguardo indígena La Laguna Pejendino. Según informó la Agencia Nacional de Tierras, ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Pasto, se dio cumplimiento al acuerdo número 42 del 11 de diciembre de 2017, por medio del cual se constituye el resguardo del pueblo Quillasingas, lo que les garantiza a los miembros de esta comunidad su derecho fundamental de acceso al territorio.

El resguardo, de la que es considerada una de las comunidades indígenas con más alto grado de espiritualidad del territorio, quedó constituido con 21 predios de propiedad del cabildo que suman un total de seis hectáreas.

“Esta es la respuesta a los compromisos asumidos por el gobierno nacional con los pueblos indígenas Pastos y Quillacingas. Lo que está haciendo la máxima autoridad de tierras de este país, significa reconocer el derecho al territorio de una comunidad que históricamente ha venido recuperando su identidad indígena y que ha hecho todo por las vías legales y de manera legítima”, dijo Nicolai Quintana, coordinador de la Agencia de Tierras en Pasto.

Los indígenas Quillasingas están felices porque, según explica Francisco Igu, gobernador del resguardo “esto es lo máximo a lo que uno puede aspirar, es una bendición, ser constituido como resguardo es la reivindicación más alta que nos han otorgado y demuestra que ha valido la espera y que ha valido tener fe en el proceso y en las autoridades”.

La constitución del Resguardo Indígena La Laguna Pejendino del pueblo Quillasingas beneficia a 485 personas, que hacen parte de 125 familias.

09 May

Han pasado 18 años desde que la Corte Constitucional ordenó la Formulación de un Plan de Salvaguarda Étnica para 34 Pueblos Indígenas, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional del Auto 004 de 2009 que busca la protección de los derechos fundamentales de los pueblos que han sido afectados a causa del desplazamiento generado por el conflicto armado.

Uno de esos 34 pueblos es el Sikuani, que se ubica en la Orinoquia colombiana, en los departamentos de Arauca, Guainía, Meta y Vichada. Su Plan de Salvaguarda se llama “Jiwi Sikuanitsi Waja Nakua Liwaisi Namuto”.

El inicio de la construcción de este Plan se dio a finales de 2011 en la que se conoce como la capital del Pueblo Sikuani: Cumaribo, en el departamento de Vichada.

Según Javier Sánchez, coordinador del Plan de Salvaguarda, “la propuesta está cimentada sobre los ejes de Territorio, Educación, Salud, Productividad, Mujer, Familia y Generación, Infraestructura y Gobierno Propio”. Un trabajo técnico y político del cual hacen parte 8 dirigentes y autoridades de los distintos departamentos de la Orinoquia.

Sánchez también manifestó que “este ejercicio de unificación ha sido difícil dada la diversidad que tenemos a pesar de ser un mismo pueblo, ha sido una tarea difícil, torpedeada en varias ocasiones pero aspiramos que en junio se pueda socializar en todos los 6 departamentos el resultado final. Y en junio concertar con el Alto Gobierno todas las propuestas, en las que haya disenso, seguiremos insistiendo a través de la incidencia política y jurídica y si hubiera lugar a través de la resistencia”, puntualizó el líder indígena.

El Mayor Fabio Castillo es el representante del pueblo Sikuani ante la Autoridad Mayor Colectiva de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor. Él asegura que “con ese Plan se pretende proteger y garantizar la pervivencia de los pueblos indígenas en riesgo de extinción física y cultural. De ahí la importancia para que el Estado colombiano cumpla este mandato expedido por la Corte Constitucional”.

Para el Mayor Fabio, “con el cumplimiento de esta sentencia de la Corte Constitucional, los pueblos indígenas tendremos la posibilidad de seguir existiendo como tales, conservando nuestra identidad”.

En ese sentido, Sánchez también manifiesta que “anhelamos que el Plan de Salvaguarda sea el instrumento que garantice nuestra pervivencia como Indígenas Sikuani de Colombia”.

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