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02 May

COMUNICADO No. 1

 

UN MEGA PROYECTO DE MUERTE AMBIENTAL, CULTURAL Y SOCIAL AVANZA SOBRE EL TERRITORIO DEL PUEBLO INDÍGENA NASA EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA - VALLE, COLOMBIA.

 

El Pueblo Indígena Nasa que habita en las estribaciones de la Cordillera Central en el municipio de Florida-Valle, informa a la opinión pública municipal, departamental, nacional e internacional sobre los siguientes acontecimientos:

 

Que desde hace varios años el gobierno nacional y departamental a través del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, ha venido planeando la construcción del megaproyecto de la carretera que unirá al Pacifico (Puerto de Buenaventura) con los departamentos de la Orinoquía colombiana: Meta, Guainía, Vichada y Vaupés. Esta vía, considerada como la mayor autopista 4G de Colombia tendrá un trayecto de 454 kilómetros. Según INVIAS para poder cumplir con esta ambicioso megaproyecto, será necesario traspasar la “Cordillera Central” a través de un túnel de mas de 32 kilómetros, a través de los páramos y estribaciones montañosas de los municipios de Florida y Pradera Valle y Rio Blanco Tolima.

 

Recientemente hemos conocido a través del periódico El País; que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, dio su visto bueno a los permisos para la construcción de este proyecto. Al respecto, el director del INVIAS, Carlos Alberto García Montes ha dicho que lo que sigue es completar los estudios y la estructuración de los contratos respectivos para seguir adelante, esto a pesar de que “hemos tenido algunas dificultades con la comunidad Nasa”, se ha contado con el apoyo de la Gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, quien se ha puesto al frente para sacar adelante las fases del proyecto.

 

En relación con este megaproyecto impulsado por los gobiernos nacional y departamental del Valle a través de INVIAS, el pueblo indígena Nasa del municipio de Florida rechaza de manera enérgica y categórica esta intervención vial y nos pronunciamos, dada las siguientes razones:

 

Primero: En relación con el túnel que romperá o perforará la Cordillera Central, la cual tiene una altura por este lugar de 4.000 metros sobre el nivel del mar, proyecta atravesar el centro del Territorio Sagrado Indígena Nasa; contrario a lo manifestado por el director de INVIAS, cuando aduce que la megavía atravesará la cordillera por estribaciones montañosas cercanas al municipio de Florida.

 

Segundo: Además de cruzar por el centro del Territorio Sagrado Indígena Nasa, “El túnel de 32 kilómetros de largo”, pasaría por debajo de bastas zonas de páramo a 800 o mas metros de profundidad, poniendo en “Alto Riesgo” la permanencia y vida de un sinnúmero de lagunas, humedales, valles, sabanas y peñascos, los cuales están cubiertos por frágiles plantas y arbustos como frailejones y pastizales que son vitales para la supervivencia de estos páramos.

 

Bien es sabido por experiencias de otros proyectos similares, que cuando se hace este tipo de perforaciones a la tierra, “El Agua tiende a profundizarse”, es decir, se seca. Entonces nuestros páramos, lagunas y demás, podrían estar en alto riesgo de desaparecer, situación que nos preocupa enormemente, pues es en estos lugares, donde se crean un sin fin de reservorios de agua, que dan origen a quebradas y ríos (Santa Bárbara y Frayle), los cuales recorren el territorio indígena y nutren a través de acueductos, los cascos urbanos de los municipios de Florida, Pradera y Candelaria.

 

Tercero: En el despunte (salida) en “Territorio Sagrado Indígena Nasa” en el municipio de Florida – Valle, el mega túnel generará un impacto ambiental negativo de grandes proporciones a corto, mediano y largo plazo: secará y contaminará los principales sitios de abastecimiento de agua, tanto para las comunidades indígenas como para el resto de la población, incluidos los cascos urbanos de Florida, Pradera y Candelaria. Invadirá el Territorio Sagrado Indígena, generará descomposición social, contaminación del espacio natural, al final causará pobreza y desplazamiento de las comunidades indígenas.

 

Posición Política: El Pueblo Nasa frente al Mega proyecto vial Pacífico Orinoquía impulsado por el gobierno colombiano y que lo proyectan atravesar por nuestro territorio indígena mediante un mega túnel, manifestamos lo siguiente:

 

  1. 1.    El territorio es una dimensión esencial para el pueblo indígena Nasa, porque los mayores y sabios derivan de él, los conocimientos y sustentos de la vida. El territorio es la base material y espiritual de nuestra existencia. El territorio es arraigo, cultura, autonomía y libertad; es un bien de propiedad colectiva, es fuente de vida y de pervivencia para el pueblo Nasa. Es en estos páramos, compuestos por altos cerros, donde están las lagunas sagradas, lugares donde viven nuestras “deidades” y que se comunican con nosotros y nosotros con ellos a través de los ríos. Los indígenas somos parte de la tierra, por eso la llamamos madre. En estas tierras esta perpetuado el cordón umbilical nuestro y el de los ancestros, que han dejado como legado para sus descendientes estas tierras, las cuales son la “Casa Grande para la Vida” de las presentes y futuras generaciones indígenas; por eso nosotros los Nasa la cuidamos y la defenderemos.
  2. 2.    Rechazamos de manera enérgica y categórica la decisión de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, por conceder y dar visto bueno a las licencias ambientales para la construcción de ésta mega obra vial, que cruzará por nuestro territorio (megatúnel) y que como ya dijimos causará daños irreparables al medio ambiente, a la cultura y a la vida de las sociedades del pueblo indígena Nasa.
  3. 3.    Nosotros los Gobiernos Indígenas, elegidos legítimamente por la comunidad, además de ser Autoridades Indígenas, también somos “Autoridades Ambientales” y somos los que de verdad hemos cuidado y conservado los recursos naturales como patrimonio de vida desde la ancestralidad. Por tal razón, rechazamos y declaramos NO válidas las licencias ambientales que puedan afectar los recursos naturales que existen en nuestro territorio. Nuestra postura será la de hacer respetar nuestra calidad de “Autoridades Ambientales Indígenas” reconocida por tratados internacionales. No permitiremos que otras personas que fingen ser autoridades ambientales con intereses mezquinos y malintencionados, se pasen por encima de nuestro territorio y de nuestra autoridad, violando y pisoteando nuestros Derechos Ancestrales, Legales y Constitucionales. Por tal razón y haciendo uso de estos Derechos, lucharemos por la protección y conservación de los recursos naturales.
  4. 4.    Sabemos que en los últimos tiempos “compañías transnacionales” han despertado una ambición por la explotación de la riqueza natural que se esconde encima y debajo de las tierras de la Orinoquía colombiana. Por eso, para ellos es urgente la construcción de esta megavía y a costa de lo que sea quieren unir la Orinoquía colombiana con el Pacífico (Puerto de Buenaventura) y así, de manera mas fácil, poder seguir saqueando las riquezas naturales que tiene Colombia. Este megaproyecto no significará más que desarrollo para unos pocos; porque para nuestras comunidades será destrucción natural, muerte, desplazamiento y pobreza.

 

Desde este contexto y realidad territorial, hacemos un llamado a la solidaridad: a los organismos locales, regionales, nacionales e internacionales de derechos humanos, a los medios de comunicación alternativos de radio y televisión, a las ONGs ambientalistas, a las organizaciones indígenas hermanas de Colombia, de América y del mundo, a estudiantes, población campesina y urbana de los municipios de Florida, Pradera y Candelaria; a los sindicatos y demás organizaciones gremiales, para que nos acompañen en la lucha por la defensa de nuestro territorio, el cual simboliza armonía, vida y pervivencia para todos los seres.

 

No es que nosotros los indígenas no queramos el desarrollo, lo que pasa es que nosotros queremos la vida. La vida nuestra y la de todos los seres se garantiza, sí y sólo si cuidamos los recursos naturales.

 

Florida Valle, mayo 01 de 2018.

 

Autoridades Tradicionales Indígenas del Pueblo Nasa

Municipio de Florida – Valle Colombia.

 

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02 May

Tras Primera Sesión 2018 de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), el Gobierno Nacional, los Delegados Indígenas y la Secretaría Operativa de la CNTI, con presencia de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, suscribieron 39 acuerdos para avanzar en materia de derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.

Durante el primer y segundo día de espacio autónomo, los delegados indígenas a la CNTI abordaron distintos temas y pusieron sobre la mesa diversas preocupaciones alrededor de las garantías de los derechos territoriales de sus pueblos, que siguen siendo vulnerados; centrando la discusión en la aplicación del Decreto 1858 de 2015 en territorios ancestrales, el nivel de avance y cumplimiento de los acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional durante el 2017, y la implementación del Decreto 2333 de 2014, sobre la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ancestrales.

El tercer día contó con la presencia los Delegados Indígenas a la CNTI, la Secretaría Operativa de la CNTI, el Viceministerio de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que se ausentó durante la discusión de la tarde y no firmó el acta.

Se reiteró durante la sesión la obligatoriedad de la presencia del Ministerio de Hacienda que no ha asistido a las sesiones, siendo de su competencia.

De los acuerdos suscritos, vale la pena resaltar que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se comprometió a proferir un acto administrativo vinculante, a más tardar el 4 de mayo del año en curso, sobre la no aplicación del Decreto 1858 de 2015 para ningún proceso de garantía de derechos territoriales de pueblos indígenas, en la medida en que son territorios ancestrales y no baldíos.

Los Delegados Indígenas durante la jornada presentaron casos en los que se ha venido aplicando el Decreto 1858, representando una regresividad en la garantía de los derechos territoriales. A pesar de esto, la Agencia Nacional de Tierras sostuvo que no se ha aplicado en ningún caso.

De igual forma, el Viceministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se comprometió a realizar en adelante y de manera directa, la convocatoria a las sesiones de la CNTI, teniendo en cuenta que la misma deberá realizarse con al menos 10 días hábiles de antelación.

A propósito de los incumplimientos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) frente la aplicación del Decreto 2333 de 2014, se acordó que la entidad entregará el Plan de Acción con metas, tiempos, indicadores, presupuesto y criterios de priorización para el día 2 de mayo de 2018. A su vez, que avanzará en los 24 procesos que cuentan con toda la documentación y de acuerdo con el análisis efectuado, definiendo la cantidad de resoluciones a emitir, teniendo en cuenta que estos puntos fueron incumplidos y hasta el momento, luego de cuatros años, no se ha emitido una sola resolución.

La Oficina Jurídica de la ANT se comprometió junto con la DAE, a agilizar los procesos relacionados con los derechos territoriales de pueblos indígenas a través de una estrategia que será socializada en la próxima sesión de la CNTI, puesto que los Delegados Indígenas manifestaron las dificultades que se han producido en esta instancia. La Oficina Jurídica deberá entregar a la CNTI un informe de casos pendientes (identificación, complejidad, estado y tiempo) y se comprometió a otorgar viabilidad jurídica en casos sin dificultad técnica en 5 días hábiles, y para los casos complejos con justificación, en un tiempo de 10 días hábiles.

Se acuerda que la próxima sesión se realizará la primera semana de junio con un desarrollo de cuatro días (4,5,6 y 7) y será convocada por el Viceministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Para la misma, se reitera la necesidad de la asistencia del Ministerio de Hacienda y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para lo cual la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos y la ANT, se comprometen respectivamente a citarlos para la sesión.

Se define por parte de las organizaciones indígenas que el evento nacional de proyecto de clarificación de resguardos de origen colonial y republicano, se realizará el 7, 8 y 9 de mayo; proponiéndose por la urgencia, como fecha para la protocolización el 30 de mayo del año en curso.

01 May

Reforma a Ley de Tierras, la preocupación del indio

Por: Edwin Suárez - Oficina de prensa Gobierno Mayor

Al cacique se le veía un poco confundido, no sé si era porque no entendía nada de lo que el abogado estaba explicando, o por el contrario, entendía a la perfección y caía en cuenta que con esa reforma legislativa se estaba poniendo en riesgo el territorio que milenariamente los suyos han habitado.

Era jueves santo, el equipo técnico de Gobierno Mayo llevaba consigo el peso de haber estado visitando comunidades indígenas por más de 15 días. Ahora estaban en Campo Alegre, una pequeña comunidad de cinco viviendas, ubicada en el Resguardo Tomo Bewery, del municipio de Cumaribo.

Una reforma a la Ley 160 de 1994, conocida comúnmente como Ley de tierras, puso a las organizaciones indígenas del nivel nacional a recorrer el país dando cumplimiento a la Consulta Previa como lo obliga la Organización Internacional del Trabajo en casos como este. ¡Y que oportuna esta Consulta! El Gobierno colombiano se ha metido con lo que más le duele a los Pueblos Indígenas: la tierra.

Cuando Santiago Martínez, el abogado encargado de explicar a las comunidades en qué consistía la reforma, hizo una pausa en su discurso, el cacique levantó la mano, respiro profundo y exclamó: “dígale al Gobierno que no queremos esa reforma porque la Ley actual es la que nos favorece”.

Esas palabras hacían eco a las conclusiones generales que ya habían salido de los talleres realizados días antes en Kabanerruba, Unuma, Sacacure y Caño Cawasi; pero también, esas palabras se las llevaría el viento para que las reuniones que estaban por venir dejaran la misma reflexión: esa reforma terminará por asfixiar a las comunidades indígenas de Vichada y el país.

Aquel jueves santo el día estuvo un poco gris, el calor no fue igual de extenuante que en talleres como el del resguardo Santa Teresita donde la temperatura pudo llegar  a los 35 grados Celsius. Seguro en Campo Alegre ayudó que la maloca en la que se desarrolló el taller tiene el techo de palma de moriche, un aislante natural del calor.

Ya en la hora de almuerzo, con un plato de sancocho, y cazabe (torta hecha de yuca rayada) en mano, el cacique exteriorizó una inquietud seguro hacía mucho rato le rondaba la cabeza. “¿Esta Consulta la están haciendo en todo el país?”. Claro –le respondí -, así como nosotros (el equipo técnico) hay gente en todas las partes del país donde hay comunidades indígenas. Y complementé mis respuesta explicándole que “justo en este momento el movimiento de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor tiene gente trabajando con indígenas de Chocó, Putumayo y Tolima”.

Sin mirarme, el cacique se tomó a sorbos largos su sopa y estuvo de nuevo en su silla esperando retomar el taller que poco a poco le iba mostrando la realidad del país en que nos tocó vivir: un país en donde el Gobierno le quita al pobre para darle al rico, un Gobierno que le quita la tierra al que la defiende y cuida para entregársela a quien la destruye.

Finalmente, el cacique puso su nombre sobre el acta con las conclusiones que desde su resguardo serán presentadas al Gobierno nacional, pero con la incertidumbre de lo que realmente pasará con esa reforma. Él quedó con unos interrogantes más grandes que cuando se sentó en la mañana a escuchar aquella charla, y yo con la certeza de que la reforma a Ley de Tierras es la verdadera preocupación del indio.

28 Abr

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, pidió replantear el esquema de protección de los líderes y defensores de derechos humanos, que a su juicio ya cumplió su ciclo y se debe pensar en una política pública con mecanismos de defensa colectiva y no individual.

“Un ciclo que fue el de la protección individual, la protección urbana, el de la protección reactiva. Estamos frente a nuevos fenómenos en donde tenemos que ser innovadores y pensar en las comunidades”, precisó el jefe del Ministerio Público.

En el foro “Retos y balance de la política de protección y derecho a la vida de líderes y lideresas sociales étnicos”, el Procurador advirtió que “la muerte de un solo líder es de por sí el fracaso del Estado. Sigo convencido de que todos los esfuerzos han sido insuficientes”.

Carrillo Flórez solicitó una ruta de revisión de los mecanismos de protección individuales y colectivos para constituir una Mesa Nacional de Protección que pueda presentar al Gobierno Nacional una propuesta seria y razonable.

“Llamamos al Estado y al Gobierno Nacional a entender que los mecanismos de protección colectiva hay que construirlos con las comunidades y autoridades étnicas. Son ellas las que saben, no podemos seguir legislando a sus espaldas”.

Carrillo Flórez agregó que la Unidad Nacional de Protección no cuenta con los recursos humanos, técnicos y financieros para cumplir las demandas de la protección colectiva, y resaltó la importancia de diseñar una política que recupere lo bueno de la UNP, pero incluya las propuestas nacidas de los pueblos étnicos.

Frente al financiamiento de un nuevo modelo de protección, el Procurador advirtió que “si hubo plata para la guerra, debe haber plata para garantizar la vida de las comunidades”.

Así mismo, envió un mensaje urgente al Gobierno Nacional para que valide y fortalezca los mecanismos de autoprotección de las etnias que vienen funcionando como la guardia indígena, cimarrona, u otros mecanismos propios de la comunidad.

“Tenemos por delante una tarea interinstitucional de gran envergadura que exige imaginación y compromiso. Hay mucho que aprender de las comunidades, hay esperanza por sembrar en la Colombia olvidada”.

El jefe del Ministerio Público resaltó la obligación que existe de subrayar la necesidad del enfoque de género en la protección de las mujeres amenazadas y pidió menos escoltas hombres cuidando lideresas, “no más denuncias de acoso sexual en esos esquemas. Es inadmisible el racismo contra las víctimas”.

Finalmente, criticó la sobredosis de diagnósticos y el déficit de soluciones frente a los asesinatos de líderes sociales, al tiempo que lamentó que “a los líderes los maten a bala y luego la sociedad los elimine con olvido”.

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