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09 May

Han pasado 18 años desde que la Corte Constitucional ordenó la Formulación de un Plan de Salvaguarda Étnica para 34 Pueblos Indígenas, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional del Auto 004 de 2009 que busca la protección de los derechos fundamentales de los pueblos que han sido afectados a causa del desplazamiento generado por el conflicto armado.

Uno de esos 34 pueblos es el Sikuani, que se ubica en la Orinoquia colombiana, en los departamentos de Arauca, Guainía, Meta y Vichada. Su Plan de Salvaguarda se llama “Jiwi Sikuanitsi Waja Nakua Liwaisi Namuto”.

El inicio de la construcción de este Plan se dio a finales de 2011 en la que se conoce como la capital del Pueblo Sikuani: Cumaribo, en el departamento de Vichada.

Según Javier Sánchez, coordinador del Plan de Salvaguarda, “la propuesta está cimentada sobre los ejes de Territorio, Educación, Salud, Productividad, Mujer, Familia y Generación, Infraestructura y Gobierno Propio”. Un trabajo técnico y político del cual hacen parte 8 dirigentes y autoridades de los distintos departamentos de la Orinoquia.

Sánchez también manifestó que “este ejercicio de unificación ha sido difícil dada la diversidad que tenemos a pesar de ser un mismo pueblo, ha sido una tarea difícil, torpedeada en varias ocasiones pero aspiramos que en junio se pueda socializar en todos los 6 departamentos el resultado final. Y en junio concertar con el Alto Gobierno todas las propuestas, en las que haya disenso, seguiremos insistiendo a través de la incidencia política y jurídica y si hubiera lugar a través de la resistencia”, puntualizó el líder indígena.

El Mayor Fabio Castillo es el representante del pueblo Sikuani ante la Autoridad Mayor Colectiva de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor. Él asegura que “con ese Plan se pretende proteger y garantizar la pervivencia de los pueblos indígenas en riesgo de extinción física y cultural. De ahí la importancia para que el Estado colombiano cumpla este mandato expedido por la Corte Constitucional”.

Para el Mayor Fabio, “con el cumplimiento de esta sentencia de la Corte Constitucional, los pueblos indígenas tendremos la posibilidad de seguir existiendo como tales, conservando nuestra identidad”.

En ese sentido, Sánchez también manifiesta que “anhelamos que el Plan de Salvaguarda sea el instrumento que garantice nuestra pervivencia como Indígenas Sikuani de Colombia”.

05 May

Por: Edwin Suárez - Oficina de prensa Gobierno Mayor

La gobernadora del resguardo indígena pijao Calapicá, del municipio de Ataco Tolima,  Diana Maritza Figueroa aprendió a jugar cuculumá cuando estaba muy niña. Para el juego se necesita precisión, hay que pasar una especie de canica o boliche, desde la distancia rodándola por el suelo, por los orificios de una tabla que se ubica en el piso. Actualmente, Figueroa es la más reciente campeona de esa práctica de entretenimiento tradicional pijao, en el marco de los juegos indígenas departamentales que se realizan en el Tolima.

Ella tiene un alto interés por los juegos tradicionales y autóctonos de los Pueblos Indígenas. Por eso, junto con otros 50 gobernadores y comuneros participó en la socialización y retroalimentación de los lineamientos de política pública dirigidos a los entes departamentales para el fomento de juegos tradicionales, autóctonos y populares, actividades deportivas y deporte convencional que viene adelantado Coldeportes, como medida de cumplimiento a uno de los acuerdos que desde la Mesa Permanente de Concertación Indígena quedó incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018.

Wilmer Trujillo, coordinador de los lineamientos de esta política pública, estuvo presente en el evento que se desarrolló entre el 4 y 5 de mayo en La Mesa Cundinamarca y explicó a los asistentes que el objetivo de los lineamientos de esta política pública es el de “reconocer los derechos de los Pueblos Indígenas. En este caso a los juegos ancestrales, al deporte y la recreación desde la forma que contribuya a su fortalecimiento cultural y de sus procesos organizativos”.

Una vez protocolizados los lineamientos, el próximo mes de junio, estos serán la misiva que les dice a gobernadores departamentales y alcaldes municipales que por medio de sus entes deportivos deben implementar estrategias y eventos que permitan fortalecer las prácticas deportivas autóctonas, tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas. Además, se convierte en una herramienta para que las mismas comunidades logren que estas prácticas se vean reflejadas en los planes de desarrollo municipal y departamental.

Sin duda, esto ayudará a fortalecer la cultura de muchas comunidades y le dará un empujón a aquellos territorios en los que sin ningún tipo de ayuda estatal hacen un esfuerzo enorme para mantener vivas sus tradiciones a través de juegos ancestrales. Es el caso de resguardo Yacuas de la etnia Yanacona. Año tras año, desde inicios de la década de los 90s, en este territorio realizan los juegos tradicionales.

En los juegos de Yacuas hay uno muy particular. Es enterrar entre la tierra un cuy, solo se le dejan los ojitos y la nariz por fuera. A una persona se le vendan los ojos y con una varita, en un radio de unos cinco metros cuadrados, debe tratar de ubicar dónde está enterrado el animalito. ¿El premio? El cuisito.

Para el gobernador del resguardo Yacuas, Eduard Imbachí, los lineamientos de la política pública que Gobierno Mayor socializa con sus comunidades “son fundamentales porque de cierta manera le dan una ruta para que las comunidades no se sientan abandonadas y se pueda seguir visibilizando, acabar con la negación de estas prácticas culturales”, puntualizó Imbachí.

Una mirada distinta al deporte

Lo más probable es que Coldeportes mira al deporte como una competencia y es común oír hablar de esa institución, sobre todo, cuando se revisan los deportes de alto rendimiento. Los principales logros de la entidad se miden en medallas de oro, algo que dista mucho de la cosmovisión y de la manera en como las comunidades indígenas conciben el deporte.

¿O se imaginan ustedes a las comunidades hace más de 500 años compitiendo por un pedazo de oro? No, porque ese metal precioso no tenía valor y era abundante.

El valor de los deportes para las comunidades gira en torno a la hermandad y el equilibrio. El Taita Manuel Mavisoy, gobernador del resguardo Camentsá Villa, del municipio de Sibundoy Putmayo, explica que en su territorio anualmente realizan juegos que involucran a las etnias camentsá e inga. “El principal objetivo de estos juegos es crea una armonía entre la comunidad”, expresa el Taita Mavisoy.

Con la construcción de los lineamientos de política pública que permitan el fomento de juegos tradicionales, autóctonos y populares, actividades deportivas y deporte convencional, las organizaciones indígenas y Coldeportes han anotado tremendo golazo, se han ganado una verdadera medalla de oro.

03 May

Para que se dé la constitución del resguardo Central Kwexs Kiwe, del municipio de Florida, en el Valle del Cauca, haría falta únicamente la firma del director de la Agencia Nacional de Tierras. Literal. Todo lo demás está listo. Se han surtido y agotado todos los procedimientos que la ley 160/1994 exige para reconocer y constituir el resguardo.

Pero han pasado 18 años y decenas de familias nasas siguen esperando que el Estado colombiano les conceda el derecho que tienen los Pueblos Indígenas al territorio. Ni si quiera un fallo de la Corte Constitucional emitido en 2015 que obligaba a la ANT a realizar esa constitución en dos meses, ha permitido el reconocimiento legal al territorio Central Kwexs Kiwe.

Por eso, según expresa un comunicado de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), “el día de ayer miércoles 2 de mayo, luego de diálogos y reuniones durante todo el día y de recibir como respuesta de funcionarios y directivos de la ANT, la negativa a reconocer la constitución del resguardo, aproximadamente 15 autoridades indígenas del cabildo Central Kwexs kiwe se negaron a salir de las instalaciones de la ANT para realizar una toma pacífica”, en la cual se exige la Constitución del resguardo ya mencionado.

Milton Conda es un consejero de la ONIC y ha acompañado esa lucha de los comuneros nasa de Kwexs kiwe. Él está seguro de que el Gobierno ha retrasado la Constitución de ese territorio porque allí hay seis concesiones mineras y se prevé la construcción de la autopista que conectaría al Pacifico con la Orinoquia.

A esta hora se adelanta una reunión con la Agencia Nacional de Tierras para tratar de darle salida a la problemática. La resistencia continúa.

02 May

El movimiento de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor,  con presencia en catorce departamentos del país compuesto por 653 Autoridades Tradicionales, representadas con sus gobernadores, capitanes, taitas, médicos tradicionales y sabedores ancestrales, con el fin de avanzar y reivindicar los derechos ancestrales y colectivos, especialmente el derecho al territorio; entendido este como el espacio o ámbito que incluye las tres dimensiones: espacio aéreo, suelo y subsuelo, sobre el cual  existe la Madre Tierra, donde se desarrolla todo el contexto de vida, de pervivencia y permanencia integral de los pueblos nativos; donde se recrea la cultura, la integridad de relaciones sociales, culturales y espirituales, que constituyen la base de nuestra permanencia como Pueblos indígenas, es el fundamento para la vida, sin él no hay posibilidad de practicar las diversas culturas de los Pueblos. Por tanto, el territorio tiene un carácter integral y constituye la base de vida de los Pueblos Indígenas.

Como resultado de las diversas reuniones realizadas en un proceso de amplia consulta a los miembros de nuestras comunidades indígenas en el territorio durante la implementación de la ruta metodológica  concertada y protocolizada, en el marco de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas y el gobierno nacional para la consulta previa del Proyecto de Ley “por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones” haciendo uso del derecho a la autodeterminación, presentamos ante el gobierno nacional, a la sociedad colombiana, comunidad internacional y demás comunidades étnicas, nuestro Pensamiento y:

 CONSIDERANDO

Que Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor, dentro de su proceso histórico ha adoptado y defendido los principios fundamentales de territorio, autonomía, identidad cultural y preexistencia, configurándose en las líneas de acción del movimiento, a partir de las cuales se han desarrollado los diferentes mandatos indígenas con base en nuestro Derecho Mayor, Derecho Propio  y Ley de Origen.

Que el gobierno nacional presentó ante la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC) ampliada con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), el  proyecto de Ley “Por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones”; el cual representa  una amenaza de manera directa a la pervivencia de los Pueblos Indígenas en el orden Territorial, ambiental, social, económico y cultural, favoreciendo a las grandes empresas y multinacionales; así  mismo quebrantando el pensamiento y relación de los Pueblos Indígenas, comunidades negras, campesinos y rurales con los territorios.

Que además de las afectaciones señaladas recientemente de manera específica  es contrario al espíritu del Acuerdo de Paz, en relación al punto uno que hace referencia a una reforma rural integral “para una nueva Colombia”, y en consecuencia no tiene en cuenta el punto 6.2 del mismo acuerdo que refiere al capitulo étnico, pretendiendo consolidar un modelo económico extractivista minero energetico, agroindustrial y de hidrocarburos, representando un peligro para los territorios ancestrales frente a la titulación de presuntos baldíos, incrementando los conflictos inter e intra étnicos, desconociendo la autonomía ambiental y territorial de los Pueblos indígenas, ignorando a los Pueblos Indígenas como sujeto político territorial y titular de derechos, remitiendo a procedimientos que no han surtido la consulta previa y por lo tanto, no tienen  reconocimiento de derechos étnicos o en el peor de los casos, conduciendo a focos de corrupción.

Que los Pueblos y comunidades Indígenas que caminamos con Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor, somos dueños y parte integral de los territorios ancestrales y guardianes naturales ejerciendo control ambiental de los mismos; desde nuestra cosmogonía y cosmovisión los hemos conservado y protegido milenariamente en su integralidad.

Que es obligación del Estado dignificar a los pueblos indígenas a través del reconocimiento de las afectaciones e injusticias históricas  territoriales y ambientales y, garantizar nuestros derechos ancestrales, humanos y constitucionales ambientales, mediante medidas y acciones que nos garanticen nuestros derechos colectivos e individuales, principalmente a los derechos de la Madre Tierra, a la identidad, la autonomía, la autodeterminación, al buen vivir y nuestra estrategia de vida para la pervivencia física y cultural; asi mismo, garantizar y difundir la comprensión histórica y cultural propia, que sobre estos derechos tenemos los Pueblos Indígenas.

Que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mas específicamente la sentencia Saramaka contra Surinam (2007), se determinó que para los pueblos indígenas el territorio tiene estrecha relación con derechos como la vida, integridad personal, la propiedad privada y derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, se requiere que los Estados adopten medidas progresivas y de protección de los territorios indígenas.

Que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, ha señalado que las condiciones históricas de violaciones graves y manifiestas de los derechos de los pueblos indígenas, a un ambiente sano y a los recursos naturales presentes en sus territorios, han facilitado que se produzca un impacto o afectación diferencial en estos grupos poblacionales, de especial protección constitucional, de modo que es obligación del Estado atender de manera prioritaria “el mayor riesgo que se cierne sobre los pueblos indígenas, en especial el del exterminio de algunos pueblos, sea desde el punto de vista cultural en razón al desplazamiento y dispersión de sus integrantes, como desde el punto de vista físico debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes" e igualmente por la grave crisis ambiental en sus territorios por los megaproyectos.

Que el Decreto 2333 de 2014 en su artículo 10º establece la “Revocatoria directa de las resoluciones de adjudicación de baldíos a particulares, donde estén establecidas comunidades indígenas. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 69 y 72 de la Ley 160 de 1994 y de conformidad con el Capítulo V del Título II del Decreto Reglamentario número 1465 de 2013, el Incoder podrá revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de adjudicación de tierras baldías donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su  hábitat, proferidas con violación a lo establecido en las normas legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos, asi mismo no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución y ampliación de resguardos indígenas”.

Que en este orden de ideas, cabe considerar que nuestra concepción territorial no concuerda con la visión de ordenamiento espacial que maneja el resto de la nación colombiana porque para nosotros no existe la noción de  territorios baldíos; toda vez que dentro de nuestra cosmovisión existe una dimensión espiritual y cultural más amplia referida a nuestros territorios ancestrales donde la territorialidad no se limita únicamente a una ocupación y apropiación física; sino que esta asociada a aspectos simbólicos y que se articulan con esas otras dimensiones.

Que la Ley 21 de 1991 en su artículo 7° en su Literal 1° ordena: “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.

Que los Pueblos Indígenas, milenariamente hemos sido actores de paz y a la vez víctimas del conflicto armado interno en Colombia; por lo tanto, como  una  contribución al proceso y acuerdo de paz firmado por el gobierno nacional y las FARC -EP, los Pueblos Indigenas de buena fe y por una única vez permitimos el mecanismo abreviado legislativo del Fast Track en los términos en que este se desarrolló, sin que ello implique nuesta renuncia al carácter principal y no subsidiario de la consulta previa, libre e informada y el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición, de modo que se garantice el ejercicio de estos derechos conforme a los estándares constitucionales e internacionales.

Que el Estado colombiano ha adoptado, suscrito y ratificado declaraciones, convenios y tratados internacionales que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, que reconocen los derechos humanos y protegen los derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia a nuestro territorio, al gozo de un ambiente sano y al disfrute de los recursos naturales; un ejemplo de ello es  el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea General de la ONU en septiembre del 2007, Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la OEA el 14 de junio de 2016.

Que la  Corte Constitucional  en la Sentencia T-622 de 2016 reconoce al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas; así mismo la Corte Suprema de Justicia recientemente emitió una sentencia  aprobada el 5 de abril de 2018, donde dice que la Amazonia Colombiana es un “Ecosistema vital para el devenir global, y que en aras de protegerla, se la reconoce como entidad sujeto de derechos, titular de la protección, la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y la entidades regionales que la integran”. A partir de ello, la decisión ordena al gobierno, incluyendo ministerios, agencias y municipios, a iniciar distintas acciones con un objetivo muy ambicioso: cero deforestación.

Y en consecuencia:

MANIFESTAMOS Y RECHAZAMOS

El Proyecto de Ley “por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones” trae consigo una nueva visión del desarrollo del campo sustentado en los pilares de la competitividad y la productividad, bases del modelo económico neoliberal, siendo estas contrarias en sobremanera con las formas propias de auto sostenibilidad y soberanía alimentaria de los pueblos y comunidades indígenas, por lo que considermos es una reforma regresiva de derechos, destructiva y contraria al Pensamiento ancestral de los Pueblos Indígenas, que concebimos el desarrollo desde la armonía y el equilibrio hombre-naturaleza, generándose en consecuencia una mayor protección de la Madre Tierra,

Todas las medidas legislativas y administrativas contrarias a los derechos fundamentales, como la imposición de concesiones para el aprovechamiento de aguas dentro de los territorios indígenas entre otros, que atentan contra la pervivencia como Pueblos originarios y milenarios y que no permiten superar las políticas de asimilación y las acciones que a través del tiempo vienen afectando los territorios ancestrales, las tradiciones; así como las particularidades étnicas y culturales de cada Pueblo.

La negativa del Estado colombiano a reconocer y asumir plenamente el significado de la Madre Tierra, como ser vivo en todas sus partes y su rol determinante para la pervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas.

La reiterada insistencia del Gobierno Nacional a que los pueblos indígenas nos acojamos a la pretensión gubernamental de hacer las Consultas Previas legislativas de manera exprés; puesto que esta práctica no puede convertirse en regla general en la aplicación de este derecho fundamental para nuestros Pueblos.

Al igual que en el punto anterior, el gobierno nacional de manera reiterada busca desconocer el ejercicio al derecho fundamental a la consulta previa libre e informada como lo hizo por ejemplo con la expedición inconsulta de la Ley ZIDRES afectando gravemente los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Por lo tanto:

EXIGIMOS

Respeto y garantía a la pervivencia de los Pueblos Indígenas, reconociendo el derecho a la propiedad de las tierras colectivas sobre nuestros territorios ancestrales en concordancia con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 21 de 1991.

La constitución, ampliación y saneamiento de resguardos así como el reconocimiento de los territorios ancestrales y sitios sagrados con la reafirmación de títulos coloniales y la actualización de los estudios socioeconómicos adoptando las medidas necesarias para evitar los conflictos interétnicos, tales como procesos de concertación con comunidades negras y sectores campesinos.

La legalización de territorios acorde con las practicas culturales de nuestros pueblos, debe convertirse en una garantía de acceso real, efectivo y permanente a los territorios ancestrales para actividades como: rituales, caza, pesca y recolección, aun cuando se encuentren en propiedad privada.

El reconocimiento de la cartografía social trabajada por las comunidades indígenas como documentos válidos para determinar el uso y destino de los espacios territoriales, los cuales deben ser parte integral del levantamiento predial de los territorios ancestrales y tradicionales para la identificcion de acuerdo a lo establecido en el catastro multipropósito.

La consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado como un derecho fundamental de los Pueblos Indígenas. Los resultados de los procesos de consulta previa deben ser vinculantes entre las partes, para los casos de minería, hidrocarburos, obras civiles entre otros. Estos procesos deben ser coordinados por una entidad del Estado especialmente encargada del asunto y contar con veeduría internacional y nacional como garante de la transparencia de los mismos.

La protección especial de las áreas donde se ubican los lugares sagrados; puesto que estas deben estar excluidas de cualquier tipo de actividad extractiva y de construcción de obras de infraestructura. Esto implica la identificación de dichos lugares a lo largo y ancho de la geografía nacional.

La protección de todos  los recursos naturales  existentes en los territorios indígenas y la reparación integral en los casos en que se hayan causado daños; en aplicación y respeto al Derecho Mayor y en concordancia con los principios de la Constitución Política y las leyes en materia ambiental de orden nacional e internacional que no sean contrarias a la ley de Origen

La proscripción de las licencias ambientales que tengan que ver con explotación de recursos del subsuelo, explotación de madera a gran escala y concesión de aguas a particulares dentro de los territorios indígenas, toda vez que estos procesos son contrarios a  la vida, por atentar contra la Madre Tierra y para tal efecto el gobierno nacional debe  firmar y expedir la norma de facultades ambientales a las Autoridades indígenas.

El cumplimiento irrestricto y la vigencia plena de los Planes de Vida, planes de Salvaguarda o sus equivalentes, como instrumentos jurídicos vinculantes para proteger la vida, la integridad, la cultura, el territorio y la autonomía de los Pueblos Indígenas.

Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia

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AUTORIDADES  TRADICIONALES  INDIGENAS  DE COLOMBIA es una  organización Nacional  Indígena  con  un proceso  de aproximadamente  40  años, que tiene como objetivo principal la defensa  del territorio  y el fortalecimiento  de la identidad , y cuyo  cumplimiento se plantea  en cada  una  de las actividades  y acciones propuestas desde la coordinación nacional. Mas Información.

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