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23 Abr

Constituyen resguardo muisca en Cota Cundinamarca

Luego de más de 40 años de lucha, y una puja constante contra el Estado, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) convirtió en propietarias a 316 familias muisca con la constitución de su resguardo, lo que les garantiza a los miembros de esta comunidad su derecho fundamental de acceso al territorio.

En lo más alto del centro espiritual del Resguardo Indígena, más de 200 muiscas del municipio aledaño a Bogotá realizaron un ritual de agradecimiento a la madre tierra, para celebrar la decisión con la que se verán beneficiadas más de 1.036 personas, que, en adelante, y por decisión propia, protegerán 372 hectáreas del territorio cundinamarqués.

El abogado Santiago Martínez acompañó jurídicamente por varios años la ‘pelea’ que tuvieron que dar los muiscas de ese territorio, para ver garantizados sus derechos. “Esto no es una muestra de buena voluntad por parte del Estado, sino que es una demostración que el Estado, para que entre a funcionar, toca es presionarlo mediante acciones jurídicas, porque es la única forma en que el Estado termina cumpliendo su deber”, puntualizó Martínez.

La subdirectora de Asuntos Étnicos de la ANT, Lizbeth Bastidas Jacanamijoy, catalogó el 19 de abril, día en que se entregaron los títulos del Resguardo, como un “día histórico” y aseguró que con esta determinación la máxima autoridad de tierras del país “reivindica los derechos de este pueblo y avanza en su compromiso de garantizar el acceso al territorio a las comunidades étnicas”.

Foto: Santiago Martínez, abogado.

Por su parte, el gobernador Muisca de Cota, Gregorio Chingaté, aseguró que este reconocimiento “representa la verdadera paz y termina con la incertidumbre y preocupación de la comunidad por posibles desplazamientos de familias muiscas a otros municipios o ciudades por falta de oportunidades”.

Con la constitución del Resguardo Indígena Muisca se cumple con lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó a la Agencia Nacional de Tierras adelantar los trámites necesarios para la constitución del resguardo, orden impartida hace ocho años por el Circuito Judicial de Facatativá.

22 Abr

Las Naciones Unidas que la  “‘Madre Tierra’ es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos”.

Justamente el termino Madre Tierra es de uso común en los Pueblos Indígenas de nuestro país, porque para nosotros tierra significa vida. Nada más cierto que el adagio que dice que ‘indio sin tierra no es indio’.

Por eso desde Gobierno Mayor nos sumamos a la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra, y los invitamos a cuidarla y respetarla.

20 Abr

Por: oficina de comunicaciones Gobierno Mayorr

Una tarde tranquila en el casco urbano del municipio de Cumaribo se vio empañada por un grave accidente de tránsito en el que resultaron involucrados una patrulla de la Policía y dos indígenas sikuani, del resguardo Santa Teresita del Tuparro.

Según testigos del acontecimiento, el vehículo oficial se movilizaba a una velocidad promedio de 70 kilómetros por hora, en un lugar donde hay pocos andenes. Allí la gente camina por la calle, compartiendo vía con todo tipo de transporte, incluyendo niños en bicicleta.

El abogado Santiago Martínez, profesional de apoyo de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor, estuvo presente el lugar de los hechos. Él explica que una muestra visible de la velocidad se refleja en los cerca de cinco metros que el carro policial arrastró a los hermanos indígenas.

Los pacientes fueron llevados al hospital local San Juan de Dios por otra patrulla que acudió al lugar de los hechos. Sin embargo, el abogado Martínez denuncia que la Policía intentó recoger la motocicleta y llevarse el vehículo involucrado, sin realizar el croquis judicial que permitirá aclarar responsabilidades en el accidente. ¿A caso intentaban ocultar algo?

En otros accidentes del municipio donde se ha visto involucrada esa Institución, han quedado en la impunidad por el temor de la gente a denunciar. De hecho, frente a este caso, la gente ha presenciado el accidente, pero ninguno se atreve a atestiguar formalmente el hecho. Finalmente, casi a regañadientes, la Policía accedió a realizar el debido levantamiento.

Pero para las dos personas que resultaron gravemente heridas, identificadas como Álvaro Galindo y Sofía Galindo (menor de 4 años), el sufrimiento y la angustia se prolongó más allá de la sala de urgencia del hospital al que fueron llevados.

Por la complejidad de sus heridas, requerían ser trasladados a un hospital de mayor nivel; ese traslado debía realizarse en transporte aéreo hacia la ciudad de Villavicencio. Sin embargo, como fue un accidente de tránsito quien debía cubrir los gastos era el SOAT. Esos trámites administrativos se convirtieron en un dolor de cabeza para la familia, pues el paso del tiempo era una amenaza latente para la vida de sus seres queridos. La Policía, por su parte, poco ayudó en la gestión de ese traslado.

Después de dos días de espera, en horas de la noche del viernes 13 de abril, los pacientes Galindo fueron llevados hasta una clínica en Villavicencio, y empezó otro trauma.

La familiar de los pacientes que viajó con ellos en calidad de acompañante, ha pasado dificultades porque no tiene recursos para su alimentación y hospedaje. Y la EPS a la que está afiliada no le brinda el servicio de albergue, como es natural en estos casos, argumentando que esa responsabilidad es del SOAT. Sin embargo, la Entidad Promotora de Salud estaría en la obligación de prestar el servicio y gestionar el pago ante el seguro de accidentes.

Mientras los dos hermanos indígenas se recuperan en la ciudad de Villavicencio, este suceso deja una reflexión: en algunas partes del país, en este caso Cumaribo, los pueblos indígenas son tratados con discriminación, empezando por la Misma institucionalidad, en este caso de la Policía Nacional, incluso en circunstancias en las que está en riesgo su propia vida.

18 Abr

Esta comunidad, asentada en el municipio de Lejanías, Meta, está compuesta por 24 familias, para un total de 84 personas, quienes con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje iniciaran curso de albañilería para el levantamiento de sus viviendas según tradiciones ancestrales.

La Unidad para las Víctimas informó que en cumplimiento del marco normativo para la asistencia, atención, reparación integral y la restitución de tierras de los pueblos y comunidades indígenas, “busca fortalecer el proceso de habitabilidad de la comunidad Doquera Embera Chamí asentada en el municipio de Lejanías, Meta”.

En el 2016, esta comunidad inició un proceso de reubicación en el marco de los tres principios rectores dentro del protocolo dado por el Estado colombiano, en lo que compete a la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, a ejecutar por la Alcaldía de Granada territorio receptor de la comunidad posterior a los hechos de desplazamiento, y la Alcaldía de Lejanías, municipio a ejecutar el Plan de reubicación.

“Esta comunidad se vio desplazada por el conflicto armado en zonas de Antioquia y del Cauca. Llegaron originalmente a Granada (Meta) y desde ese momento las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas han buscado generar rutas que garanticen su pervivencia y el respeto a sus derechos al ser protegidos especialmente por la legislación colombiana”, indicó Juan Mauricio Zambrano, profesional de reparación colectiva, retornos y reubicaciones de la Unidad para las Víctimas.

Por tal motivo se viene realizando el acompañamiento a este proceso, contando en esta oportunidad con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en la facilitación de un curso de albañilería que les permitirá adecuar el territorio de acuerdo con sus costumbres ancestrales.

Viviana Ladino, funcionaria del Sena, expresó que “se viene trabajando con las diferentes instituciones para brindar a esta comunidad un conjunto de medidas dentro de una oferta institucional, que les permita recuperar sus estilos de vida naturales, entre estos, sus viviendas que se caracterizan por ser tambos rectangulares construidos en guadua, separados entre sí y ocupados por varias generaciones de una familia extensa”. Ladino destacó que “con el curso de albañilería facilitamos que ellos mismos sean partícipes de su proceso de reubicación y reparación”.

La comunidad Doquera Embera Chamí, asentada en el municipio de Lejanías, está compuesta por 24 familias, para un total de 84 personas.

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