El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, pidió replantear el esquema de protección de los líderes y defensores de derechos humanos, que a su juicio ya cumplió su ciclo y se debe pensar en una política pública con mecanismos de defensa colectiva y no individual.

“Un ciclo que fue el de la protección individual, la protección urbana, el de la protección reactiva. Estamos frente a nuevos fenómenos en donde tenemos que ser innovadores y pensar en las comunidades”, precisó el jefe del Ministerio Público.

En el foro “Retos y balance de la política de protección y derecho a la vida de líderes y lideresas sociales étnicos”, el Procurador advirtió que “la muerte de un solo líder es de por sí el fracaso del Estado. Sigo convencido de que todos los esfuerzos han sido insuficientes”.

Carrillo Flórez solicitó una ruta de revisión de los mecanismos de protección individuales y colectivos para constituir una Mesa Nacional de Protección que pueda presentar al Gobierno Nacional una propuesta seria y razonable.

“Llamamos al Estado y al Gobierno Nacional a entender que los mecanismos de protección colectiva hay que construirlos con las comunidades y autoridades étnicas. Son ellas las que saben, no podemos seguir legislando a sus espaldas”.

Carrillo Flórez agregó que la Unidad Nacional de Protección no cuenta con los recursos humanos, técnicos y financieros para cumplir las demandas de la protección colectiva, y resaltó la importancia de diseñar una política que recupere lo bueno de la UNP, pero incluya las propuestas nacidas de los pueblos étnicos.

Frente al financiamiento de un nuevo modelo de protección, el Procurador advirtió que “si hubo plata para la guerra, debe haber plata para garantizar la vida de las comunidades”.

Así mismo, envió un mensaje urgente al Gobierno Nacional para que valide y fortalezca los mecanismos de autoprotección de las etnias que vienen funcionando como la guardia indígena, cimarrona, u otros mecanismos propios de la comunidad.

“Tenemos por delante una tarea interinstitucional de gran envergadura que exige imaginación y compromiso. Hay mucho que aprender de las comunidades, hay esperanza por sembrar en la Colombia olvidada”.

El jefe del Ministerio Público resaltó la obligación que existe de subrayar la necesidad del enfoque de género en la protección de las mujeres amenazadas y pidió menos escoltas hombres cuidando lideresas, “no más denuncias de acoso sexual en esos esquemas. Es inadmisible el racismo contra las víctimas”.

Finalmente, criticó la sobredosis de diagnósticos y el déficit de soluciones frente a los asesinatos de líderes sociales, al tiempo que lamentó que “a los líderes los maten a bala y luego la sociedad los elimine con olvido”.

Artículo por: oficina de prensa Gobierno Mayor

En una sesión de trabajo realizada este 27 de abril por la Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente de Concentración y el Ministerio de Salud colombiano, se vienen abordando temas de vital interés para los pueblos indígenas.

Rafael Guayabo, un indígena curripaco de Guainía, es el secretario técnico de esa Subcomisión y le explicó a la oficina de comunicaciones de Gobierno Mayor que se están discutiendo tres temas fundamentales: 1) evaluar 22 acuerdos pactados en el Plan de Desarrollo 2014 – 2018, en materia de salud; 2) evaluar el documento del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI); 3) definir los recursos para la implementación del mismo.

Foto: Rafael Guayabo

El SISPI se viene construyendo desde la Subcomisión de Salud y está contemplado dentro del decreto 1953 de 2014 que le da autonomía a los Pueblos Indígenas. “Después de desarrollarse el SISPI debe haber una implementación y debe tener unas garantías económicas, pero hasta el momento estas aún no están acordadas. Esa esla preocupación de los pueblos indígenas”, expresa Cipriano.

El SISPI tiene aspectos fundamentales que representan una verdadera opción en materia de salud para los Pueblos Indígenas. Son los siguientes: sabiduría ancestral, administración y gestión, el cuidado de la salud propia intercultural, capacitación, formación, uso del conocimiento político organizativo y lo político organizativo.

Juan Carlos Mamián es miembro de la Autoridad Mayor Colectiva de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor, y es Coordinador para los asuntos de la salud. Él estuvo participando en esta sesión y expresa que estos espacios son propicios para decirle al Gobierno nacional que “las políticas de salud de los Pueblos Indígenas son muy diferentes a las accidentales”.

Guayabo manifestó que esta es la última sesión de Subcomisión de Salud en el periodo presidencial de Juan Manuel Santos porque la siguiente reunión se dará en el nuevo mandato presidencial.

Foto: Mayor Juan Carlos Mamián Mamián

Continúa la segunda fase de la ruta metodológica concertada con el Ministerio del Interior, la Dirección de Asuntos Indígenas ROOM y minorías, para la estructuración de la Política Étnica del Guainía.

En esta ocasión la movilización se desarrolló en la comunidad de Sabanitas, área rural del municipio de Inírida, donde asistieron los habitantes de la comunidad de Tierra Alta y algunos líderes de la comunidad de Guamal, aportando información de gran interés para la construcción de esta política.

Este proceso está direccionado a la movilización ciudadana para la recolección de dicha información orientada a conocer la percepción de las comunidades indígenas, respecto a las líneas temáticas a implementar desde la Política Étnica del Guainía.

Se han organizado mesas temáticas en (salud, proceso organizativo de la comunidad, educación, agricultura, planeación, Ámbito social y creencias), con el objetivó de alimentar el diagnostico participativo y generar una base sólida de participación poblacional para generar el criterio de priorización de pilares del documento.

En el marco de la Comision de Territorios que avanza en sus sesiones de 23, 24 y 25 de abril, se desarrolla una amplia agenda en la atención de temas de suma importancia para afianzar derechos territoriales para Pueblos Indígenas.

El decreto 2333 de 2014 es una norma que permite proteger territorios ancestrales, y se acordó hace 4 años, sin embargo, los resultados desde el Gobierno Nacional a la fecha son casi nulos:

-          103 solicitudes de protección al territorio, radicados formalmente en la Agencia Nacional de Tierras.

La Agencia Nacional de Tierras durante el 2017  mencionó que contaba con la proyección de tres(3) medidas provisionales de protección: Municipio de Cumaribo Vichada comunidad del Pueblo Sikuani de Awia Tuparro, la comunidad Inga de San Pedro en el Departamento del Putumayo y Nacuenudorro del Pueblo Mapallery en Vichada,  estos últimos en grave peligro de extinción porque  solo quedan 19 familias para un total de 68 personas; Sin embargo, estas solicitudes fueron detenidas a la espera de viabilidad por parte de la oficina jurídica de la ANT, que exige una apertura de un folio de matrícula ( Decreto 1858/2015) debido a que son predios que estan dentro de un gran parque Natural, por esta razón solicita conceptos a Parques Nacionales PNN y al Ministerio de Ambiente para la continuidad del procedimiento. Lo que más llama la atención, es que a marzo de 2018 se observa que las tres medidas proyectadas desde el año anterior no fueron expedidas y lo más grave es que no se encuentra en el plan de acción para la implementación del decreto, actualmente

-          En concreto las medidas de protección a territorios ancestrales a la fecha no se ha protegido ningún territorio bajo la luz de esta norma

La Comision Nacional de Territorio CNTI, espacio donde tienen asiento las organizaciones Nacionales  Indígenas:  Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor, La Confederación Indígena Tayrona CIT, la Organización de los Pueblos de la Amazonia Colombiana OPIAC, LA Organización Nacional Indígena ONIC y Autoridades Indígenas de Colombia por la PACHAMAMA, han venido abordando temas cruciales además, la Constitución, ampliación y saneamiento de resguardos, acuerdos de paz especialmente en lo referido al acuerdo primero.

Señalaron los miembros de la Comision de Territorios  que  los avances  son mínimos

Evaristo Moya  delegado por la Macro norte señala que: “Lleva cuatro años como delegado en la Comision Nacional de Territorio y no observa muchos avances del Gobierno Nacional”

El ex constituyente José Peña mencionó que: Con mucho esfuerzo se logro impulsar desde la lucha indígena la expedición del decreto 2333 en 2014 para proteger territorios, pero casi de manera inmediata el Gobierno Nacional como medio de oposición emitió el decreto 1858 de 2015 para contrarrestar el decreto 2333 de 2015 que exige procedimientos que le colocan mas requisitos a la implementación del decreto de protección, y así hasta la fecha no tenemos firmado el decreto Autoridad ambiental entre otros

Finalmente señala Chepe Peña que: si hasta mayo no hay respuestas, en el Cauca se van a movilizar, y es una decisión tomada de las Autoridades de base.