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16 Feb

Por: Equipo de prensa Gobierno Mayor

Según un comunicado emitido por la Asociación OREWA la tarde de este 16 de febrero, denuncian que un total de 19 familias, que suman 64 indígenas, entre ellos 13 menores en edad escolar, y una mujer gestante, permanecen en la sede de esa Organización, desde la noche de este 15 de febrero, en condición de desplazamiento.

También en la comunicación expresan que “en la zona hay aproximadamente 60 familias, de las cuales algunas ya salieron de la Comunidad y están en camino de llegar y sumarse a las que se encuentran en este momento en Quibdó”.

Según relata la OREWA, “desde el mes de enero, la guardia Indígena en ejercicio de la autonomía y el control territorial del Resguardo, ha encontrado cambuches instalados, que pertenecerían supuestamente al ELN, además miembros de la Comunidad han encontrado a estos sujetos dentro de su Resguardo, lo que aumenta el temor dentro de la población”, puntualiza el comunicado.

La Organización OREWA, con sede en Quibdó (Chocó), manifiesta que “presuntamente el ELN, viene amenazando y preguntando a la Comunidad, por los líderes de otras zonas del Resguardo, lo que ha hecho que muchos hayan decidido salir de su territorio ancestral”.

Lo más grave que “este Resguardo se encuentra protegido bajo sentencia 007 del 23 de septiembre de 2014, que ordena al Gobierno Nacional, proteger los derechos territoriales de estas comunidades”, pero ocurre todo lo contrario: abandono y desplazamiento.

Frente a los hechos que se vienen presentado, la OREWA hace un llamado, al que también nos sumamos desde Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, para que “las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para que trabajemos en conjunto y dar soluciones inmediatas a las familias que se encuentran desplazadas y las que posiblemente irán llegando en el transcurso de hoy o mañana”.

“El conflicto armado y la falta de garantías del Gobierno Nacional, ha llevado a que forzosamente nuestros indígenas hayan dejado su territorio ancestral y hoy nuestros niños y mujeres corran el riesgo que sus condiciones de vida empeoren con el pasar de las horas”, concluye el comunicado a la opinión pública.

16 Feb

Por: Equipo de prensa Gobierno Mayor

Entre los días del 22 al 25 de febrero de este año Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, realizará el ‘Encuentro Nacional de Pueblos y Autoridades Indígenas de Colombia’, cuyo objetivo es hacer fluir la palabra, repensar nuestras realidades para preservar la vida y la Madre Tierra, así como fortalecer nuestro Pensamiento Mayor y Principios.

El Encuentro tendrá lugar en la finca La María ubicada muy cerca de la población La Gran Vía, en inmediaciones del municipio de La Mesa (Cundinamarca).

En los siguientes mapas usted podrá encontrar la ruta que deben recorrer las Autoridades que vienen desde los diferentes territorios del país.

La ruta para llegar a la finca La María, desde Bogotá, es la siguiente:

Para quienes vienen desde los Llanos Orientales, deben llegar primero a Villavicencio, y luego seguir la ruta del mapa:

Esta es la mejor manera de llegar para quienes vienen desde Mocoa y el sur del país:

Y para quienes vienen de Medellín o el occidente y noroccidente colombiano, esta es la ruta:

 

15 Feb

Por: Oficina de comunicaciones Gobierno Mayor

Hace 10 meses los hermanos indígenas del Resguardo Corozal – Tapaojo, de las etnias Piapoco y Saliva, se tomaron la vía que pasa por la mitad de su territorio, y que conduce de Puerto Gaitán (Meta) a Puerto Carreño (Vichada). Esta es una medida para reclamar derechos frente al abandono en el que se encuentran.

El equipo de prensa de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor habló con Miyer Merchán Catimay, gobernador del Resguardo, para que nos contextualizara frente a la situación por la que pasa su territorio.

“El problema actual es que por el desarrollo que hace algunos años se presenta en la región se ha incrementado el flujo de vehículos de carga. Como el deterioro de la vía cada vez es mayor, los carros y camiones buscan por las sabanas trochas alternas al terraplén; y eso es lo que reclaman los indígenas, pues afecta las tierras que el Resguardo destina a la ganadería”, explicó Merchán.

Además, el gobernador manifiesta que el deterioro de la vía le ha afectado también en el sector salud porque ellos reciben servicios médicos en el casco urbano de Puerto Gaitán, a unos 155 kms del Resguardo, y ese recorrido que antes lo hacían en cuatro horas, ahora son aproximadamente 7 o 8 horas en verano, y en invierno hasta 24 horas o más.

El bloqueo adelantado por los hermanos indígenas cumple casi un año. Y aunque se ha tratado de buscar una solución por parte de la Gobernación del Meta y la Alcaldía de Puerto Gaitán, la situación parece no tener una salida tan clara. Justamente, una de esas soluciones la plantea a medias la Sala de Decisión Civil Familia Laboral del  Tribunal Superior Judicial de Villavicencio.

Dando respuesta a una Acción de Tutela generada por el señor Guillermo Franco Restrepo contra la alcaldía de Puerto Gaitán, mediante la cual manifiesta que le están siendo vulnerados sus derechos fundamentales a la libertad de locomoción, trabajo, seguridad, medio ambiente y salud pública; el Tribunal de Villavicencio ordena al “ciudadano Miyer Hermes Merchán Catimay en su calidad de Gobernador y/o Capitán Mayor del Resguardo indígena "Corozal Tapaojo" que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, si aún no lo hubiere hecho, proceda a realizar las labores pertinentes que conlleven al efectivo levantamiento del bloqueo que se presenta por parte de los miembros de las comunidades indígenas que residen en dicho resguardo, sobre el tramo de la vía carreteable que cruza por los territorios que componen dicha reserva indígena, a fin que, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, tal corredor vial se encuentre totalmente despejado y se permita la transitabilidad de dicha carretera al accionante, sin que haya lugar a solicitar ningún tipo de pagos y/o prebendas”, dice textualmente el documento.

Sin embargo, la interpretación que Merchán Catimay y su Resguardo le dan al fallo es que deben permitir el paso únicamente a los vehículos del señor Guillermo Franco. “El fallo ya está en cumplimiento por nuestra parte. Ya están transitando los vehículos del señor… y los demás (vehículos) no hay la posibilidad aun todavía (sic) de su tránsito”, manifestó el gobernador.

Los indígenas también manifiestan que la vía no hace parte del inventario de vías nacionales del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), por tanto la consideran una vía privada sobre la cual tienen potestad de restringir el paso.

Frente a esta última afirmación, según el fallo del Tribunal de Villavicencio, el INVIAS se pronunció: “el acto legal que incorpore a la red nacional de carreteras los tramos entre el sector La Arepa en el Meta y el Puente Juriepe (Puerto Carreño – Vichada), no se ha dado a la fecha a pesar de que existe el carreteable con su ancho de vía, con obras como alcantarillas y pontones además de señalización vertical que es escasa pero existe”.

Ahora, si esta es una vía que no hace parte del inventario nacional de vías, sería una vía terciaria, a cargo del municipio en donde se encuentre ubicada, en este caso, Puerto Gaitán. Sin embargo, está entidad ha manifestado que “ha realizado todas las labores que se encuentran 'a su alcance para superar tal contingencia, dentro de las que se encuentra la realización de Consejos Extraordinarios de Seguridad, la participación en Mesas de Trabajo Departamentales y la formulación de varias solicitudes y consultas a entidades del orden nacional, tales como el Ministerio del Interior, la ANI y el INVIAS en aras de establecer la naturaleza y/o clasificación de la vía que se encuentra afectada y de esta forma, esclarecer quien es la autoridad competente para negociar con los miembros del resguardo indígena y garantizar su transitabilidad”. Además, desde la Alcaldía también expusieron que "...si la autoridad judicial considera que se debe acceder la pretensión principal (...) se solicita se señale la ruta de acción para no vulnerar con esta acción restrictiva los derechos fundamentales de la comunidad indígena Corozal Tapaojo...".

Mientras tanto, en Corozal Tapaojo siguen buscando “que se abra un acercamiento o diálogos con las respectivas empresas que están transitando por nuestro territorio, que son más de 20 - 25 empresas”. Según Merchán, este dialogo debe ser propiciado por el Estado, tanto entidades locales como nacionales.

“Estamos cansados de engaños y compromisos falsos. Ahora queremos es que directamente las empresas tengan la disposición de abrir un dialogo con el resguardo, y estamos a la disposición a cualquier hora en tener ese acercamiento y así solucionar todo”, puntualizó el Gobernador indígena.

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