El movimiento de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor, con presencia en catorce departamentos del país compuesto por 653 Autoridades Tradicionales, representadas con sus gobernadores, capitanes, taitas, médicos tradicionales y sabedores ancestrales, con el fin de avanzar y reivindicar los derechos ancestrales y colectivos, especialmente el derecho al territorio; entendido este como el espacio o ámbito que incluye las tres dimensiones: espacio aéreo, suelo y subsuelo, sobre el cual existe la Madre Tierra, donde se desarrolla todo el contexto de vida, de pervivencia y permanencia integral de los pueblos nativos; donde se recrea la cultura, la integridad de relaciones sociales, culturales y espirituales, que constituyen la base de nuestra permanencia como Pueblos indígenas, es el fundamento para la vida, sin él no hay posibilidad de practicar las diversas culturas de los Pueblos. Por tanto, el territorio tiene un carácter integral y constituye la base de vida de los Pueblos Indígenas.
Como resultado de las diversas reuniones realizadas en un proceso de amplia consulta a los miembros de nuestras comunidades indígenas en el territorio durante la implementación de la ruta metodológica concertada y protocolizada, en el marco de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas y el gobierno nacional para la consulta previa del Proyecto de Ley “por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones” haciendo uso del derecho a la autodeterminación, presentamos ante el gobierno nacional, a la sociedad colombiana, comunidad internacional y demás comunidades étnicas, nuestro Pensamiento y:
CONSIDERANDO
Que Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor, dentro de su proceso histórico ha adoptado y defendido los principios fundamentales de territorio, autonomía, identidad cultural y preexistencia, configurándose en las líneas de acción del movimiento, a partir de las cuales se han desarrollado los diferentes mandatos indígenas con base en nuestro Derecho Mayor, Derecho Propio y Ley de Origen.
Que el gobierno nacional presentó ante la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC) ampliada con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), el proyecto de Ley “Por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones”; el cual representa una amenaza de manera directa a la pervivencia de los Pueblos Indígenas en el orden Territorial, ambiental, social, económico y cultural, favoreciendo a las grandes empresas y multinacionales; así mismo quebrantando el pensamiento y relación de los Pueblos Indígenas, comunidades negras, campesinos y rurales con los territorios.
Que además de las afectaciones señaladas recientemente de manera específica es contrario al espíritu del Acuerdo de Paz, en relación al punto uno que hace referencia a una reforma rural integral “para una nueva Colombia”, y en consecuencia no tiene en cuenta el punto 6.2 del mismo acuerdo que refiere al capitulo étnico, pretendiendo consolidar un modelo económico extractivista minero energetico, agroindustrial y de hidrocarburos, representando un peligro para los territorios ancestrales frente a la titulación de presuntos baldíos, incrementando los conflictos inter e intra étnicos, desconociendo la autonomía ambiental y territorial de los Pueblos indígenas, ignorando a los Pueblos Indígenas como sujeto político territorial y titular de derechos, remitiendo a procedimientos que no han surtido la consulta previa y por lo tanto, no tienen reconocimiento de derechos étnicos o en el peor de los casos, conduciendo a focos de corrupción.
Que los Pueblos y comunidades Indígenas que caminamos con Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor, somos dueños y parte integral de los territorios ancestrales y guardianes naturales ejerciendo control ambiental de los mismos; desde nuestra cosmogonía y cosmovisión los hemos conservado y protegido milenariamente en su integralidad.
Que es obligación del Estado dignificar a los pueblos indígenas a través del reconocimiento de las afectaciones e injusticias históricas territoriales y ambientales y, garantizar nuestros derechos ancestrales, humanos y constitucionales ambientales, mediante medidas y acciones que nos garanticen nuestros derechos colectivos e individuales, principalmente a los derechos de la Madre Tierra, a la identidad, la autonomía, la autodeterminación, al buen vivir y nuestra estrategia de vida para la pervivencia física y cultural; asi mismo, garantizar y difundir la comprensión histórica y cultural propia, que sobre estos derechos tenemos los Pueblos Indígenas.
Que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mas específicamente la sentencia Saramaka contra Surinam (2007), se determinó que para los pueblos indígenas el territorio tiene estrecha relación con derechos como la vida, integridad personal, la propiedad privada y derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, se requiere que los Estados adopten medidas progresivas y de protección de los territorios indígenas.
Que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, ha señalado que las condiciones históricas de violaciones graves y manifiestas de los derechos de los pueblos indígenas, a un ambiente sano y a los recursos naturales presentes en sus territorios, han facilitado que se produzca un impacto o afectación diferencial en estos grupos poblacionales, de especial protección constitucional, de modo que es obligación del Estado atender de manera prioritaria “el mayor riesgo que se cierne sobre los pueblos indígenas, en especial el del exterminio de algunos pueblos, sea desde el punto de vista cultural en razón al desplazamiento y dispersión de sus integrantes, como desde el punto de vista físico debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes" e igualmente por la grave crisis ambiental en sus territorios por los megaproyectos.
Que el Decreto 2333 de 2014 en su artículo 10º establece la “Revocatoria directa de las resoluciones de adjudicación de baldíos a particulares, donde estén establecidas comunidades indígenas. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 69 y 72 de la Ley 160 de 1994 y de conformidad con el Capítulo V del Título II del Decreto Reglamentario número 1465 de 2013, el Incoder podrá revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de adjudicación de tierras baldías donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, proferidas con violación a lo establecido en las normas legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos, asi mismo no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución y ampliación de resguardos indígenas”.
Que en este orden de ideas, cabe considerar que nuestra concepción territorial no concuerda con la visión de ordenamiento espacial que maneja el resto de la nación colombiana porque para nosotros no existe la noción de territorios baldíos; toda vez que dentro de nuestra cosmovisión existe una dimensión espiritual y cultural más amplia referida a nuestros territorios ancestrales donde la territorialidad no se limita únicamente a una ocupación y apropiación física; sino que esta asociada a aspectos simbólicos y que se articulan con esas otras dimensiones.
Que la Ley 21 de 1991 en su artículo 7° en su Literal 1° ordena: “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.
Que los Pueblos Indígenas, milenariamente hemos sido actores de paz y a la vez víctimas del conflicto armado interno en Colombia; por lo tanto, como una contribución al proceso y acuerdo de paz firmado por el gobierno nacional y las FARC -EP, los Pueblos Indigenas de buena fe y por una única vez permitimos el mecanismo abreviado legislativo del Fast Track en los términos en que este se desarrolló, sin que ello implique nuesta renuncia al carácter principal y no subsidiario de la consulta previa, libre e informada y el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición, de modo que se garantice el ejercicio de estos derechos conforme a los estándares constitucionales e internacionales.
Que el Estado colombiano ha adoptado, suscrito y ratificado declaraciones, convenios y tratados internacionales que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, que reconocen los derechos humanos y protegen los derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia a nuestro territorio, al gozo de un ambiente sano y al disfrute de los recursos naturales; un ejemplo de ello es el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea General de la ONU en septiembre del 2007, Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la OEA el 14 de junio de 2016.
Que la Corte Constitucional en la Sentencia T-622 de 2016 reconoce al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas; así mismo la Corte Suprema de Justicia recientemente emitió una sentencia aprobada el 5 de abril de 2018, donde dice que la Amazonia Colombiana es un “Ecosistema vital para el devenir global, y que en aras de protegerla, se la reconoce como entidad sujeto de derechos, titular de la protección, la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y la entidades regionales que la integran”. A partir de ello, la decisión ordena al gobierno, incluyendo ministerios, agencias y municipios, a iniciar distintas acciones con un objetivo muy ambicioso: cero deforestación.
Y en consecuencia:
MANIFESTAMOS Y RECHAZAMOS
El Proyecto de Ley “por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones” trae consigo una nueva visión del desarrollo del campo sustentado en los pilares de la competitividad y la productividad, bases del modelo económico neoliberal, siendo estas contrarias en sobremanera con las formas propias de auto sostenibilidad y soberanía alimentaria de los pueblos y comunidades indígenas, por lo que considermos es una reforma regresiva de derechos, destructiva y contraria al Pensamiento ancestral de los Pueblos Indígenas, que concebimos el desarrollo desde la armonía y el equilibrio hombre-naturaleza, generándose en consecuencia una mayor protección de la Madre Tierra,
Todas las medidas legislativas y administrativas contrarias a los derechos fundamentales, como la imposición de concesiones para el aprovechamiento de aguas dentro de los territorios indígenas entre otros, que atentan contra la pervivencia como Pueblos originarios y milenarios y que no permiten superar las políticas de asimilación y las acciones que a través del tiempo vienen afectando los territorios ancestrales, las tradiciones; así como las particularidades étnicas y culturales de cada Pueblo.
La negativa del Estado colombiano a reconocer y asumir plenamente el significado de la Madre Tierra, como ser vivo en todas sus partes y su rol determinante para la pervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas.
La reiterada insistencia del Gobierno Nacional a que los pueblos indígenas nos acojamos a la pretensión gubernamental de hacer las Consultas Previas legislativas de manera exprés; puesto que esta práctica no puede convertirse en regla general en la aplicación de este derecho fundamental para nuestros Pueblos.
Al igual que en el punto anterior, el gobierno nacional de manera reiterada busca desconocer el ejercicio al derecho fundamental a la consulta previa libre e informada como lo hizo por ejemplo con la expedición inconsulta de la Ley ZIDRES afectando gravemente los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Por lo tanto:
EXIGIMOS
Respeto y garantía a la pervivencia de los Pueblos Indígenas, reconociendo el derecho a la propiedad de las tierras colectivas sobre nuestros territorios ancestrales en concordancia con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 21 de 1991.
La constitución, ampliación y saneamiento de resguardos así como el reconocimiento de los territorios ancestrales y sitios sagrados con la reafirmación de títulos coloniales y la actualización de los estudios socioeconómicos adoptando las medidas necesarias para evitar los conflictos interétnicos, tales como procesos de concertación con comunidades negras y sectores campesinos.
La legalización de territorios acorde con las practicas culturales de nuestros pueblos, debe convertirse en una garantía de acceso real, efectivo y permanente a los territorios ancestrales para actividades como: rituales, caza, pesca y recolección, aun cuando se encuentren en propiedad privada.
El reconocimiento de la cartografía social trabajada por las comunidades indígenas como documentos válidos para determinar el uso y destino de los espacios territoriales, los cuales deben ser parte integral del levantamiento predial de los territorios ancestrales y tradicionales para la identificcion de acuerdo a lo establecido en el catastro multipropósito.
La consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado como un derecho fundamental de los Pueblos Indígenas. Los resultados de los procesos de consulta previa deben ser vinculantes entre las partes, para los casos de minería, hidrocarburos, obras civiles entre otros. Estos procesos deben ser coordinados por una entidad del Estado especialmente encargada del asunto y contar con veeduría internacional y nacional como garante de la transparencia de los mismos.
La protección especial de las áreas donde se ubican los lugares sagrados; puesto que estas deben estar excluidas de cualquier tipo de actividad extractiva y de construcción de obras de infraestructura. Esto implica la identificación de dichos lugares a lo largo y ancho de la geografía nacional.
La protección de todos los recursos naturales existentes en los territorios indígenas y la reparación integral en los casos en que se hayan causado daños; en aplicación y respeto al Derecho Mayor y en concordancia con los principios de la Constitución Política y las leyes en materia ambiental de orden nacional e internacional que no sean contrarias a la ley de Origen
La proscripción de las licencias ambientales que tengan que ver con explotación de recursos del subsuelo, explotación de madera a gran escala y concesión de aguas a particulares dentro de los territorios indígenas, toda vez que estos procesos son contrarios a la vida, por atentar contra la Madre Tierra y para tal efecto el gobierno nacional debe firmar y expedir la norma de facultades ambientales a las Autoridades indígenas.
El cumplimiento irrestricto y la vigencia plena de los Planes de Vida, planes de Salvaguarda o sus equivalentes, como instrumentos jurídicos vinculantes para proteger la vida, la integridad, la cultura, el territorio y la autonomía de los Pueblos Indígenas.
Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia
Gobierno Mayor
