Pueblos indígenas de Colombia y Bolivia sellan pacto de unidad por la reclamación justa y legitima del Patrimonio Cultural contenido en el Galeón San José.

Hace siete días, el 26 de junio, encontraron los cuerpos torturados de los dos compañeros guardias indígenas Gustavo Parra y Sebastián Velásquez en La Delfina, departamento del Valle del Cauca.

A  seis horas de la Inspección de Santa Rita (Cumaribo – Vichada), caminando en dirección al parque El Tuparro, se encuentra una comunidad indígena que ha tenido poco contacto con el mundo occidental o la ‘civilización’.

Se trata de los mapayerri, un pueblo originario del Vichada que tiene actualmente solo 76 integrantes, pero ninguno habla español, los niños no van a la escuela, se mueren principalmente de viejos y no saben qué edades tienen.

Su único contacto con la población colona de la región se debe a que sus territorios fueron invadidos por la guerrilla de las Farc en la década de los 90 para convertirlos en un corredor de exportación de droga. También, de ahí en adelante los invadieron los cultivos de coca, y se convirtieron en raspachines, casi esclavos, pues su trabajo era pago no con dinero sino con ollas, bicicletas, ropa etc.

Esa situación tiene a los mapayerri a punto de desaparecer física y culturalmente, sino se toman medidas urgentes. Por esa razón, el Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, Meta, emitió una medida cautelar “con el fin que se salvaguarden los derechos territoriales de las comunidades de los pueblos indígenas que la componen, medida que la Unidad de Tierras considera se debe proferir por causa grave y urgente”.

Según el gobernador indígena de la comunidad mapayerri, Fernando Pónare, recuerda -sin saber exactamente en qué año porque empezaron a tener noción del tiempo del año 2009 en adelante- que antes su familia se movía libremente por los montes, morichales, sabanas y ríos como el Orinoco o El Tuparro.

Pero en 2009, los mapayerri dejaron definitivamente de ser nómadas para ubicarse un solo sector. Pasaron de recorrer de un lado a otro el territorio para ubicarse en comunidades, cambiar la recolección de frutos por los tradicionales conucos e ir incrementando poco su contacto con los sikuani y campesinos de la región.

Hasta ese año, todo los indígenas de la etnia tenían nombres autóctonos, sin embargo, en 2009, “algunos indígenas mapayerri se trasladan a Santa Rita para ser registrados y cedulados por una comisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en esta jornada la comisión impuso nombres que no corresponden a la identidad cultural Mapayerri y calcularon edades que no necesariamente corresponden a la realidad”, se puede leer en el documento emitido por el Juzgado.

Una de las mayores afectaciones a este pueblo indígena ha llegado por parte del conflicto armado. Según los antecedentes de la medida cautelar, “aproximadamente entre el año 2014 y 2015 el pueblo indígena Mapayerri manifiesta haber sido amenazado por hombres armados, quienes les prohibieron realizar actividades de caza y recolección de frutos, en razón de este encuentro han preferido quedarse “quietos” y modificar sus patrones de movilidad relacionados con la caza y la pesca”.

La Medida Cautelar

EL fallo emitido por el Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, ordena a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) -entidad que reemplazó al extinto INCODER-, dada la vulnerabilidad y peligro de extinción de las comunidades Indígenas Mapayerri De Nacuanedorro y Sikuani de Awia Tuparro, ubicadas en jurisdicción del Municipio de Cumaribo, Vichada, realizar la culminación inmediata y urgente del trámite de constitución de los resguardos a favor de las comunidades Sikuani del territorio Awia Tuparro y del Pueblo Mapayerri del territorio Nacuanedorro Tuparro, ordenado en sentencia T-379 de 2014 de la Corte Constitucional, toda vez que hasta el día de hoy no ha sido resuelta la petición de esta comunidades que se encuentran en grave peligro de extinción, y han trascurrido más de 17 años, tiempo irrazonable para decidir de fondo la misma.

Además, la medida ordena “al Ministerio de Salud y Protección Social la implementación de acciones urgentes de atención y prevención en salud en el marco de la elaboración del modelo y protocolos de atención para el pueblo Sikuani del territorio Awia Tuparro y para el pueblo Mapayerri del territorio Nacuanedorro Tuparro en el marco del Sistema Indígena de Salud Propia lntercultural (SISPI) en un plazo perentorio acorde a la situación de urgencia y vulnerabilidad inmunológica planteada”.

Otra de las disposiciones de la mediada cautela cobija al Ministerio de Educación, “que en conjunto y articulación con la Secretaria de Educación del Departamento del Vichada y del Municipio de Cumaribo, presten asesoría y asistencia técnica urgentes, así como apoyo financiero necesario para la formulación del proyecto etnoeducativo para el pueblo en contacto inicial Mapayerri”. Este proyecto debe responda a sus necesidades y particularidades, “con lo cual se mitigue la vulnerabilidad político organizativa documentada en la presente medida cautelar, considerando que el acceso a una educación diferencial propia, se constituye en la posibilidad de aportar al proceso de adecuación del pueblo a las nuevas realidades del contacto”, precisa el documento.

Pero mientras todo lo anterior ocurre, los comuneros del pueblo mapayerri seguirán en su territorio enfrentando las dificultades que hasta ahora los han aquejado, y con la esperanza de que con la adjudicación del su resguardo puedan tener la tranquilidad de los tiempos de antaño.

Las organizaciones indígenas y el Gobierno nacional van a completar 15 días continuos tratando de acordar elementos sustanciales para reafirmar derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas, y avanzan en el cumplimiento de la ruta metodológica en el marco de la Consulta Previa del Proyecto de Ley “por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 o Ley de Tierras”.

Pero la discusión no ha sido fácil. Esta es una Ley crucial para los Pueblos Indígenas, y con la reforma el Gobierno parece tener todo el interés de favorecer a los grandes latifundistas del país. Esa es la razón por la cual en todos estos días, la discusión que se da en el  Hotel Inter de Bogotá, ha sido poco el avance que se ha logrado tener.

Justamente, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor realizó un pronunciamiento oficial esta semana en el cual “se expresó  de manera contundente y clara el rechazo a la totalidad del articulado y al contenido de la propuesta de reforma a la Ley 160 de 1994”. Gobierno Mayor es enfático en afirmar que ese proyecto de Ley “no es coherente con el Acuerdo de Paz y con los principios generales de la Reforma Rural Integral, no garantiza los derechos de las víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado, contiene artículos que a todas luces son inconstitucionales e ilegales, atentando contra las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico colombiano e irrespetando los derechos  territoriales de los Pueblos Indígenas, de las comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras, y más aun a las comunidades campesinas de todo el país, que no podrán acceder a la distribución de las tierras rurales, sino que verán como grandes empresas agroindustriales, del sector minero energético, terratenientes colombianos y extranjeros se apropian de la tierra y de los medios de producción”, puntualiza  la Organización Nacional Gobierno Mayor a través de un comunicado.

Este sábado 9 de junio continúa la discusión con una etapa densa para el proceso. Después de escuchar las intenciones del Gobierno con cada uno de los artículos de la propuesta de reforma, las organizaciones indígenas tendrán expondrán las inquietudes que tienen frente a la exposición del Gobierno.

Sin duda, acá habrá mucha tela que cortar, porque como lo dijo Huber Mario Calvo, del equipo profesional de Gobierno Mayor para en el proceso de Consulta Previa, en los territorios “las comunidades rechazaron en su totalidad este articulado, porque es lesivo y regresivo para  los Pueblos Indígenas, desconoce un marco normativo y jurisprudencia Nacional e Internacional, desde lo más elemental”.

Además, Calvo manifiesta que de parte del Gobierno nacional no hay una actitud de concertación. “Lo que quiere es hacer una imposición a las comunidades y los pueblos indígenas de que esta ley se apruebe a como dé lugar, incluso, sin agotar una ruta metodológica que ya había planteado. Entonces, lo que nos quieren aplicar a toda costa es la renuencia”.

Al final de la Jornada el Gobierno Nacional a través establece que las posiciones son diametralmente opuestas y que hay temas que desbordan la capacidad de decisión del equipo técnico del Gobierno Nacional.