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11 Jun

Las organizaciones indígenas y el Gobierno nacional van a completar 15 días continuos tratando de acordar elementos sustanciales para reafirmar derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas, y avanzan en el cumplimiento de la ruta metodológica en el marco de la Consulta Previa del Proyecto de Ley “por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 o Ley de Tierras”.

Pero la discusión no ha sido fácil. Esta es una Ley crucial para los Pueblos Indígenas, y con la reforma el Gobierno parece tener todo el interés de favorecer a los grandes latifundistas del país. Esa es la razón por la cual en todos estos días, la discusión que se da en el  Hotel Inter de Bogotá, ha sido poco el avance que se ha logrado tener.

Justamente, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor realizó un pronunciamiento oficial esta semana en el cual “se expresó  de manera contundente y clara el rechazo a la totalidad del articulado y al contenido de la propuesta de reforma a la Ley 160 de 1994”. Gobierno Mayor es enfático en afirmar que ese proyecto de Ley “no es coherente con el Acuerdo de Paz y con los principios generales de la Reforma Rural Integral, no garantiza los derechos de las víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado, contiene artículos que a todas luces son inconstitucionales e ilegales, atentando contra las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico colombiano e irrespetando los derechos  territoriales de los Pueblos Indígenas, de las comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras, y más aun a las comunidades campesinas de todo el país, que no podrán acceder a la distribución de las tierras rurales, sino que verán como grandes empresas agroindustriales, del sector minero energético, terratenientes colombianos y extranjeros se apropian de la tierra y de los medios de producción”, puntualiza  la Organización Nacional Gobierno Mayor a través de un comunicado.

Este sábado 9 de junio continúa la discusión con una etapa densa para el proceso. Después de escuchar las intenciones del Gobierno con cada uno de los artículos de la propuesta de reforma, las organizaciones indígenas tendrán expondrán las inquietudes que tienen frente a la exposición del Gobierno.

Sin duda, acá habrá mucha tela que cortar, porque como lo dijo Huber Mario Calvo, del equipo profesional de Gobierno Mayor para en el proceso de Consulta Previa, en los territorios “las comunidades rechazaron en su totalidad este articulado, porque es lesivo y regresivo para  los Pueblos Indígenas, desconoce un marco normativo y jurisprudencia Nacional e Internacional, desde lo más elemental”.

Además, Calvo manifiesta que de parte del Gobierno nacional no hay una actitud de concertación. “Lo que quiere es hacer una imposición a las comunidades y los pueblos indígenas de que esta ley se apruebe a como dé lugar, incluso, sin agotar una ruta metodológica que ya había planteado. Entonces, lo que nos quieren aplicar a toda costa es la renuencia”.

Al final de la Jornada el Gobierno Nacional a través establece que las posiciones son diametralmente opuestas y que hay temas que desbordan la capacidad de decisión del equipo técnico del Gobierno Nacional.

06 Jun

Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor se reunió durante los días 29, 30 Y 31 de mayo en el Hotel Ínter Bogotá en conjunto con las demás Organizaciones Nacionales Indígenas para dar cumplimiento a la ruta metodológica en el marco de la Consulta Previa del Proyecto de Ley  “por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones”, acordada en sesión del pasado 28 de diciembre de 2017, de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, y según lo convenido el pasado 9 de mayo  de 2018 para dar inicio a las actividades de concertación técnica autónoma de las Organizaciones Indígenas y a la concertación técnica conjunta con el Gobierno Nacional.

En el desarrollo de esta sesión nuestro movimiento dio a conocer en términos generales el estado actual de la ruta metodológica en cuanto al cumplimiento de cada una de las   etapas y actividades  establecidas; en consecuencia se manifestó que de manera preliminar  ya se contaba con un documento consolidado para iniciar la concertación técnica con las demás organizaciones indígenas del nivel nacional.

Así mismo se expresó  de manera contundente y clara el rechazo a la totalidad del articulado y al contenido de la propuesta de reforma a la Ley 160 de 1994, teniendo en cuenta que no es coherente con el Acuerdo de Paz y con los principios generales de la Reforma Rural Integral, no garantiza los derechos de las víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado, contiene artículos que a todas luces son inconstitucionales e ilegales, atentando contra las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico colombiano e irrespetando los derechos  territoriales de los Pueblos Indígenas, de las comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras, y más aun a las comunidades campesinas de todo el país, que no podrán acceder a la distribución de las tierras rurales, sino que verán como grandes empresas agroindustriales, del sector mineroenergético, terratenientes colombianos y extranjeros se apropian de la tierra y de los medios de producción.

Después de estas declaraciones y de las expresadas  por las demás organizaciones indígenas que conservaban el mismo espíritu de rechazo y preocupación se pudo evidenciar la manifiesta actitud del Gobierno Nacional para cerrar de manera unilateral el espacio de concertación; sin agotar la ruta metodológica que inicialmente había sido aprobada e imponiendo de manera indebida sus argumentos con el fin aplicar  la “renuncia” al derecho a la consulta, “renuencia” a su ejercicio, tras la ausencia de acuerdos o acuerdos parciales.

Sobre esta realidad y con el compromiso de seguir generando entendimientos nuestro movimiento reitera la necesidad de continuar con el  desarrolla de la Consulta Previa y el  consentimiento libre e informado garantizando el goce efectivo al derecho de la Autonomía territorial desde el Derecho Mayor, Ley de Origen y el Derecho Propio, por lo anterior resulta necesario que se garantice la Consulta Previa con consentimiento previo libre e informado como un derecho fundamental, contemplando procedimientos claros de preconsulta, consulta y postconsulta, en particular tal como lo señala la Corte Constitucional en su sentencia T-129 de 2011.

Rechazamos la mala fe y la evidente intención de los funcionarios del Ministerio del Interior de tomar partido por los intereses del Gobierno Nacional buscando a toda costa la aprobación de las comunidades y olvidando su papel de garantes frente al ejercicio pleno del derecho fundamental  a la Consulta Previa con consentimiento previo, libre e informado.

Manifestamos que a  pesar de nuestros esfuerzos, en el marco del proceso de Consulta Previa, el Gobierno Nacional, de manera sistemática, sigue vulnerando este derecho fundamental, e intenta seguir posicionando la mala costumbre de levantar actas de consensos y disensos sin que ello garantice el cumplimento de los acuerdos pactados .

Pese a la actitud del Gobierno Nacional, los Pueblos Indígenas que caminan con Gobierno Mayor mantenemos  nuestra disposición de diálogo y queremos  avanzar en la revisión de la propuestas normativa con respecto al Proyecto de Ley  “por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones” y concertar un documento que pueda ser protocolizado en sesión de la MPC.

Una vez más rechazamos categóricamente las consultas abreviadas  o consultas Fastrack, y exigimos un pleno ejercicio del derecho a la consulta previa según los estándares internacionales

Finalmente ratificamos la lucha, la resistencia y la movilización como herramienta para la reivindicación de nuestros derechos sociales y colectivos.

 

Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor

Junio de 2018

29 May

La Sección Quinta del Consejo de Estado en sede de tutela y con ponencia de la Magistrada Rocío Araújo Oñate, decidió amparar en forma integral los derechos fundamentales del Resguardo Indígena Unuma Alto Vichada de Cumaribo a la salud, educación, vivienda digna, identidad étnica y cultural, así como el derecho fundamental a retornar al territorio colectivo del que fueron desplazados o a ser reubicados. La Sala protegió los derechos señalados al resguardo y a los miembros de las comunidades que lo integran, pues es indispensable para garantizar la supervivencia de la etnia. Ello en consideración a su estado de indefensión, a la grave y sistemática afectación de las que son objeto y a la ausencia de intervención estatal, en cumplimiento del ordenamiento y bajo el enfoque diferencial que corresponde.

La decisión ordena caracterizar la población del resguardo en temas que resultan trascendentales para la supervivencia e integridad de la comunidad indígena, como son los procesos de inscripción en el Registro Único de Víctimas y las rutas de atención, asistencia y reparación integral, el inicio o culminación de los procesos de retorno o reubicación, la afiliación al sistema de salud y su prestación, los servicios educativos y la individualización de la oferta institucional en materia productiva y de vivienda, para su inclusión como beneficiarios de la misma.

Para amparar el derecho a la salud la sentencia ordenó realizar brigadas de salud integrales, proveer insumos, medicamentos y dispositivos médicos, establecer mecanismos expeditos de autorización de traslados de urgencia, la habilitación de puestos o esquemas de atención, así como la elaboración de políticas de prevención y atención en salud que se ajusten a las condiciones y necesidades del resguardo y al tratamiento diferencial al que tienen derecho.

En cuanto a la protección del derecho a la educación, se ordenó elaborar un modelo de prestación del servicio educativo que cumpla los estándares y parámetros de enfoque diferencial y que brinde cobertura de la etnoenseñanza, insumos, servicios complementarios de transporte y permanencia de los educandos, así como la habilitación de lugares o de esquemas para la enseñanza.

En materia de vivienda y oferta socioeconómica se ordenaron acciones tendientes al diseño y ejecución de estrategias de información, asistencia, acompañamiento y asesoría a las autoridades del resguardo, a través de las cuales se logre priorizar e incluir, individual o colectivamente a la etnia, en los procesos de otorgamiento de subsidios de vivienda y en los programas socioeconómicos y productivos.

Además, la decisión ordenó al Alcalde de Cumaribo contestar la información solicitada por el Resguardo Unuma Alto Vichada en relación con el monto y destinación de los recursos que ha recibido el municipio desde el año 2016 hasta el 2018 provenientes del Sistema General de Participaciones, explicando las razones y motivos de las inversiones realizadas o la ausencia de los mismos de ser ese el caso, junto con todos los documentos de soporte respectivos.

25 May

El resguardo indígena La Sortija  se encuentra ubicado a pocos kilómetros del casco urbano del municipio de Ortega, en el sur del Tolima.

Esta comunidad, durante 10 años aproximadamente fue cabildo y ya para el año de 1997 se constituye como resguardo indígena. “Entre las principales afectaciones evidenciadas y expuestas en el contenido de la demanda están la afectación a la seguridad jurídica, abandono del territorio y vulneración del derecho a la autonomía, la integralidad política y organizativa”, aseguró Luis Alegría, director de la URT en Tolima y Huila.

Dicha demanda, además de reconocer los derechos territoriales de la comunidad Pijao La Sortija, solicita la ampliación de su territorio a 247,52 has, de las cuales 132 actualmente reconocidas.

De igual manera se espera la implementación de proyectos y programas agrícolas, así como un  plan de reparación colectiva en favor de esta comunidad que permita contribuir al proceso de reconstrucción social  político y económico de su plan de vida desde una perspectiva que permita el desarrollo propio sin alterar su cosmovisión y el uso de sus costumbres, manteniendo  así la pervivencia y unidad de su pueblo.

“Las graves afectaciones identificadas por la Unidad durante la etapa de caracterización motivan la presentación de la demanda, esta con miras a que la comunidad involucrada pueda acceder a su derecho fundamental a la restitución y hacer goce efectivo de su territorio ancestral de acuerdo a la cultura, cosmovisión y formas de organización propias”, precisó la URT en un comunicado.

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AUTORIDADES  TRADICIONALES  INDIGENAS  DE COLOMBIA es una  organización Nacional  Indígena  con  un proceso  de aproximadamente  40  años, que tiene como objetivo principal la defensa  del territorio  y el fortalecimiento  de la identidad , y cuyo  cumplimiento se plantea  en cada  una  de las actividades  y acciones propuestas desde la coordinación nacional. Mas Información.

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