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02 May

El movimiento de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor,  con presencia en catorce departamentos del país compuesto por 653 Autoridades Tradicionales, representadas con sus gobernadores, capitanes, taitas, médicos tradicionales y sabedores ancestrales, con el fin de avanzar y reivindicar los derechos ancestrales y colectivos, especialmente el derecho al territorio; entendido este como el espacio o ámbito que incluye las tres dimensiones: espacio aéreo, suelo y subsuelo, sobre el cual  existe la Madre Tierra, donde se desarrolla todo el contexto de vida, de pervivencia y permanencia integral de los pueblos nativos; donde se recrea la cultura, la integridad de relaciones sociales, culturales y espirituales, que constituyen la base de nuestra permanencia como Pueblos indígenas, es el fundamento para la vida, sin él no hay posibilidad de practicar las diversas culturas de los Pueblos. Por tanto, el territorio tiene un carácter integral y constituye la base de vida de los Pueblos Indígenas.

Como resultado de las diversas reuniones realizadas en un proceso de amplia consulta a los miembros de nuestras comunidades indígenas en el territorio durante la implementación de la ruta metodológica  concertada y protocolizada, en el marco de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas y el gobierno nacional para la consulta previa del Proyecto de Ley “por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones” haciendo uso del derecho a la autodeterminación, presentamos ante el gobierno nacional, a la sociedad colombiana, comunidad internacional y demás comunidades étnicas, nuestro Pensamiento y:

 CONSIDERANDO

Que Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor, dentro de su proceso histórico ha adoptado y defendido los principios fundamentales de territorio, autonomía, identidad cultural y preexistencia, configurándose en las líneas de acción del movimiento, a partir de las cuales se han desarrollado los diferentes mandatos indígenas con base en nuestro Derecho Mayor, Derecho Propio  y Ley de Origen.

Que el gobierno nacional presentó ante la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC) ampliada con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), el  proyecto de Ley “Por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones”; el cual representa  una amenaza de manera directa a la pervivencia de los Pueblos Indígenas en el orden Territorial, ambiental, social, económico y cultural, favoreciendo a las grandes empresas y multinacionales; así  mismo quebrantando el pensamiento y relación de los Pueblos Indígenas, comunidades negras, campesinos y rurales con los territorios.

Que además de las afectaciones señaladas recientemente de manera específica  es contrario al espíritu del Acuerdo de Paz, en relación al punto uno que hace referencia a una reforma rural integral “para una nueva Colombia”, y en consecuencia no tiene en cuenta el punto 6.2 del mismo acuerdo que refiere al capitulo étnico, pretendiendo consolidar un modelo económico extractivista minero energetico, agroindustrial y de hidrocarburos, representando un peligro para los territorios ancestrales frente a la titulación de presuntos baldíos, incrementando los conflictos inter e intra étnicos, desconociendo la autonomía ambiental y territorial de los Pueblos indígenas, ignorando a los Pueblos Indígenas como sujeto político territorial y titular de derechos, remitiendo a procedimientos que no han surtido la consulta previa y por lo tanto, no tienen  reconocimiento de derechos étnicos o en el peor de los casos, conduciendo a focos de corrupción.

Que los Pueblos y comunidades Indígenas que caminamos con Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor, somos dueños y parte integral de los territorios ancestrales y guardianes naturales ejerciendo control ambiental de los mismos; desde nuestra cosmogonía y cosmovisión los hemos conservado y protegido milenariamente en su integralidad.

Que es obligación del Estado dignificar a los pueblos indígenas a través del reconocimiento de las afectaciones e injusticias históricas  territoriales y ambientales y, garantizar nuestros derechos ancestrales, humanos y constitucionales ambientales, mediante medidas y acciones que nos garanticen nuestros derechos colectivos e individuales, principalmente a los derechos de la Madre Tierra, a la identidad, la autonomía, la autodeterminación, al buen vivir y nuestra estrategia de vida para la pervivencia física y cultural; asi mismo, garantizar y difundir la comprensión histórica y cultural propia, que sobre estos derechos tenemos los Pueblos Indígenas.

Que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mas específicamente la sentencia Saramaka contra Surinam (2007), se determinó que para los pueblos indígenas el territorio tiene estrecha relación con derechos como la vida, integridad personal, la propiedad privada y derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, se requiere que los Estados adopten medidas progresivas y de protección de los territorios indígenas.

Que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, ha señalado que las condiciones históricas de violaciones graves y manifiestas de los derechos de los pueblos indígenas, a un ambiente sano y a los recursos naturales presentes en sus territorios, han facilitado que se produzca un impacto o afectación diferencial en estos grupos poblacionales, de especial protección constitucional, de modo que es obligación del Estado atender de manera prioritaria “el mayor riesgo que se cierne sobre los pueblos indígenas, en especial el del exterminio de algunos pueblos, sea desde el punto de vista cultural en razón al desplazamiento y dispersión de sus integrantes, como desde el punto de vista físico debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes" e igualmente por la grave crisis ambiental en sus territorios por los megaproyectos.

Que el Decreto 2333 de 2014 en su artículo 10º establece la “Revocatoria directa de las resoluciones de adjudicación de baldíos a particulares, donde estén establecidas comunidades indígenas. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 69 y 72 de la Ley 160 de 1994 y de conformidad con el Capítulo V del Título II del Decreto Reglamentario número 1465 de 2013, el Incoder podrá revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de adjudicación de tierras baldías donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su  hábitat, proferidas con violación a lo establecido en las normas legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos, asi mismo no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución y ampliación de resguardos indígenas”.

Que en este orden de ideas, cabe considerar que nuestra concepción territorial no concuerda con la visión de ordenamiento espacial que maneja el resto de la nación colombiana porque para nosotros no existe la noción de  territorios baldíos; toda vez que dentro de nuestra cosmovisión existe una dimensión espiritual y cultural más amplia referida a nuestros territorios ancestrales donde la territorialidad no se limita únicamente a una ocupación y apropiación física; sino que esta asociada a aspectos simbólicos y que se articulan con esas otras dimensiones.

Que la Ley 21 de 1991 en su artículo 7° en su Literal 1° ordena: “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.

Que los Pueblos Indígenas, milenariamente hemos sido actores de paz y a la vez víctimas del conflicto armado interno en Colombia; por lo tanto, como  una  contribución al proceso y acuerdo de paz firmado por el gobierno nacional y las FARC -EP, los Pueblos Indigenas de buena fe y por una única vez permitimos el mecanismo abreviado legislativo del Fast Track en los términos en que este se desarrolló, sin que ello implique nuesta renuncia al carácter principal y no subsidiario de la consulta previa, libre e informada y el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición, de modo que se garantice el ejercicio de estos derechos conforme a los estándares constitucionales e internacionales.

Que el Estado colombiano ha adoptado, suscrito y ratificado declaraciones, convenios y tratados internacionales que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, que reconocen los derechos humanos y protegen los derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia a nuestro territorio, al gozo de un ambiente sano y al disfrute de los recursos naturales; un ejemplo de ello es  el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea General de la ONU en septiembre del 2007, Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la OEA el 14 de junio de 2016.

Que la  Corte Constitucional  en la Sentencia T-622 de 2016 reconoce al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas; así mismo la Corte Suprema de Justicia recientemente emitió una sentencia  aprobada el 5 de abril de 2018, donde dice que la Amazonia Colombiana es un “Ecosistema vital para el devenir global, y que en aras de protegerla, se la reconoce como entidad sujeto de derechos, titular de la protección, la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y la entidades regionales que la integran”. A partir de ello, la decisión ordena al gobierno, incluyendo ministerios, agencias y municipios, a iniciar distintas acciones con un objetivo muy ambicioso: cero deforestación.

Y en consecuencia:

MANIFESTAMOS Y RECHAZAMOS

El Proyecto de Ley “por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones” trae consigo una nueva visión del desarrollo del campo sustentado en los pilares de la competitividad y la productividad, bases del modelo económico neoliberal, siendo estas contrarias en sobremanera con las formas propias de auto sostenibilidad y soberanía alimentaria de los pueblos y comunidades indígenas, por lo que considermos es una reforma regresiva de derechos, destructiva y contraria al Pensamiento ancestral de los Pueblos Indígenas, que concebimos el desarrollo desde la armonía y el equilibrio hombre-naturaleza, generándose en consecuencia una mayor protección de la Madre Tierra,

Todas las medidas legislativas y administrativas contrarias a los derechos fundamentales, como la imposición de concesiones para el aprovechamiento de aguas dentro de los territorios indígenas entre otros, que atentan contra la pervivencia como Pueblos originarios y milenarios y que no permiten superar las políticas de asimilación y las acciones que a través del tiempo vienen afectando los territorios ancestrales, las tradiciones; así como las particularidades étnicas y culturales de cada Pueblo.

La negativa del Estado colombiano a reconocer y asumir plenamente el significado de la Madre Tierra, como ser vivo en todas sus partes y su rol determinante para la pervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas.

La reiterada insistencia del Gobierno Nacional a que los pueblos indígenas nos acojamos a la pretensión gubernamental de hacer las Consultas Previas legislativas de manera exprés; puesto que esta práctica no puede convertirse en regla general en la aplicación de este derecho fundamental para nuestros Pueblos.

Al igual que en el punto anterior, el gobierno nacional de manera reiterada busca desconocer el ejercicio al derecho fundamental a la consulta previa libre e informada como lo hizo por ejemplo con la expedición inconsulta de la Ley ZIDRES afectando gravemente los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Por lo tanto:

EXIGIMOS

Respeto y garantía a la pervivencia de los Pueblos Indígenas, reconociendo el derecho a la propiedad de las tierras colectivas sobre nuestros territorios ancestrales en concordancia con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 21 de 1991.

La constitución, ampliación y saneamiento de resguardos así como el reconocimiento de los territorios ancestrales y sitios sagrados con la reafirmación de títulos coloniales y la actualización de los estudios socioeconómicos adoptando las medidas necesarias para evitar los conflictos interétnicos, tales como procesos de concertación con comunidades negras y sectores campesinos.

La legalización de territorios acorde con las practicas culturales de nuestros pueblos, debe convertirse en una garantía de acceso real, efectivo y permanente a los territorios ancestrales para actividades como: rituales, caza, pesca y recolección, aun cuando se encuentren en propiedad privada.

El reconocimiento de la cartografía social trabajada por las comunidades indígenas como documentos válidos para determinar el uso y destino de los espacios territoriales, los cuales deben ser parte integral del levantamiento predial de los territorios ancestrales y tradicionales para la identificcion de acuerdo a lo establecido en el catastro multipropósito.

La consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado como un derecho fundamental de los Pueblos Indígenas. Los resultados de los procesos de consulta previa deben ser vinculantes entre las partes, para los casos de minería, hidrocarburos, obras civiles entre otros. Estos procesos deben ser coordinados por una entidad del Estado especialmente encargada del asunto y contar con veeduría internacional y nacional como garante de la transparencia de los mismos.

La protección especial de las áreas donde se ubican los lugares sagrados; puesto que estas deben estar excluidas de cualquier tipo de actividad extractiva y de construcción de obras de infraestructura. Esto implica la identificación de dichos lugares a lo largo y ancho de la geografía nacional.

La protección de todos  los recursos naturales  existentes en los territorios indígenas y la reparación integral en los casos en que se hayan causado daños; en aplicación y respeto al Derecho Mayor y en concordancia con los principios de la Constitución Política y las leyes en materia ambiental de orden nacional e internacional que no sean contrarias a la ley de Origen

La proscripción de las licencias ambientales que tengan que ver con explotación de recursos del subsuelo, explotación de madera a gran escala y concesión de aguas a particulares dentro de los territorios indígenas, toda vez que estos procesos son contrarios a  la vida, por atentar contra la Madre Tierra y para tal efecto el gobierno nacional debe  firmar y expedir la norma de facultades ambientales a las Autoridades indígenas.

El cumplimiento irrestricto y la vigencia plena de los Planes de Vida, planes de Salvaguarda o sus equivalentes, como instrumentos jurídicos vinculantes para proteger la vida, la integridad, la cultura, el territorio y la autonomía de los Pueblos Indígenas.

Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia

Gobierno Mayor

02 May

COMUNICADO No. 1

 

UN MEGA PROYECTO DE MUERTE AMBIENTAL, CULTURAL Y SOCIAL AVANZA SOBRE EL TERRITORIO DEL PUEBLO INDÍGENA NASA EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA - VALLE, COLOMBIA.

 

El Pueblo Indígena Nasa que habita en las estribaciones de la Cordillera Central en el municipio de Florida-Valle, informa a la opinión pública municipal, departamental, nacional e internacional sobre los siguientes acontecimientos:

 

Que desde hace varios años el gobierno nacional y departamental a través del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, ha venido planeando la construcción del megaproyecto de la carretera que unirá al Pacifico (Puerto de Buenaventura) con los departamentos de la Orinoquía colombiana: Meta, Guainía, Vichada y Vaupés. Esta vía, considerada como la mayor autopista 4G de Colombia tendrá un trayecto de 454 kilómetros. Según INVIAS para poder cumplir con esta ambicioso megaproyecto, será necesario traspasar la “Cordillera Central” a través de un túnel de mas de 32 kilómetros, a través de los páramos y estribaciones montañosas de los municipios de Florida y Pradera Valle y Rio Blanco Tolima.

 

Recientemente hemos conocido a través del periódico El País; que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, dio su visto bueno a los permisos para la construcción de este proyecto. Al respecto, el director del INVIAS, Carlos Alberto García Montes ha dicho que lo que sigue es completar los estudios y la estructuración de los contratos respectivos para seguir adelante, esto a pesar de que “hemos tenido algunas dificultades con la comunidad Nasa”, se ha contado con el apoyo de la Gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, quien se ha puesto al frente para sacar adelante las fases del proyecto.

 

En relación con este megaproyecto impulsado por los gobiernos nacional y departamental del Valle a través de INVIAS, el pueblo indígena Nasa del municipio de Florida rechaza de manera enérgica y categórica esta intervención vial y nos pronunciamos, dada las siguientes razones:

 

Primero: En relación con el túnel que romperá o perforará la Cordillera Central, la cual tiene una altura por este lugar de 4.000 metros sobre el nivel del mar, proyecta atravesar el centro del Territorio Sagrado Indígena Nasa; contrario a lo manifestado por el director de INVIAS, cuando aduce que la megavía atravesará la cordillera por estribaciones montañosas cercanas al municipio de Florida.

 

Segundo: Además de cruzar por el centro del Territorio Sagrado Indígena Nasa, “El túnel de 32 kilómetros de largo”, pasaría por debajo de bastas zonas de páramo a 800 o mas metros de profundidad, poniendo en “Alto Riesgo” la permanencia y vida de un sinnúmero de lagunas, humedales, valles, sabanas y peñascos, los cuales están cubiertos por frágiles plantas y arbustos como frailejones y pastizales que son vitales para la supervivencia de estos páramos.

 

Bien es sabido por experiencias de otros proyectos similares, que cuando se hace este tipo de perforaciones a la tierra, “El Agua tiende a profundizarse”, es decir, se seca. Entonces nuestros páramos, lagunas y demás, podrían estar en alto riesgo de desaparecer, situación que nos preocupa enormemente, pues es en estos lugares, donde se crean un sin fin de reservorios de agua, que dan origen a quebradas y ríos (Santa Bárbara y Frayle), los cuales recorren el territorio indígena y nutren a través de acueductos, los cascos urbanos de los municipios de Florida, Pradera y Candelaria.

 

Tercero: En el despunte (salida) en “Territorio Sagrado Indígena Nasa” en el municipio de Florida – Valle, el mega túnel generará un impacto ambiental negativo de grandes proporciones a corto, mediano y largo plazo: secará y contaminará los principales sitios de abastecimiento de agua, tanto para las comunidades indígenas como para el resto de la población, incluidos los cascos urbanos de Florida, Pradera y Candelaria. Invadirá el Territorio Sagrado Indígena, generará descomposición social, contaminación del espacio natural, al final causará pobreza y desplazamiento de las comunidades indígenas.

 

Posición Política: El Pueblo Nasa frente al Mega proyecto vial Pacífico Orinoquía impulsado por el gobierno colombiano y que lo proyectan atravesar por nuestro territorio indígena mediante un mega túnel, manifestamos lo siguiente:

 

  1. 1.    El territorio es una dimensión esencial para el pueblo indígena Nasa, porque los mayores y sabios derivan de él, los conocimientos y sustentos de la vida. El territorio es la base material y espiritual de nuestra existencia. El territorio es arraigo, cultura, autonomía y libertad; es un bien de propiedad colectiva, es fuente de vida y de pervivencia para el pueblo Nasa. Es en estos páramos, compuestos por altos cerros, donde están las lagunas sagradas, lugares donde viven nuestras “deidades” y que se comunican con nosotros y nosotros con ellos a través de los ríos. Los indígenas somos parte de la tierra, por eso la llamamos madre. En estas tierras esta perpetuado el cordón umbilical nuestro y el de los ancestros, que han dejado como legado para sus descendientes estas tierras, las cuales son la “Casa Grande para la Vida” de las presentes y futuras generaciones indígenas; por eso nosotros los Nasa la cuidamos y la defenderemos.
  2. 2.    Rechazamos de manera enérgica y categórica la decisión de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, por conceder y dar visto bueno a las licencias ambientales para la construcción de ésta mega obra vial, que cruzará por nuestro territorio (megatúnel) y que como ya dijimos causará daños irreparables al medio ambiente, a la cultura y a la vida de las sociedades del pueblo indígena Nasa.
  3. 3.    Nosotros los Gobiernos Indígenas, elegidos legítimamente por la comunidad, además de ser Autoridades Indígenas, también somos “Autoridades Ambientales” y somos los que de verdad hemos cuidado y conservado los recursos naturales como patrimonio de vida desde la ancestralidad. Por tal razón, rechazamos y declaramos NO válidas las licencias ambientales que puedan afectar los recursos naturales que existen en nuestro territorio. Nuestra postura será la de hacer respetar nuestra calidad de “Autoridades Ambientales Indígenas” reconocida por tratados internacionales. No permitiremos que otras personas que fingen ser autoridades ambientales con intereses mezquinos y malintencionados, se pasen por encima de nuestro territorio y de nuestra autoridad, violando y pisoteando nuestros Derechos Ancestrales, Legales y Constitucionales. Por tal razón y haciendo uso de estos Derechos, lucharemos por la protección y conservación de los recursos naturales.
  4. 4.    Sabemos que en los últimos tiempos “compañías transnacionales” han despertado una ambición por la explotación de la riqueza natural que se esconde encima y debajo de las tierras de la Orinoquía colombiana. Por eso, para ellos es urgente la construcción de esta megavía y a costa de lo que sea quieren unir la Orinoquía colombiana con el Pacífico (Puerto de Buenaventura) y así, de manera mas fácil, poder seguir saqueando las riquezas naturales que tiene Colombia. Este megaproyecto no significará más que desarrollo para unos pocos; porque para nuestras comunidades será destrucción natural, muerte, desplazamiento y pobreza.

 

Desde este contexto y realidad territorial, hacemos un llamado a la solidaridad: a los organismos locales, regionales, nacionales e internacionales de derechos humanos, a los medios de comunicación alternativos de radio y televisión, a las ONGs ambientalistas, a las organizaciones indígenas hermanas de Colombia, de América y del mundo, a estudiantes, población campesina y urbana de los municipios de Florida, Pradera y Candelaria; a los sindicatos y demás organizaciones gremiales, para que nos acompañen en la lucha por la defensa de nuestro territorio, el cual simboliza armonía, vida y pervivencia para todos los seres.

 

No es que nosotros los indígenas no queramos el desarrollo, lo que pasa es que nosotros queremos la vida. La vida nuestra y la de todos los seres se garantiza, sí y sólo si cuidamos los recursos naturales.

 

Florida Valle, mayo 01 de 2018.

 

Autoridades Tradicionales Indígenas del Pueblo Nasa

Municipio de Florida – Valle Colombia.

 

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02 May

Tras Primera Sesión 2018 de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), el Gobierno Nacional, los Delegados Indígenas y la Secretaría Operativa de la CNTI, con presencia de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, suscribieron 39 acuerdos para avanzar en materia de derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.

Durante el primer y segundo día de espacio autónomo, los delegados indígenas a la CNTI abordaron distintos temas y pusieron sobre la mesa diversas preocupaciones alrededor de las garantías de los derechos territoriales de sus pueblos, que siguen siendo vulnerados; centrando la discusión en la aplicación del Decreto 1858 de 2015 en territorios ancestrales, el nivel de avance y cumplimiento de los acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional durante el 2017, y la implementación del Decreto 2333 de 2014, sobre la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ancestrales.

El tercer día contó con la presencia los Delegados Indígenas a la CNTI, la Secretaría Operativa de la CNTI, el Viceministerio de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que se ausentó durante la discusión de la tarde y no firmó el acta.

Se reiteró durante la sesión la obligatoriedad de la presencia del Ministerio de Hacienda que no ha asistido a las sesiones, siendo de su competencia.

De los acuerdos suscritos, vale la pena resaltar que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se comprometió a proferir un acto administrativo vinculante, a más tardar el 4 de mayo del año en curso, sobre la no aplicación del Decreto 1858 de 2015 para ningún proceso de garantía de derechos territoriales de pueblos indígenas, en la medida en que son territorios ancestrales y no baldíos.

Los Delegados Indígenas durante la jornada presentaron casos en los que se ha venido aplicando el Decreto 1858, representando una regresividad en la garantía de los derechos territoriales. A pesar de esto, la Agencia Nacional de Tierras sostuvo que no se ha aplicado en ningún caso.

De igual forma, el Viceministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se comprometió a realizar en adelante y de manera directa, la convocatoria a las sesiones de la CNTI, teniendo en cuenta que la misma deberá realizarse con al menos 10 días hábiles de antelación.

A propósito de los incumplimientos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) frente la aplicación del Decreto 2333 de 2014, se acordó que la entidad entregará el Plan de Acción con metas, tiempos, indicadores, presupuesto y criterios de priorización para el día 2 de mayo de 2018. A su vez, que avanzará en los 24 procesos que cuentan con toda la documentación y de acuerdo con el análisis efectuado, definiendo la cantidad de resoluciones a emitir, teniendo en cuenta que estos puntos fueron incumplidos y hasta el momento, luego de cuatros años, no se ha emitido una sola resolución.

La Oficina Jurídica de la ANT se comprometió junto con la DAE, a agilizar los procesos relacionados con los derechos territoriales de pueblos indígenas a través de una estrategia que será socializada en la próxima sesión de la CNTI, puesto que los Delegados Indígenas manifestaron las dificultades que se han producido en esta instancia. La Oficina Jurídica deberá entregar a la CNTI un informe de casos pendientes (identificación, complejidad, estado y tiempo) y se comprometió a otorgar viabilidad jurídica en casos sin dificultad técnica en 5 días hábiles, y para los casos complejos con justificación, en un tiempo de 10 días hábiles.

Se acuerda que la próxima sesión se realizará la primera semana de junio con un desarrollo de cuatro días (4,5,6 y 7) y será convocada por el Viceministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Para la misma, se reitera la necesidad de la asistencia del Ministerio de Hacienda y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para lo cual la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos y la ANT, se comprometen respectivamente a citarlos para la sesión.

Se define por parte de las organizaciones indígenas que el evento nacional de proyecto de clarificación de resguardos de origen colonial y republicano, se realizará el 7, 8 y 9 de mayo; proponiéndose por la urgencia, como fecha para la protocolización el 30 de mayo del año en curso.

01 May

Reforma a Ley de Tierras, la preocupación del indio

Por: Edwin Suárez - Oficina de prensa Gobierno Mayor

Al cacique se le veía un poco confundido, no sé si era porque no entendía nada de lo que el abogado estaba explicando, o por el contrario, entendía a la perfección y caía en cuenta que con esa reforma legislativa se estaba poniendo en riesgo el territorio que milenariamente los suyos han habitado.

Era jueves santo, el equipo técnico de Gobierno Mayo llevaba consigo el peso de haber estado visitando comunidades indígenas por más de 15 días. Ahora estaban en Campo Alegre, una pequeña comunidad de cinco viviendas, ubicada en el Resguardo Tomo Bewery, del municipio de Cumaribo.

Una reforma a la Ley 160 de 1994, conocida comúnmente como Ley de tierras, puso a las organizaciones indígenas del nivel nacional a recorrer el país dando cumplimiento a la Consulta Previa como lo obliga la Organización Internacional del Trabajo en casos como este. ¡Y que oportuna esta Consulta! El Gobierno colombiano se ha metido con lo que más le duele a los Pueblos Indígenas: la tierra.

Cuando Santiago Martínez, el abogado encargado de explicar a las comunidades en qué consistía la reforma, hizo una pausa en su discurso, el cacique levantó la mano, respiro profundo y exclamó: “dígale al Gobierno que no queremos esa reforma porque la Ley actual es la que nos favorece”.

Esas palabras hacían eco a las conclusiones generales que ya habían salido de los talleres realizados días antes en Kabanerruba, Unuma, Sacacure y Caño Cawasi; pero también, esas palabras se las llevaría el viento para que las reuniones que estaban por venir dejaran la misma reflexión: esa reforma terminará por asfixiar a las comunidades indígenas de Vichada y el país.

Aquel jueves santo el día estuvo un poco gris, el calor no fue igual de extenuante que en talleres como el del resguardo Santa Teresita donde la temperatura pudo llegar  a los 35 grados Celsius. Seguro en Campo Alegre ayudó que la maloca en la que se desarrolló el taller tiene el techo de palma de moriche, un aislante natural del calor.

Ya en la hora de almuerzo, con un plato de sancocho, y cazabe (torta hecha de yuca rayada) en mano, el cacique exteriorizó una inquietud seguro hacía mucho rato le rondaba la cabeza. “¿Esta Consulta la están haciendo en todo el país?”. Claro –le respondí -, así como nosotros (el equipo técnico) hay gente en todas las partes del país donde hay comunidades indígenas. Y complementé mis respuesta explicándole que “justo en este momento el movimiento de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor tiene gente trabajando con indígenas de Chocó, Putumayo y Tolima”.

Sin mirarme, el cacique se tomó a sorbos largos su sopa y estuvo de nuevo en su silla esperando retomar el taller que poco a poco le iba mostrando la realidad del país en que nos tocó vivir: un país en donde el Gobierno le quita al pobre para darle al rico, un Gobierno que le quita la tierra al que la defiende y cuida para entregársela a quien la destruye.

Finalmente, el cacique puso su nombre sobre el acta con las conclusiones que desde su resguardo serán presentadas al Gobierno nacional, pero con la incertidumbre de lo que realmente pasará con esa reforma. Él quedó con unos interrogantes más grandes que cuando se sentó en la mañana a escuchar aquella charla, y yo con la certeza de que la reforma a Ley de Tierras es la verdadera preocupación del indio.

Acerca de Nosotros

AUTORIDADES  TRADICIONALES  INDIGENAS  DE COLOMBIA es una  organización Nacional  Indígena  con  un proceso  de aproximadamente  40  años, que tiene como objetivo principal la defensa  del territorio  y el fortalecimiento  de la identidad , y cuyo  cumplimiento se plantea  en cada  una  de las actividades  y acciones propuestas desde la coordinación nacional. Mas Información.

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