Defensoría del Pueblo alerta sobre emergencia en salud en comunidades indígenas de Nuquí, Chocó

La Entidad participa en una comisión de verificación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades negras de la Costa Pacífica del Chocó, en los municipios de Juradó, Bahía Solano y Nuquí.

La Defensoría del Pueblo conoció la grave situación de salud de las comunidades indígenas embera pertenecientes al resguardo Jurubidá - Chorí - Alto Baudó, en el municipio de Nuquí. Según lo manifestado por las comunidades, en noviembre murieron dos jóvenes de Puerto Indio (17 y 19 años), con síntomas de malaria. Adicionalmente, los habitantes de la región denunciaron 16 casos confirmados de esa enfermedad.

Así mismo, hay en la zona decenas de miembros del Pueblo Embera que presentan síntomas característicos de malaria como sangrado, diarrea y vómito, sin que hayan sido atendidos adecuadamente.

Las comunidades indígenas les expresaron a los funcionarios de la Defensoría que no hay garantías al derecho a la salud con enfoque diferencial y étnico, relacionado con el incumplimiento sistemático de las obligaciones del sistema de salud en materia de prevención. Aseguran que las brigadas son esporádicas o no se quedan el tiempo necesario para brindar una atención adecuada y completa. Así mismo, las comunidades resaltaron que no les entregan los medicamentos y se presentan dificultades para las remisiones a hospitales de segundo y tercer nivel.

Por lo anterior, la Defensoría del Pueblo insta a los organismos del sistema de salud local, regional y nacional, para que adelanten acciones urgentes e inmediatas en materia de atención de la emergencia que están padeciendo estas comunidades.

La Entidad considera urgente acciones que eviten más muertes por enfermedades prevenibles como: atención inmediata de los casos diagnosticados, garantizar su tratamiento y la entrega inmediata de los medicamentos; elaborar un estudio epidemiológico de las muertes presentadas; adelantar acciones de salud pública en las comunidades para enfrentar el actual brote de malaria y llevar a cabo campañas de prevención y promoción en salud para mitigar el riesgo (jornadas de capacitación, control de vectores, entrega de toldillos, entre otras).

Esta grave situación humanitaria fue identificada en el marco de una comisión conjunta de la Defensoría del Pueblo, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 de la Honorable Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidades para los Refugiados, que tiene por objeto realizar seguimiento a los  Autos 004, 005 de 2009 y 504 de 2017 y las órdenes dictadas para la protección de la población indígena y afrodescendiente en situación de desplazamiento forzado.

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