Pese a accionar violento de la Fuerza Pública, seguimos firmes en Minga Nacional por la vida

La Minga Nacional por la vida avanza en nuestros territorios, reclamando al presidente Juan Manuel Santos cumplir los acuerdos asumidos con los Pueblos Indígenas, y que no tienen otro objetivo que dignificar la vida y garantizar derechos fundamentales y ancestrales que como pueblo tenemos.

Sin embargo, el “Gobierno de la paz” no solo incumple sus compromisos sino que además reprime con violencia nuestro derecho constitucional a la protesta social. En lo corrido de esta semana por lo menos 20 de nuestros compañeros han resultado heridos por el accionar militar que quiere impedir que nos movilicemos.

Según información publicada este 2 de noviembre por nuestros compañeros de la ONIC, “veintiún (21) heridos es la cifra preliminar que se registran en los primeros cuatro días de Minga Nacional: 8 días anteriores, y hoy 10 en el Cauca, dos en Valle del Cauca y uno en Caldas; y el asesinato de la embera Elvia Azucena Vargas, de 30 años, en la comunidad Portachuelo del resguardo CañoMomo LomaPiedra, a dos horas de la concentración de la Minga Nacional en Caldas, cuyos móviles son sujeto de investigación por parte de ambas autoridades”.

Por otra parte, el Consejo Regional Indígena de Caldas CRIDEC también ha denunciado violación a los derechos humanos por parte del ESMAD. “Lanzó indiscriminadamente gases lacrimógenos, gas pimienta y atentaron contra 3 compañeros con pistolas de goma, de los cuales dos ellos salieron heridos: el comunero indígena Kellerman Oleyman Guerrero del Resguardo indígena de Cañamomo y Lomaprieta y la comunicadora Erika Yuliana Giraldo mientras realizaba la labor de registro audiovisual”, precisaron desde el CRIDEC a través de un comunicado.

Pese a estos claros hechos de violencia, los 100.000 indígenas que hemos salido a las vías a protestar, seguiremos resistiendo, mientras exigimos “la instalación de la Mesa de Negociación, en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos, Ministros y a todas las entidades e instituciones del Estado Colombiano,  a la par de las garantías de nuestro legítimo derecho a la protesta social, salvaguardando nuestras vidas e integridad personal, puestas en riesgo por el accionar de la Fuerza Pública”.

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