Actualidad

03 Feb

Por: Jesús O Durán Téllez

A las nueve de la mañana del 31 enero 2018 se programó el encuentro entre el brigadier general Mauricio Moreno Rodríguez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán y la Guardia Indígena de la nación Emberá del Chocó, zona carretera, para el gesto de perdón por el asesinato del jefe de Guardia Eleazar Tequia por parte de una patrulla del batallón Manosalva Flórez. Había testigos, muchos bastones y cero armas, como parte del acuerdo logrado el día anterior en Quibdó con mediación de la Diócesis de Quibdó y la ONU DDHH.

Los vehículos llegaron hasta el puente sobre el río Playa, precisamente donde fue asesinado Eleazar Tequia Vitucay, mayor de la Guardia Indígena del resguardo El 18, ubicado sobre la vía Quibdó-Medellín, a un kilómetro del caserío. La comisión estaba bien representada: El General, el Coronel de la policía, el Gobernador del Chocó, el Alcalde de El Carmen de Atrato, delegados de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, y los mediadores, acompañados también por la Mapp-OEA, la Cruz Roja Internacional y la Comisión Vida, Justicia y Paz de Diócesis de Quibdó; por parte de las organizaciones acompañó el Foro Interétnico Solidaridad Chocó y la Mesa Indígena del Chocó y las organizaciones departamentales ASOREWA, FEDEOREWA Y WOUNDEKO.

“Aquí estamos seguros todos - dijo uno de los dirigentes indígenas frente a la comisión- y no necesitamos armas, solamente el bastón”. Y bastones había por doquier, en manos de mujeres, hombres y niños. Era “de no creer” que las dos máximas autoridades militares estatales del Chocó caminaran con confianza en una zona que ellos mismos han calificado como “dominada por la guerrilla”, escoltados por la Guardia Indígena.

En la tumba de Eleazar donde nos reunimos para el acto de perdón que debía ofrecer el General, se escuchó el recuento de los hechos dolorosos por parte de los dirigentes indígenas mientras de fondo varias mujeres lloraban desconsoladas. Las intervenciones de los Emberá Katío fueron desnudas y directas, donde se señalaba que la muerte del Guardia fue un hecho planeado, pues ya se había llegado a un acuerdo con la Gobernación del Chocó sobre la firma de los contratos para el inicio inmediato del año lectivo 2018. Los dirigentes pedían explicación sobre por qué las clases ya habían iniciado en el resto del Chocó, pero 21 mil niños indígenas no gozaban de este derecho; en años anteriores el año lectivo comenzaba en marzo, abril o hasta mayo, por eso el pueblo indígena del Chocó sigue indignado.

El único repertorio de acción colectiva recurrente de los pueblos indígenas del Chocó para reclamar sus derechos es el cierre de la carretera, situación que molesta a los comerciantes, camioneros, a los quibdoseños y carmeleños, principalmente, pues el Chocó cuenta sólo con dos vías principales; de manera que hay un choque de intereses que no se ha podido resolver por la negligencia estatal. Mientras tanto el “wasapaeo” hace de las suyas, red por la cual acusan a los indígenas injustificadamente de toda clase de delitos usando improperios racistas y condenatorios hasta con la pena de muerte para ellos.

Es en este contexto que se presenta el operativo militar que dio de baja a Eleazar Tequia el 26 enero 2018 a las 11:30 noche, tal como lo denuncian los dirigentes Katío. Igual de grave, dicen, es que el General Moreno Rodríguez haya emitido un comunicado de prensa que señala que los militares respondían al llamado ante la denuncia de un robo en la carretera y porte ilegal de armas, como si no conocieran a Eleazar, a sabiendas que llevaba diez años como jefe de Guardia en El 18, y con quien coordinaban jurisdicciones. En el paro cívico del Chocó de mayo 2017, se presentaron incidentes de saqueo de almacenes en Quibdó y fue precisamente la Guardia Indígena liderada por Eleazar Tequia quien puso orden a estos grupos para evitar más robos; él en persona y su Guardia enfrentaron a los saqueadores. Es una de las pocas veces que los quibdoseños en general aplaudieron a la Guardia Indígena.

Eleazar tenía 41 años, era de contextura delgada, callado, y como dirían los “entendidos” sin carisma, pero qué contundencia en sus decisiones, y qué manera de conducir a su tropa con el corazón, ahí radicaba su fuerza. Lo traté varias veces, desde la toma de la Defensoría del Pueblo de Quibdó en el año 2008, en el cual entré con ellos para hacer un seguimiento con la cámara de video, hasta diciembre del año pasado que lo entrevistamos en el marco del Congreso de la Asociación OREWA.

Los dirigentes y pobladores de El 18 esperaban que el Perdón del General fuera contundente y sincero. Pero sus palabras frente a la tumba de Eleazar no colmaron sus expectativas, pues si bien presentó excusas por los hechos, los indígenas querían escuchar la palabra perdón. Ya en la vivienda donde se desarrolló la reunión se lo demandaron con sus voces recias en un idioma ajeno como el castellano, presentando pruebas como el comunicado del ejército y audios de las redes sociales donde se les acusaba y amenazaba. El General y el Gobernador escuchaban en silencio, con respeto. Pero creo que a todos se nos partió el alma cuando las mujeres hablaron en su idioma materno Êbêra bedea, y manifestaron su dolor, su rabia y su impotencia; exigían que se reparara a la viuda y sus cinco hijos, todos pequeños; alzaron sus voces mientras las lágrimas caían por sus tristes mejillas, porque no sólo habían asesinado a un hombre, sino a toda la comunidad.

El General se paró enfrente tomó el micrófono y dijo: “si el perdón sirve para construir un Chocó mejor, pido perdón”. Y luego el Gobernador lo siguió también pidiendo perdón. Porque si el derecho a la educación se hubiera cumplido como en todo el departamento, hoy tuviéramos con nosotros al compañero Eleazar. Esta acción del General y los compromisos adquiridos contribuyó a que los indígenas como gesto humanitario abrieran la carretera por 12 horas, al cabo de las cuales cerrarán nuevamente hasta que no se concreten acuerdos con el alto gobierno en su propia comunidad de El 18.

Para terminar, el hecho del perdón es una demostración que la Justicia Comunitaria ejercida por la Guardia Indígena tiene argumentos sólidos frente a las autoridades del segundo ejército más numeroso del mundo. Es un mensaje y acción de que los Pueblos indígenas no sólo merecen respeto, sino que lo pueden obtener sin armas, que la paz no sólo es el cese del fuego y el cese de los disparos mediáticos, sino que es con el cumplimiento de los derechos hacia la justicia social; que la razón, el corazón y el bastón, a la luz de sus ancestros, es la moral de lucha indoblegable.

01 Feb

Escrito por:  Revista La Region                  

En ceremonias tradicionales del pueblo Yanacona en cada uno de sus territorios (resguardos y cabildos), localizados en Pitalito, San Agustín, Isnos, Palestina y Oporapa, los nuevos gobiernos asumieron sus cargos para el periodo de un año.

Estas ceremonias ancestrales se cumplen con toda rigurosidad, al amparo de los conocimientos que tienen, y transmitiéndolas a los jóvenes y niños.

La purificación de las varas que reciben los nuevos gobernantes del cabildo o el resguardo; la limpieza del cuerpo con ritos ancestrales, ritos alrededor del fuego o de la tulpa, mambear la palabra, elevar el espíritu en los 7 puntos, el abrazo personal, son entre otros, los puntos que hacen parte de esa ceremonia que se vive con toda solemnidad.

En este orden y luego de cumplida esta ceremonia, viene el acto oficial de las administraciones municipales, que consiste en la toma de un juramento que deben hacer, presidido por el alcalde municipal o por su delegado.

De esa manera, han quedado posesionados en sus cargos de gobernantes de sus territorios, los representantes de los cabildos El Rosal, Intillagta, Rumillaco, en Pitalito, Yacuas, en Palestina, San José de Isnos y San Agustín, y el mismo Rosal que tiene su territorio en el municipio de Oporapa.

03 Nov

La Minga Nacional por la vida avanza en nuestros territorios, reclamando al presidente Juan Manuel Santos cumplir los acuerdos asumidos con los Pueblos Indígenas, y que no tienen otro objetivo que dignificar la vida y garantizar derechos fundamentales y ancestrales que como pueblo tenemos.

Sin embargo, el “Gobierno de la paz” no solo incumple sus compromisos sino que además reprime con violencia nuestro derecho constitucional a la protesta social. En lo corrido de esta semana por lo menos 20 de nuestros compañeros han resultado heridos por el accionar militar que quiere impedir que nos movilicemos.

Según información publicada este 2 de noviembre por nuestros compañeros de la ONIC, “veintiún (21) heridos es la cifra preliminar que se registran en los primeros cuatro días de Minga Nacional: 8 días anteriores, y hoy 10 en el Cauca, dos en Valle del Cauca y uno en Caldas; y el asesinato de la embera Elvia Azucena Vargas, de 30 años, en la comunidad Portachuelo del resguardo CañoMomo LomaPiedra, a dos horas de la concentración de la Minga Nacional en Caldas, cuyos móviles son sujeto de investigación por parte de ambas autoridades”.

Por otra parte, el Consejo Regional Indígena de Caldas CRIDEC también ha denunciado violación a los derechos humanos por parte del ESMAD. “Lanzó indiscriminadamente gases lacrimógenos, gas pimienta y atentaron contra 3 compañeros con pistolas de goma, de los cuales dos ellos salieron heridos: el comunero indígena Kellerman Oleyman Guerrero del Resguardo indígena de Cañamomo y Lomaprieta y la comunicadora Erika Yuliana Giraldo mientras realizaba la labor de registro audiovisual”, precisaron desde el CRIDEC a través de un comunicado.

Pese a estos claros hechos de violencia, los 100.000 indígenas que hemos salido a las vías a protestar, seguiremos resistiendo, mientras exigimos “la instalación de la Mesa de Negociación, en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos, Ministros y a todas las entidades e instituciones del Estado Colombiano,  a la par de las garantías de nuestro legítimo derecho a la protesta social, salvaguardando nuestras vidas e integridad personal, puestas en riesgo por el accionar de la Fuerza Pública”.

02 Dic

Con una sentencia, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, restituyó los derechos de las comunidades del resguardo, ubicado en el municipio de Tadó, Chocó. En dicho territorio habitan más de 500 personas y tiene un área de más de 1800 hectáreas.

Con esta sentencia se obtiene el reconocimiento y la garantía efectiva de los derechos de esta comunidad. la cual ha sido víctima de despojo, abandono y confinamiento a causa del conflicto interno desde 1991.

En razón a las afectaciones ambientales causadas a este territorio, la sentencia ordena a la Corporación Regional Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), elaborar un diagnóstico sobre el estado de las fuentes hídricas existentes en el resguardo Mondó y Mondocito.

Además, solicitó al Ministerio del medio Ambiente y a Codechocó que, atendiendo a las afectaciones establecidas en el informe de afectaciones territoriales, elaborado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), elabore un diagnóstico sobre la flora y la fauna existentes en el resguardo, para determinar las causas de disminución de esta población presente en el territorio ancestral.

Ante la situación de soberanía, seguridad y autonomía alimentaria, ordenó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; al Departamento de Prosperidad Social (DPS); y a la Alcaldía Municipal de Tadó, en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras y las autoridades indígenas del Resguardo, la implementación de planes y proyectos de agricultura y producción de alimentos, que permitan superar la crisis alimentaria.

De otro lado, el juez ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP), analizar la situación de riesgo de la comunidad y los líderes del Resguardo Indígena y adopte planes de protección colectiva e individual, acorde con los riesgos existentes.

En relación con la ocurrencia de múltiples acciones armadas, el juez ordenó a la Fiscalía General de la Nación que investigue la responsabilidad sobre todos los hechos victimizantes, cometidos contra las autoridades indígenas y los docentes del pueblo. Además, la Alcaldía de Tadó y la Fuerza Pública deberán tomar las medidas necesarias que garanticen el goce efectivo de los derechos sobre el territorio.

La restitución de los derechos territoriales de los pueblos étnicos hace parte de la politica publica de reparación a las víctimas y restitución de Tierras. Estas disposiciones normativas buscan restituir a las víctimas indígenas, del conflicto armado, los derechos vulnerados a partir del abandono o despojo de sus territorios ancestrales.

El ejercicio de estos derechos está relacionado con la perviviencia física y cultural de los pueblos y con las practicas propias de cada una de las cosmovisiones de los sujetos colectivos de restitución. Lo anterior, a diferencia de los procesos de restitución individual establecidos en la ley 1448 de 2011, cuyo objeto es la restitución de sus tierras.

Con esta sentencia la Unidad de Restitución de Tierras, completa 8 fallos en favor de comunidades étnicas, las cuales han favorecido a más de 12 mil personas; y vela por el restablecimiento de derecho sobre la tierra, de 71 mil hectáreas.

01 Jun

En los últimos años, las abejas se han ganado un lugar en los medios, sobre todo por la reducción de sus poblaciones debido a la pérdida de hábitat, el uso de insecticidas y el cambio climático. ¿Pero sabe qué les debemos y qué pasaría realmente si desaparecen?

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25 Nov

La Entidad participa en una comisión de verificación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades negras de la Costa Pacífica del Chocó, en los municipios de Juradó, Bahía Solano y Nuquí.

La Defensoría del Pueblo conoció la grave situación de salud de las comunidades indígenas embera pertenecientes al resguardo Jurubidá - Chorí - Alto Baudó, en el municipio de Nuquí. Según lo manifestado por las comunidades, en noviembre murieron dos jóvenes de Puerto Indio (17 y 19 años), con síntomas de malaria. Adicionalmente, los habitantes de la región denunciaron 16 casos confirmados de esa enfermedad.

Así mismo, hay en la zona decenas de miembros del Pueblo Embera que presentan síntomas característicos de malaria como sangrado, diarrea y vómito, sin que hayan sido atendidos adecuadamente.

Las comunidades indígenas les expresaron a los funcionarios de la Defensoría que no hay garantías al derecho a la salud con enfoque diferencial y étnico, relacionado con el incumplimiento sistemático de las obligaciones del sistema de salud en materia de prevención. Aseguran que las brigadas son esporádicas o no se quedan el tiempo necesario para brindar una atención adecuada y completa. Así mismo, las comunidades resaltaron que no les entregan los medicamentos y se presentan dificultades para las remisiones a hospitales de segundo y tercer nivel.

Por lo anterior, la Defensoría del Pueblo insta a los organismos del sistema de salud local, regional y nacional, para que adelanten acciones urgentes e inmediatas en materia de atención de la emergencia que están padeciendo estas comunidades.

La Entidad considera urgente acciones que eviten más muertes por enfermedades prevenibles como: atención inmediata de los casos diagnosticados, garantizar su tratamiento y la entrega inmediata de los medicamentos; elaborar un estudio epidemiológico de las muertes presentadas; adelantar acciones de salud pública en las comunidades para enfrentar el actual brote de malaria y llevar a cabo campañas de prevención y promoción en salud para mitigar el riesgo (jornadas de capacitación, control de vectores, entrega de toldillos, entre otras).

Esta grave situación humanitaria fue identificada en el marco de una comisión conjunta de la Defensoría del Pueblo, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 de la Honorable Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidades para los Refugiados, que tiene por objeto realizar seguimiento a los  Autos 004, 005 de 2009 y 504 de 2017 y las órdenes dictadas para la protección de la población indígena y afrodescendiente en situación de desplazamiento forzado.

30 May

Las claves de los decretos para acelerar la paz

Foto: Juan Camilo Pedraza / EL TIEMPO

El presidente Santos emitió 20 de estas normas durante el fin de semana. 

En un maratónico fin de semana el presidente Juan Manuel Santos firmó 20 decretos de ley que le pusieron el acelerador a la implementación de muchos de los puntos que aún estaban en discusión para desarrollar el acuerdo de paz.

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23 Nov

Cerca de 60 Autoridades indígenas representantes de organizaciones regionales   de todo el territorio nacional que caminan con Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor, se encuentran en Bogotá participando en un espacio de intercambio de saberes y capacidades en temas de bosques y cambio climático.

El encuentro es de carácter informativo y pretende dar a conocer, de primera mano a las comunidades indígenas, el programa de la Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero causadas por la Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+), a través de la conservación, el manejo forestal y el incremento de las reservas de Carbono.

Este programa involucra principalmente a las comunidades indígenas de Colombia,  porque desde nuestra cosmovisión milenariamente hemos protegido los bosques del país. Además, en nuestros territorios se encuentran millones de hectáreas de árboles y una biodiversidad casi infinita; nadie mejor que nosotros sabe proteger la flora y la fauna.

En el encuentro, realizado conjuntamente entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la organización Nacional Autoridades Tradicionales indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, Fondo Cooperativo para el Carbono FCPF- Fondo Acción Colombia, ONU- REDD programa REDD+, programado del 23 al 25 de noviembre, los participantes tiene la posibilidad de visibilizar las problemáticas ambientales y de deforestación que se presentan en las diferentes regiones colombianas, insumo que permitirá definir el quehacer desde el Pensamiento Ancestral de los Pueblos originarios, como se va a fortalecer el cuidado de la Madre Tierra, para la preservación de la vida en todas sus manifestaciones.

30 May

Foto: El Nuevo Liberal

Jimy Morales, oriundo del municipio de Silvia se prepara en España para convertirse en ejemplo para los ciclistas del Cauca y dejar en alto el nombre del pueblo Misak.

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