Noticias

Noticias

15 Jun

A  seis horas de la Inspección de Santa Rita (Cumaribo – Vichada), caminando en dirección al parque El Tuparro, se encuentra una comunidad indígena que ha tenido poco contacto con el mundo occidental o la ‘civilización’.

Se trata de los mapayerri, un pueblo originario del Vichada que tiene actualmente solo 76 integrantes, pero ninguno habla español, los niños no van a la escuela, se mueren principalmente de viejos y no saben qué edades tienen.

Su único contacto con la población colona de la región se debe a que sus territorios fueron invadidos por la guerrilla de las Farc en la década de los 90 para convertirlos en un corredor de exportación de droga. También, de ahí en adelante los invadieron los cultivos de coca, y se convirtieron en raspachines, casi esclavos, pues su trabajo era pago no con dinero sino con ollas, bicicletas, ropa etc.

Esa situación tiene a los mapayerri a punto de desaparecer física y culturalmente, sino se toman medidas urgentes. Por esa razón, el Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, Meta, emitió una medida cautelar “con el fin que se salvaguarden los derechos territoriales de las comunidades de los pueblos indígenas que la componen, medida que la Unidad de Tierras considera se debe proferir por causa grave y urgente”.

Según el gobernador indígena de la comunidad mapayerri, Fernando Pónare, recuerda -sin saber exactamente en qué año porque empezaron a tener noción del tiempo del año 2009 en adelante- que antes su familia se movía libremente por los montes, morichales, sabanas y ríos como el Orinoco o El Tuparro.

Pero en 2009, los mapayerri dejaron definitivamente de ser nómadas para ubicarse un solo sector. Pasaron de recorrer de un lado a otro el territorio para ubicarse en comunidades, cambiar la recolección de frutos por los tradicionales conucos e ir incrementando poco su contacto con los sikuani y campesinos de la región.

Hasta ese año, todo los indígenas de la etnia tenían nombres autóctonos, sin embargo, en 2009, “algunos indígenas mapayerri se trasladan a Santa Rita para ser registrados y cedulados por una comisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en esta jornada la comisión impuso nombres que no corresponden a la identidad cultural Mapayerri y calcularon edades que no necesariamente corresponden a la realidad”, se puede leer en el documento emitido por el Juzgado.

Una de las mayores afectaciones a este pueblo indígena ha llegado por parte del conflicto armado. Según los antecedentes de la medida cautelar, “aproximadamente entre el año 2014 y 2015 el pueblo indígena Mapayerri manifiesta haber sido amenazado por hombres armados, quienes les prohibieron realizar actividades de caza y recolección de frutos, en razón de este encuentro han preferido quedarse “quietos” y modificar sus patrones de movilidad relacionados con la caza y la pesca”.

La Medida Cautelar

EL fallo emitido por el Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, ordena a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) -entidad que reemplazó al extinto INCODER-, dada la vulnerabilidad y peligro de extinción de las comunidades Indígenas Mapayerri De Nacuanedorro y Sikuani de Awia Tuparro, ubicadas en jurisdicción del Municipio de Cumaribo, Vichada, realizar la culminación inmediata y urgente del trámite de constitución de los resguardos a favor de las comunidades Sikuani del territorio Awia Tuparro y del Pueblo Mapayerri del territorio Nacuanedorro Tuparro, ordenado en sentencia T-379 de 2014 de la Corte Constitucional, toda vez que hasta el día de hoy no ha sido resuelta la petición de esta comunidades que se encuentran en grave peligro de extinción, y han trascurrido más de 17 años, tiempo irrazonable para decidir de fondo la misma.

Además, la medida ordena “al Ministerio de Salud y Protección Social la implementación de acciones urgentes de atención y prevención en salud en el marco de la elaboración del modelo y protocolos de atención para el pueblo Sikuani del territorio Awia Tuparro y para el pueblo Mapayerri del territorio Nacuanedorro Tuparro en el marco del Sistema Indígena de Salud Propia lntercultural (SISPI) en un plazo perentorio acorde a la situación de urgencia y vulnerabilidad inmunológica planteada”.

Otra de las disposiciones de la mediada cautela cobija al Ministerio de Educación, “que en conjunto y articulación con la Secretaria de Educación del Departamento del Vichada y del Municipio de Cumaribo, presten asesoría y asistencia técnica urgentes, así como apoyo financiero necesario para la formulación del proyecto etnoeducativo para el pueblo en contacto inicial Mapayerri”. Este proyecto debe responda a sus necesidades y particularidades, “con lo cual se mitigue la vulnerabilidad político organizativa documentada en la presente medida cautelar, considerando que el acceso a una educación diferencial propia, se constituye en la posibilidad de aportar al proceso de adecuación del pueblo a las nuevas realidades del contacto”, precisa el documento.

Pero mientras todo lo anterior ocurre, los comuneros del pueblo mapayerri seguirán en su territorio enfrentando las dificultades que hasta ahora los han aquejado, y con la esperanza de que con la adjudicación del su resguardo puedan tener la tranquilidad de los tiempos de antaño.

11 Jun

Las organizaciones indígenas y el Gobierno nacional van a completar 15 días continuos tratando de acordar elementos sustanciales para reafirmar derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas, y avanzan en el cumplimiento de la ruta metodológica en el marco de la Consulta Previa del Proyecto de Ley “por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 o Ley de Tierras”.

Pero la discusión no ha sido fácil. Esta es una Ley crucial para los Pueblos Indígenas, y con la reforma el Gobierno parece tener todo el interés de favorecer a los grandes latifundistas del país. Esa es la razón por la cual en todos estos días, la discusión que se da en el  Hotel Inter de Bogotá, ha sido poco el avance que se ha logrado tener.

Justamente, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor realizó un pronunciamiento oficial esta semana en el cual “se expresó  de manera contundente y clara el rechazo a la totalidad del articulado y al contenido de la propuesta de reforma a la Ley 160 de 1994”. Gobierno Mayor es enfático en afirmar que ese proyecto de Ley “no es coherente con el Acuerdo de Paz y con los principios generales de la Reforma Rural Integral, no garantiza los derechos de las víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado, contiene artículos que a todas luces son inconstitucionales e ilegales, atentando contra las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico colombiano e irrespetando los derechos  territoriales de los Pueblos Indígenas, de las comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras, y más aun a las comunidades campesinas de todo el país, que no podrán acceder a la distribución de las tierras rurales, sino que verán como grandes empresas agroindustriales, del sector minero energético, terratenientes colombianos y extranjeros se apropian de la tierra y de los medios de producción”, puntualiza  la Organización Nacional Gobierno Mayor a través de un comunicado.

Este sábado 9 de junio continúa la discusión con una etapa densa para el proceso. Después de escuchar las intenciones del Gobierno con cada uno de los artículos de la propuesta de reforma, las organizaciones indígenas tendrán expondrán las inquietudes que tienen frente a la exposición del Gobierno.

Sin duda, acá habrá mucha tela que cortar, porque como lo dijo Huber Mario Calvo, del equipo profesional de Gobierno Mayor para en el proceso de Consulta Previa, en los territorios “las comunidades rechazaron en su totalidad este articulado, porque es lesivo y regresivo para  los Pueblos Indígenas, desconoce un marco normativo y jurisprudencia Nacional e Internacional, desde lo más elemental”.

Además, Calvo manifiesta que de parte del Gobierno nacional no hay una actitud de concertación. “Lo que quiere es hacer una imposición a las comunidades y los pueblos indígenas de que esta ley se apruebe a como dé lugar, incluso, sin agotar una ruta metodológica que ya había planteado. Entonces, lo que nos quieren aplicar a toda costa es la renuencia”.

Al final de la Jornada el Gobierno Nacional a través establece que las posiciones son diametralmente opuestas y que hay temas que desbordan la capacidad de decisión del equipo técnico del Gobierno Nacional.

06 Jun

Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor se reunió durante los días 29, 30 Y 31 de mayo en el Hotel Ínter Bogotá en conjunto con las demás Organizaciones Nacionales Indígenas para dar cumplimiento a la ruta metodológica en el marco de la Consulta Previa del Proyecto de Ley  “por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones”, acordada en sesión del pasado 28 de diciembre de 2017, de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, y según lo convenido el pasado 9 de mayo  de 2018 para dar inicio a las actividades de concertación técnica autónoma de las Organizaciones Indígenas y a la concertación técnica conjunta con el Gobierno Nacional.

En el desarrollo de esta sesión nuestro movimiento dio a conocer en términos generales el estado actual de la ruta metodológica en cuanto al cumplimiento de cada una de las   etapas y actividades  establecidas; en consecuencia se manifestó que de manera preliminar  ya se contaba con un documento consolidado para iniciar la concertación técnica con las demás organizaciones indígenas del nivel nacional.

Así mismo se expresó  de manera contundente y clara el rechazo a la totalidad del articulado y al contenido de la propuesta de reforma a la Ley 160 de 1994, teniendo en cuenta que no es coherente con el Acuerdo de Paz y con los principios generales de la Reforma Rural Integral, no garantiza los derechos de las víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado, contiene artículos que a todas luces son inconstitucionales e ilegales, atentando contra las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico colombiano e irrespetando los derechos  territoriales de los Pueblos Indígenas, de las comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras, y más aun a las comunidades campesinas de todo el país, que no podrán acceder a la distribución de las tierras rurales, sino que verán como grandes empresas agroindustriales, del sector mineroenergético, terratenientes colombianos y extranjeros se apropian de la tierra y de los medios de producción.

Después de estas declaraciones y de las expresadas  por las demás organizaciones indígenas que conservaban el mismo espíritu de rechazo y preocupación se pudo evidenciar la manifiesta actitud del Gobierno Nacional para cerrar de manera unilateral el espacio de concertación; sin agotar la ruta metodológica que inicialmente había sido aprobada e imponiendo de manera indebida sus argumentos con el fin aplicar  la “renuncia” al derecho a la consulta, “renuencia” a su ejercicio, tras la ausencia de acuerdos o acuerdos parciales.

Sobre esta realidad y con el compromiso de seguir generando entendimientos nuestro movimiento reitera la necesidad de continuar con el  desarrolla de la Consulta Previa y el  consentimiento libre e informado garantizando el goce efectivo al derecho de la Autonomía territorial desde el Derecho Mayor, Ley de Origen y el Derecho Propio, por lo anterior resulta necesario que se garantice la Consulta Previa con consentimiento previo libre e informado como un derecho fundamental, contemplando procedimientos claros de preconsulta, consulta y postconsulta, en particular tal como lo señala la Corte Constitucional en su sentencia T-129 de 2011.

Rechazamos la mala fe y la evidente intención de los funcionarios del Ministerio del Interior de tomar partido por los intereses del Gobierno Nacional buscando a toda costa la aprobación de las comunidades y olvidando su papel de garantes frente al ejercicio pleno del derecho fundamental  a la Consulta Previa con consentimiento previo, libre e informado.

Manifestamos que a  pesar de nuestros esfuerzos, en el marco del proceso de Consulta Previa, el Gobierno Nacional, de manera sistemática, sigue vulnerando este derecho fundamental, e intenta seguir posicionando la mala costumbre de levantar actas de consensos y disensos sin que ello garantice el cumplimento de los acuerdos pactados .

Pese a la actitud del Gobierno Nacional, los Pueblos Indígenas que caminan con Gobierno Mayor mantenemos  nuestra disposición de diálogo y queremos  avanzar en la revisión de la propuestas normativa con respecto al Proyecto de Ley  “por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones” y concertar un documento que pueda ser protocolizado en sesión de la MPC.

Una vez más rechazamos categóricamente las consultas abreviadas  o consultas Fastrack, y exigimos un pleno ejercicio del derecho a la consulta previa según los estándares internacionales

Finalmente ratificamos la lucha, la resistencia y la movilización como herramienta para la reivindicación de nuestros derechos sociales y colectivos.

 

Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor

Junio de 2018

29 May

La Sección Quinta del Consejo de Estado en sede de tutela y con ponencia de la Magistrada Rocío Araújo Oñate, decidió amparar en forma integral los derechos fundamentales del Resguardo Indígena Unuma Alto Vichada de Cumaribo a la salud, educación, vivienda digna, identidad étnica y cultural, así como el derecho fundamental a retornar al territorio colectivo del que fueron desplazados o a ser reubicados. La Sala protegió los derechos señalados al resguardo y a los miembros de las comunidades que lo integran, pues es indispensable para garantizar la supervivencia de la etnia. Ello en consideración a su estado de indefensión, a la grave y sistemática afectación de las que son objeto y a la ausencia de intervención estatal, en cumplimiento del ordenamiento y bajo el enfoque diferencial que corresponde.

La decisión ordena caracterizar la población del resguardo en temas que resultan trascendentales para la supervivencia e integridad de la comunidad indígena, como son los procesos de inscripción en el Registro Único de Víctimas y las rutas de atención, asistencia y reparación integral, el inicio o culminación de los procesos de retorno o reubicación, la afiliación al sistema de salud y su prestación, los servicios educativos y la individualización de la oferta institucional en materia productiva y de vivienda, para su inclusión como beneficiarios de la misma.

Para amparar el derecho a la salud la sentencia ordenó realizar brigadas de salud integrales, proveer insumos, medicamentos y dispositivos médicos, establecer mecanismos expeditos de autorización de traslados de urgencia, la habilitación de puestos o esquemas de atención, así como la elaboración de políticas de prevención y atención en salud que se ajusten a las condiciones y necesidades del resguardo y al tratamiento diferencial al que tienen derecho.

En cuanto a la protección del derecho a la educación, se ordenó elaborar un modelo de prestación del servicio educativo que cumpla los estándares y parámetros de enfoque diferencial y que brinde cobertura de la etnoenseñanza, insumos, servicios complementarios de transporte y permanencia de los educandos, así como la habilitación de lugares o de esquemas para la enseñanza.

En materia de vivienda y oferta socioeconómica se ordenaron acciones tendientes al diseño y ejecución de estrategias de información, asistencia, acompañamiento y asesoría a las autoridades del resguardo, a través de las cuales se logre priorizar e incluir, individual o colectivamente a la etnia, en los procesos de otorgamiento de subsidios de vivienda y en los programas socioeconómicos y productivos.

Además, la decisión ordenó al Alcalde de Cumaribo contestar la información solicitada por el Resguardo Unuma Alto Vichada en relación con el monto y destinación de los recursos que ha recibido el municipio desde el año 2016 hasta el 2018 provenientes del Sistema General de Participaciones, explicando las razones y motivos de las inversiones realizadas o la ausencia de los mismos de ser ese el caso, junto con todos los documentos de soporte respectivos.

Acerca de Nosotros

AUTORIDADES  TRADICIONALES  INDIGENAS  DE COLOMBIA es una  organización Nacional  Indígena  con  un proceso  de aproximadamente  40  años, que tiene como objetivo principal la defensa  del territorio  y el fortalecimiento  de la identidad , y cuyo  cumplimiento se plantea  en cada  una  de las actividades  y acciones propuestas desde la coordinación nacional. Mas Información.

Contáctenos

Dirección:

Sede Principal: Calle 16 A #2 - 69 Barrio Las Aguas
Teléfono: +57 (1) 4633116
Celular: +57 3228827566
Sede Calle 17: Calle 17 # 4-49 Barrio Veracruz
Teléfono: +57(1)8133778  

Email:

Secretaría: gobiernomayor@gmail.com
Comunicaciones: comunicacionesgobiernomayor@gmail.com
Territorio: territoriogobiernomayor1@gmail.com

Bogotá Colombia.®