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20 Abr

Por: oficina de comunicaciones Gobierno Mayorr

Una tarde tranquila en el casco urbano del municipio de Cumaribo se vio empañada por un grave accidente de tránsito en el que resultaron involucrados una patrulla de la Policía y dos indígenas sikuani, del resguardo Santa Teresita del Tuparro.

Según testigos del acontecimiento, el vehículo oficial se movilizaba a una velocidad promedio de 70 kilómetros por hora, en un lugar donde hay pocos andenes. Allí la gente camina por la calle, compartiendo vía con todo tipo de transporte, incluyendo niños en bicicleta.

El abogado Santiago Martínez, profesional de apoyo de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor, estuvo presente el lugar de los hechos. Él explica que una muestra visible de la velocidad se refleja en los cerca de cinco metros que el carro policial arrastró a los hermanos indígenas.

Los pacientes fueron llevados al hospital local San Juan de Dios por otra patrulla que acudió al lugar de los hechos. Sin embargo, el abogado Martínez denuncia que la Policía intentó recoger la motocicleta y llevarse el vehículo involucrado, sin realizar el croquis judicial que permitirá aclarar responsabilidades en el accidente. ¿A caso intentaban ocultar algo?

En otros accidentes del municipio donde se ha visto involucrada esa Institución, han quedado en la impunidad por el temor de la gente a denunciar. De hecho, frente a este caso, la gente ha presenciado el accidente, pero ninguno se atreve a atestiguar formalmente el hecho. Finalmente, casi a regañadientes, la Policía accedió a realizar el debido levantamiento.

Pero para las dos personas que resultaron gravemente heridas, identificadas como Álvaro Galindo y Sofía Galindo (menor de 4 años), el sufrimiento y la angustia se prolongó más allá de la sala de urgencia del hospital al que fueron llevados.

Por la complejidad de sus heridas, requerían ser trasladados a un hospital de mayor nivel; ese traslado debía realizarse en transporte aéreo hacia la ciudad de Villavicencio. Sin embargo, como fue un accidente de tránsito quien debía cubrir los gastos era el SOAT. Esos trámites administrativos se convirtieron en un dolor de cabeza para la familia, pues el paso del tiempo era una amenaza latente para la vida de sus seres queridos. La Policía, por su parte, poco ayudó en la gestión de ese traslado.

Después de dos días de espera, en horas de la noche del viernes 13 de abril, los pacientes Galindo fueron llevados hasta una clínica en Villavicencio, y empezó otro trauma.

La familiar de los pacientes que viajó con ellos en calidad de acompañante, ha pasado dificultades porque no tiene recursos para su alimentación y hospedaje. Y la EPS a la que está afiliada no le brinda el servicio de albergue, como es natural en estos casos, argumentando que esa responsabilidad es del SOAT. Sin embargo, la Entidad Promotora de Salud estaría en la obligación de prestar el servicio y gestionar el pago ante el seguro de accidentes.

Mientras los dos hermanos indígenas se recuperan en la ciudad de Villavicencio, este suceso deja una reflexión: en algunas partes del país, en este caso Cumaribo, los pueblos indígenas son tratados con discriminación, empezando por la Misma institucionalidad, en este caso de la Policía Nacional, incluso en circunstancias en las que está en riesgo su propia vida.

18 Abr

Esta comunidad, asentada en el municipio de Lejanías, Meta, está compuesta por 24 familias, para un total de 84 personas, quienes con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje iniciaran curso de albañilería para el levantamiento de sus viviendas según tradiciones ancestrales.

La Unidad para las Víctimas informó que en cumplimiento del marco normativo para la asistencia, atención, reparación integral y la restitución de tierras de los pueblos y comunidades indígenas, “busca fortalecer el proceso de habitabilidad de la comunidad Doquera Embera Chamí asentada en el municipio de Lejanías, Meta”.

En el 2016, esta comunidad inició un proceso de reubicación en el marco de los tres principios rectores dentro del protocolo dado por el Estado colombiano, en lo que compete a la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, a ejecutar por la Alcaldía de Granada territorio receptor de la comunidad posterior a los hechos de desplazamiento, y la Alcaldía de Lejanías, municipio a ejecutar el Plan de reubicación.

“Esta comunidad se vio desplazada por el conflicto armado en zonas de Antioquia y del Cauca. Llegaron originalmente a Granada (Meta) y desde ese momento las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas han buscado generar rutas que garanticen su pervivencia y el respeto a sus derechos al ser protegidos especialmente por la legislación colombiana”, indicó Juan Mauricio Zambrano, profesional de reparación colectiva, retornos y reubicaciones de la Unidad para las Víctimas.

Por tal motivo se viene realizando el acompañamiento a este proceso, contando en esta oportunidad con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en la facilitación de un curso de albañilería que les permitirá adecuar el territorio de acuerdo con sus costumbres ancestrales.

Viviana Ladino, funcionaria del Sena, expresó que “se viene trabajando con las diferentes instituciones para brindar a esta comunidad un conjunto de medidas dentro de una oferta institucional, que les permita recuperar sus estilos de vida naturales, entre estos, sus viviendas que se caracterizan por ser tambos rectangulares construidos en guadua, separados entre sí y ocupados por varias generaciones de una familia extensa”. Ladino destacó que “con el curso de albañilería facilitamos que ellos mismos sean partícipes de su proceso de reubicación y reparación”.

La comunidad Doquera Embera Chamí, asentada en el municipio de Lejanías, está compuesta por 24 familias, para un total de 84 personas.

17 Abr

Durante casi un mes una delegación de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia -  Gobierno Mayor recorrió el difícil territorio del municipio de Cumaribo, departamento de Vichada, para surtir con las comunidades indígenas que allí residen el proceso de Consulta Previa frente a la reforma que el Gobierno colombiano quiere realizar a Ley 160 de 1994, comúnmente conocida como la Ley de Tierras.

El ejercicio realizado por Gobierno Mayor se constituye en un hecho histórico para los resguardos de Unuma, Saracure, Caño Cawasi, Cawaneruwa, Tomo Beweri, Aiwa Kuna Tsepajibo, Santa Teresita y Sector Dos Bajo Rio Vichada, por dos razones fundamentales. Uno, que ellos nunca había recibido una comisión de una organización nacional con el fin de hacer una consulta previa a una iniciativa legislativa; dos, que esta puede ser la consulta más importante en la vida de los Pueblos Indígenas, por las implicaciones que podría llegar a tener la reforma a la Ley de Tierras.

El primer resguardo en visitar fue el de Unuma, que se ubica en el occidente del departamento de Vichada, en límites con el Meta. Como conclusiones del taller, en este territorio se identifican las características geográficas, con las respectivas problemáticas que hay en el territorio: se hace hincapié en la presencia de campesinos que desarrollan cultivos ilícitos (coca) y la presencia de proyectos de hidrocarburo.

El siguiente resguardo visitado por la comisión de Gobierno Mayor fue Saracure Río Cada, allí sus comuneros manifestaron que “los indígenas se ven afectados directamente por la reforma a la Ley. En caso de que se apruebe la reforma de ley, se van a irrespetar los territorios tradicionales y ancestrales, porque el gobierno los llama baldíos”, concluyeron.

“Los piapocos y los sikuani habitaban la mayoría del departamento del Vichada, actualmente muchos de esos territorios están habitados por colonos, ahora con la reforma de Ley van a convertirlos en baldíos y se perderán las tierras que eran de los abuelos y los padres”, fueron las contundentes palabras de uno de los capitanes presentes en el taller.

Otra importante conclusión a la que se llegó en esa segunda visita fue que “el Estado si bien identifica el resguardo dentro de unos límites, el Territorio Ancestral es mayor y siempre ha sido de la comunidad indígena. Si pasa el proyecto de ley se va a vulnerar los derechos adquiridos en la Constitución Política de 1991 y el convenio 169 de la OIT”.

Después de una semana recorriendo las vastas sabanas vichadenses, de pasar ríos y morichales, el equipo de Gobierno Mayor conformado por el Mayor sikuani Fabio Castillo, el Taita misak Agustín Almendra, el Mayor nasa Guillermo (verificar apellido), el abogado tallerista Santiago Martínez, el ingeniero Jhon Alexander (revisar apellido), Oswaldo Martínez y Giovanny Chocho, el equipo llegó al resguardo Caño Cawasi.

“No se está de acuerdo con la reforma a la ley porque el Gobierno nunca entiende las posiciones indígenas, no entiende que nosotros no pensamos en productividad y mucho menos en competitividad. Necesitamos es sostener a nuestros hijos”, fue una de las preocupaciones manifestada por la comunidad de ese resguardo.

Hasta Kawanerruba, un resguardo del pueblo piapoco, también llegó Gobierno Mayor. A demás de los capitanes de ese territorio, al taller asistieron cabildos del resguardo Muco Guarrollo y el territorio ancestral Yamojoli.

Frente a las afectaciones que la reforma a la Ley 160 podría traer a las comunidades, Jairo Chipiaje, gobernador de Muco Guarrojo, expresó su preocupación por el poco tiempo que el Gobierno estableció para realizar la Consulta.

El jueves santo se realizó el taller de Consulta en el resguardo Tomo Webery. Allí, de manera unánime los comuneros manifestaron que “estamos en contra de todos los artículos, pues no identifica los sitios sagrados, no respetan los linderos. Estamos en contra de la presente reforma a la Ley”.

Por su parte, en la reunión del resguardo Aiwa Kuna Tsepajibo de Selva Matavén, los capitanes expusieron que “el Gobierno nacional está tratando de manejar a las comunidadesindígenas con el dedo y quiere acabarlos, y por tanto faculta a Gobierno Mayor para que intervenga por ello en las instancias nacionales”.

Otro resguardo visitado por el equipo técnico de Gobierno Mayor fue el de Santa Teresita del Tuparro, muy cerca de la cabecera municipal del municipio de Cumaribo. Allí se sentó un NO rotundo a la reforma de la Ley de tierras. “No queremos que nos sigan quitando tierras, ya estamos acorralados, que no nos quiten más territorio”, es el mensaje que desde el Tuparro quieren dejar claro al Gobierno nacional.

La comunidad de Wereto, del Sector Dos Bajo Rio Vichada, fue el lugar donde se llevó a cabo el último taller, de los ocho realizados en Cumaribo, en el marco de la Consulta. Allí, uno de los mensajes que salió a modo de conclusión es que “la Ley 160 nos favorece”, por eso hacen un llamado a “que el Gobierno tenga en cuenta los derechos internacionales humanitario, el convenio 169 de la OIT, en donde tiene que respetar a los Pueblos Indígenas de Colombia”.

Para Fabio Castillo, miembro de la Autoridad Mayor Colectiva de Gobierno Mayor y quien representa a la los Pueblos Indígenas de Vichada, “el recorrido fue positivo y productivo. Se vio o se reflejó el estado en que viven los pueblos indígenas en Vichada”.

Castillo tiene claro que Gobierno Mayor “tendrá la dura misión de capacitar a los cabildos y autoridades en los temas de autonomía, derechos de los pueblos indígenas y gobernabilidad. Incidir en los espacios del Gobierno Nacional la asistencia institucional en cada uno de esos resguardos”.

El Mayor se siente satisfecho con el ejercicio realizado con las comunidades indígenas del segundo departamento más grande de Colombia, pues “se recopilaron buenos insumos que servirán para desarrollarlas en nuestra agenda propia”.

10 Abr

Consulta Previa del Tolima

De tiempo atrás, pueblos indígenas se sienten preocupados por lo que ellos denominan “las consultas exprés” ya que no permite analizar de fondo las posibles normas que regirían a las comunidades.

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