A  seis horas de la Inspección de Santa Rita (Cumaribo – Vichada), caminando en dirección al parque El Tuparro, se encuentra una comunidad indígena que ha tenido poco contacto con el mundo occidental o la ‘civilización’. Se trata de los mapayerri, un pueblo originario del Vichada que tiene actualmente solo 76 integrantes, pero ninguno habla español, los niños no van a la escuela, se mueren principalmente de viejos y no saben qué edades tienen. Su único contacto con la población colona de la región se debe a que sus territorios fueron invadidos por la guerrilla de las Farc en la década de los 90 para convertirlos en un corredor de exportación de droga. También, de ahí en adelante los invadieron los cultivos de coca, y se convirtieron en raspachines, casi esclavos, pues su trabajo era pago no con dinero sino con ollas, bicicletas, ropa etc. Esa situación tiene a los mapayerri a punto de desaparecer física y culturalmente, sino se toman medidas urgentes. Por esa razón, el Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, Meta, emitió una medida cautelar “con el fin que se salvaguarden los derechos territoriales de las comunidades de los pueblos... [ Leer más ]
Las organizaciones indígenas y el Gobierno nacional van a completar 15 días continuos tratando de acordar elementos sustanciales para reafirmar derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas, y avanzan en el cumplimiento de la ruta metodológica en el marco de la Consulta Previa del Proyecto de Ley “por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 o Ley de Tierras”. Pero la discusión no ha sido fácil. Esta es una Ley crucial para los Pueblos Indígenas, y con la reforma el Gobierno parece tener todo el interés de favorecer a los grandes latifundistas del país. Esa es la razón por la cual en todos estos días, la discusión que se da en el  Hotel Inter de Bogotá, ha sido poco el avance que se ha logrado tener. Justamente, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor realizó un pronunciamiento oficial esta semana en el cual “se expresó  de manera contundente y clara el rechazo a la totalidad del articulado y al contenido de la propuesta de reforma a la Ley 160 de 1994”. Gobierno Mayor es enfático en afirmar que ese proyecto de Ley “no es coherente con el Acuerdo de Paz y con los principios generales de... [ Leer más ]
Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor se reunió durante los días 29, 30 Y 31 de mayo en el Hotel Ínter Bogotá en conjunto con las demás Organizaciones Nacionales Indígenas para dar cumplimiento a la ruta metodológica en el marco de la Consulta Previa del Proyecto de Ley  “por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones”, acordada en sesión del pasado 28 de diciembre de 2017, de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, y según lo convenido el pasado 9 de mayo  de 2018 para dar inicio a las actividades de concertación técnica autónoma de las Organizaciones Indígenas y a la concertación técnica conjunta con el Gobierno Nacional. En el desarrollo de esta sesión nuestro movimiento dio a conocer en términos generales el estado actual de la ruta metodológica en cuanto al cumplimiento de cada una de las   etapas y actividades  establecidas; en consecuencia se manifestó que de manera preliminar  ya se contaba con un documento consolidado para iniciar la concertación técnica con las demás organizaciones indígenas del nivel nacional. Así mismo se expresó  de manera contundente y clara el rechazo a la totalidad del... [ Leer más ]
La Sección Quinta del Consejo de Estado en sede de tutela y con ponencia de la Magistrada Rocío Araújo Oñate, decidió amparar en forma integral los derechos fundamentales del Resguardo Indígena Unuma Alto Vichada de Cumaribo a la salud, educación, vivienda digna, identidad étnica y cultural, así como el derecho fundamental a retornar al territorio colectivo del que fueron desplazados o a ser reubicados. La Sala protegió los derechos señalados al resguardo y a los miembros de las comunidades que lo integran, pues es indispensable para garantizar la supervivencia de la etnia. Ello en consideración a su estado de indefensión, a la grave y sistemática afectación de las que son objeto y a la ausencia de intervención estatal, en cumplimiento del ordenamiento y bajo el enfoque diferencial que corresponde. La decisión ordena caracterizar la población del resguardo en temas que resultan trascendentales para la supervivencia e integridad de la comunidad indígena, como son los procesos de inscripción en el Registro Único de Víctimas y las rutas de atención, asistencia y reparación integral, el inicio o culminación de los procesos de retorno o reubicación, la afiliación al sistema de salud y su prestación, los servicios educativos y la individualización de... [ Leer más ]
El resguardo indígena La Sortija  se encuentra ubicado a pocos kilómetros del casco urbano del municipio de Ortega, en el sur del Tolima. Esta comunidad, durante 10 años aproximadamente fue cabildo y ya para el año de 1997 se constituye como resguardo indígena. “Entre las principales afectaciones evidenciadas y expuestas en el contenido de la demanda están la afectación a la seguridad jurídica, abandono del territorio y vulneración del derecho a la autonomía, la integralidad política y organizativa”, aseguró Luis Alegría, director de la URT en Tolima y Huila. Dicha demanda, además de reconocer los derechos territoriales de la comunidad Pijao La Sortija, solicita la ampliación de su territorio a 247,52 has, de las cuales 132 actualmente reconocidas. De igual manera se espera la implementación de proyectos y programas agrícolas, así como un  plan de reparación colectiva en favor de esta comunidad que permita contribuir al proceso de reconstrucción social  político y económico de su plan de vida desde una perspectiva que permita el desarrollo propio sin alterar su cosmovisión y el uso de sus costumbres, manteniendo  así la pervivencia y unidad de su pueblo. “Las graves afectaciones identificadas por la Unidad durante la etapa de caracterización motivan la presentación... [ Leer más ]

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¿Qué Piensan Ellos?

El Pacífico: Una caldera por apagar

Por: Germán Gómez Polo / @TresEnMil

La posición estratégica de Buenaventura frente al océano Pacífico la ha convertido, por décadas, en zona de disputa de los ilegales.

A las tres de la madrugada del pasado 6 de junio, Gobierno y líderes de Buenaventura armaban con pinzas el acuerdo que le daría fin al paro que ya sumaba semanas. La alborada ese día llegó con la noticia de un pacto entre las partes, en el que el Ejecutivo y la Gobernación del Valle se comprometieron con inversiones que ascienden a los $1,5 billones en la ciudad.

Pero Buenaventura no salió a protestar porque una mañana se levantó sin nada. Por supuesto que no. Buenaventura es el ejemplo de un rincón que alberga problemas estructurales que afectan a sus pobladores desde hace décadas, mejor dicho, desde siempre.

Además de no tener cubiertas las necesidades básicas, la violencia es constante en la ciudad que alberga el que se considera el puerto más importante del país. Entre finales de 2013 y comienzos de 2014, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la batalla campal entre los Urabeños y remanentes de la Empresa, dos de las bandas criminales que se disputan el manejo del narcotráfico en la región, encendió las alarmas.

No sólo hubo un incremento de los homicidios, sino desplazamientos internos, y se denunciaron prácticas “tan brutales como el pique de víctimas estando vivas”, señala la publicación. Una cruenta disputa por el territorio que antes dominaban las Farc y los paramilitares. Lo más grave es que la posición estratégica de Buenaventura lleva a que su violencia también alcance poblaciones aledañas.

Razones suficientes para que la zona rural de Buenaventura, junto a Guapi, López y Timbiquí, municipios del Cauca, conformen la novena circunscripción especial de paz, que puede elegir en las elecciones de 2018 un representante a la Cámara que lleve la bandera de sus intereses como región afectada por la guerra.

El informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre el asunto indica que en los tres municipios del Cauca, de acuerdo con registros entre 2014 y 2016, hay presencia del Ejército de Liberación Nacional (Eln), mientras que en Buenaventura hay actividad extrema de bandas de crimen organizado y hasta 2011 el arraigo del paramilitarismo era extremo.

A esto se suma la alta densidad de cultivos ilícitos: que en Timbiquí llega a 907 hectáreas, en López a 867, en Buenaventura a 627 y en Guapi a 256. Factores que en conjunto podrían ser una de las razones por las que la dificultad de acceso a los 167 puestos de votación (667 mesas) se ubique en media y alta.

En esta circunscripción se estima que hay 496.668 habitantes, de los cuales 265.059 hacen parte del censo electoral, sin embargo, la participación en 2014 para Cámara, Senado y segunda vuelta presidencial apenas sobrepasó el 41 %. Para la votación del plebiscito del 2 de octubre, por ejemplo, la participación fue apenas del 29,9 %. 

Según los resultados electorales de 2014, en la región hay un gran poderío del Partido Liberal, que obtuvo la mayor votación en tres de los cuatro municipios para la Cámara y el Senado, a excepción de Guapi, en donde ganaron la Unión Patriótica en la Cámara y el Partido de la U en Senado.

Asimismo, el apoyo al presidente Juan Manuel Santos es innegable. En todos los municipios de la circunscripción ganó en primera y segunda vuelta, con amplias mayorías, y el Sí en el plebiscito obtuvo más del 90 % de los votos.

Pero querer la paz es una cosa y tenerla es otra. Entre enero de 2016 y el 20 de abril de este año se han presentado ocho episodios que se califican como violencia política y social, todos ellos en Buenaventura, donde se registraron cuatro amenazas (una a un diputado electo) y cuatro asesinatos de líderes sociales.

La zona es una caldera en la que se cocinan diferentes tipos de violencia, rutas del narcotráfico y problemas estructurales, como pobreza, salud, infraestructura y acceso a la educación, y donde la presencia del Estado es escasa, sobre todo en cuanto al acceso a la justicia.

De cara al posacuerdo y a las elecciones de 2018, hay varios retos urgentes. El primero, garantizar la estabilidad de una región que estuvo paralizada y exige compromisos por parte de un Estado que había vuelto sus ojos. Segundo, que además es un tema que se discute hoy en el Congreso: se debe lidiar con nuevas formas de expresión de la violencia, frenar la expansión de las bandas de crimen organizado y evitar que éstas, como otros actores armados, interfieran en la selección de los candidatos que aspirarán por los movimientos sociales y no se coaccione a los electores.

http://colombia2020.elespectador.com/territorio/el-pacifico-una-caldera-por-apagar

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