El juez primero civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Mocoa profirió la sentencia. La comunidad está conformada actualmente por 42 familias, y ubicada en el municipio de Orito. Con esta sentencia se pone fin al proceso judicial iniciado a partir de la demanda presentada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), con la que fueron evidenciadas afectaciones a la comunidad, provocadas por hechos ligados al conflicto armado, que generaron abandono del territorio y la limitación del goce efectivo de sus derechos territoriales. En el sur del país, la Unidad de Restitución de Tierras ha interpuesto, a la fecha, 4 demandas para la restitución de 8 territorios colectivos, además de 10 solicitudes de medidas cautelares y 18 territorios en etapa de caracterización. Dentro de los hechos violentos perpetrados en el territorio de esta comunidad, se destaca el asesinato del taita y fundador de la comunidad en diciembre de 2003; sumado a amenazas, señalamientos y el posterior desplazamiento forzado y la muerte de su médico tradicional. La desintegración comunitaria; la precaria condición social y económica de las familias; el debilitamiento de la cultura; y la ausencia de un territorio formalizado colectivo, han sido situaciones que han afectado las condiciones... [ Leer más ]
Autoridades indígenas de la zona andina que caminan con Gobierno Mayor se reunieron durante tres días en La Mesa, Cundinamarca, para entregar aportes a la construcción del capítulo étnico del Plan Decenal de Salud Pública (PCDS) 2012 – 2021. Según la Coordinación de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno mayor, el objetivo de este encuentro es “seguir reorientando la salud propia y que realmente queremos es una institución de salud indígena propia (diferente a EPS o IPS), que parta no del servicio comercializado de salud, donde lo que importa es el tema del dinero y no las personas, sino de nuestros valores culturales, de nuestra medicina propia y sin dejar de lado el diálogo respetuoso con la medicina occidental y que otras medicinas sean complementarias a lo que tenemos, en aplicación de la interculturalidad de doble vía. Donde cada Pueblo Indígena, en el marco de la diversidad cultural existente al interior de nuestros pueblos sabrá utilizar y desarrollar sus saberes, usos y costumbres en materia de salud propia, en el marco de construcción del SISPI, de los mandatos internos de salud y en ejercicio de la autonomía propia”. En el encuentro de La Mesa, desarrollado entre el 28 y... [ Leer más ]
En el valle de Sibundoy (Putumayo), el pueblo Camentsa Biyá sigue resistiendo, en una lucha que busca garantizar el derecho a la autoridad y autonomía que tenemos los pueblos indígenas, y que quiere ser vulnerado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El contexto de la situación se presenta porque el ICBF pretende definir un operador  externo para  el hogar infantil Basetemengbe Yebna, ubicado en el Resguardo del Pueblo Camentsa, pero sin conocimiento de la comunidad ni sus Autoridades, de tal manera que de un día a otro llegó el operador a notificar que iban a iniciar la implementación de su contrato en el hogar infantil. Después de 38 años que lleva el cabildo del Pueblo Camentsa administrando el Jardín, el gobierno pretende imponer un operador, que desconoce el concepto étnico a la hora de cuidar a los infantes, y sin tener en cuenta la etnoeducación, que nos permite inculcar y afianzar las raíces culturales y ancestrales en nuestros niños. La lucha del pueblo Camentsa, de Sibundoy, empezó el día lunes 20 de noviembre, sin que a la fecha haya respuesta efectiva por parte del Ministerio del Interior, y de los organismos defensores de derechos humanos. Por el... [ Leer más ]
El Pueblo Camentsa Biyá del valle de Sibundoy, Putumayo, viene exigiendo desde el día lunes 20 de noviembre de 2017 al Ministerio del Interior y al centro zonal del ICBF en esa localidad, el derecho a su autoridad y autonomía, que ha sido vulnerado flagrantemente al definir un operador  externo para  su hogar infantil Basetemengbe Yebna ubicado en el Resguardo del Pueblo Camentsa pero sin conocimiento, y mucho menos consentimiento de la comunidad ni sus Autoridades, de tal manera que de un día a otro llego el operador a notificar que iban a iniciar la implementación de su contrato en el hogar infantil La Mamá Gobernadora Pastora Juagibioy del Resguardo Camentsa de Sibundoy, acudió al Ministerio y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se le informe de las razones por las cuales adelantaron esa serie de actuaciones de manera unilateral y se subsane esas decisiones administrativas, pero no ha tenido respuestas a sus peticiones y al contrario han ratificado la decisión administrativa de contratar a un operador con sede en el Departamento de Nariño Por la displicencia institucional la comunidad Indígena del Pueblo Camentsa del valle de Sibundoy, el día lunes se vio obligado a realizar una... [ Leer más ]
  Delegados de los pueblos y comunidades de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) Bogotá, D.C., noviembre 21 de 2017 Los pueblos indígenas de Colombia reunidos en el marco de la IV sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) de manera colectiva, en obediencia a nuestras leyes de origen y en defensa de nuestros derechos territoriales ancestrales realizamos el siguiente pronunciamiento a la opinión pública donde denunciamos que: Primero, la Agencia Nacional de Tierras, en adelante ANT, de manera unilateral e inconsulta, ha emitido durante el año 2017 resoluciones, directivas y circulares internas que afectan gravemente los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Ejemplo de lo señalado son: La Directiva 01 de 2017 de la ANT donde la entidad plantea la sospecha como un criterio jurídico y viable para decretar la suspensión de los procesos de titulación de territorios para los pueblos indígenas que presuntamente están ocupando propiedad privada sin juicio previo, tal como lo dispone el ordenamiento jurídico colombiano. Esta actuación denota la violación del derecho al debido proceso por parte del Director de la ANT, Miguel Samper Strouss. La Resolución 1653 de 2017 de la ANT donde su Director, en contravía del Decreto... [ Leer más ]

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El Pacífico: Una caldera por apagar

Por: Germán Gómez Polo / @TresEnMil

La posición estratégica de Buenaventura frente al océano Pacífico la ha convertido, por décadas, en zona de disputa de los ilegales.

A las tres de la madrugada del pasado 6 de junio, Gobierno y líderes de Buenaventura armaban con pinzas el acuerdo que le daría fin al paro que ya sumaba semanas. La alborada ese día llegó con la noticia de un pacto entre las partes, en el que el Ejecutivo y la Gobernación del Valle se comprometieron con inversiones que ascienden a los $1,5 billones en la ciudad.

Pero Buenaventura no salió a protestar porque una mañana se levantó sin nada. Por supuesto que no. Buenaventura es el ejemplo de un rincón que alberga problemas estructurales que afectan a sus pobladores desde hace décadas, mejor dicho, desde siempre.

Además de no tener cubiertas las necesidades básicas, la violencia es constante en la ciudad que alberga el que se considera el puerto más importante del país. Entre finales de 2013 y comienzos de 2014, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la batalla campal entre los Urabeños y remanentes de la Empresa, dos de las bandas criminales que se disputan el manejo del narcotráfico en la región, encendió las alarmas.

No sólo hubo un incremento de los homicidios, sino desplazamientos internos, y se denunciaron prácticas “tan brutales como el pique de víctimas estando vivas”, señala la publicación. Una cruenta disputa por el territorio que antes dominaban las Farc y los paramilitares. Lo más grave es que la posición estratégica de Buenaventura lleva a que su violencia también alcance poblaciones aledañas.

Razones suficientes para que la zona rural de Buenaventura, junto a Guapi, López y Timbiquí, municipios del Cauca, conformen la novena circunscripción especial de paz, que puede elegir en las elecciones de 2018 un representante a la Cámara que lleve la bandera de sus intereses como región afectada por la guerra.

El informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre el asunto indica que en los tres municipios del Cauca, de acuerdo con registros entre 2014 y 2016, hay presencia del Ejército de Liberación Nacional (Eln), mientras que en Buenaventura hay actividad extrema de bandas de crimen organizado y hasta 2011 el arraigo del paramilitarismo era extremo.

A esto se suma la alta densidad de cultivos ilícitos: que en Timbiquí llega a 907 hectáreas, en López a 867, en Buenaventura a 627 y en Guapi a 256. Factores que en conjunto podrían ser una de las razones por las que la dificultad de acceso a los 167 puestos de votación (667 mesas) se ubique en media y alta.

En esta circunscripción se estima que hay 496.668 habitantes, de los cuales 265.059 hacen parte del censo electoral, sin embargo, la participación en 2014 para Cámara, Senado y segunda vuelta presidencial apenas sobrepasó el 41 %. Para la votación del plebiscito del 2 de octubre, por ejemplo, la participación fue apenas del 29,9 %. 

Según los resultados electorales de 2014, en la región hay un gran poderío del Partido Liberal, que obtuvo la mayor votación en tres de los cuatro municipios para la Cámara y el Senado, a excepción de Guapi, en donde ganaron la Unión Patriótica en la Cámara y el Partido de la U en Senado.

Asimismo, el apoyo al presidente Juan Manuel Santos es innegable. En todos los municipios de la circunscripción ganó en primera y segunda vuelta, con amplias mayorías, y el Sí en el plebiscito obtuvo más del 90 % de los votos.

Pero querer la paz es una cosa y tenerla es otra. Entre enero de 2016 y el 20 de abril de este año se han presentado ocho episodios que se califican como violencia política y social, todos ellos en Buenaventura, donde se registraron cuatro amenazas (una a un diputado electo) y cuatro asesinatos de líderes sociales.

La zona es una caldera en la que se cocinan diferentes tipos de violencia, rutas del narcotráfico y problemas estructurales, como pobreza, salud, infraestructura y acceso a la educación, y donde la presencia del Estado es escasa, sobre todo en cuanto al acceso a la justicia.

De cara al posacuerdo y a las elecciones de 2018, hay varios retos urgentes. El primero, garantizar la estabilidad de una región que estuvo paralizada y exige compromisos por parte de un Estado que había vuelto sus ojos. Segundo, que además es un tema que se discute hoy en el Congreso: se debe lidiar con nuevas formas de expresión de la violencia, frenar la expansión de las bandas de crimen organizado y evitar que éstas, como otros actores armados, interfieran en la selección de los candidatos que aspirarán por los movimientos sociales y no se coaccione a los electores.

http://colombia2020.elespectador.com/territorio/el-pacifico-una-caldera-por-apagar

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